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Jaque mate

En Brasil se forma la tormenta perfecta: corrupción, ajustes, movilización popular

Dilma Rousseff entró en la cuenta regresiva. La prensa y los mercados brasileños anuncian un cambio de gobierno. La imagen más esperada del naufragio se produjo el viernes: Lula da Silva subiendo a un coche policial que lo llevaba a declarar sobre sus vínculos con la corrupción de Petrobras. Lula es el patriarca del Partido de los Trabajadores (PT). Por eso su trayectoria expresa mejor que otras la parábola del poder: cuando transfirió la presidencia a Dilma disfrutaba de la simpatía del 80% de los brasileños; hoy el 60% lo tiene por ladrón. La codicia estragó al político más sagaz del último medio siglo de Brasil. En cinco años pasó del día a la noche.

La citación de Lula tiene, sin embargo, un efecto paradójico. Forzó un reacercamiento entre él y Dilma. Es el abrazo del oso. Una de las escapatorias que tenía la presidenta era desprenderse del PT y ensayar una nueva alianza parlamentaria. Esa puerta se cerró. Lula también aprovecha la dureza del procedimiento para victimizarse. Intenta trasladar su drama desde el terreno judicial al de la política, que es el que conoce. El sábado lanzó una ilusoria candidatura presidencial para dentro de dos años. Y desde su partido convocaron a una movilización. La consigna es que hay que defender a la democracia de un golpe de las corporaciones. Es el débil escudo retórico que utilizan en la Argentina y Venezuela los líderes acorralados por las investigaciones sobre corrupción.

La detención de Lula disimuló un episodio más dañino para Dilma. Un día antes, el senador Delcidio do Amaral se declaró arrepentido y enumeró en los tribunales las mil maniobras que intentaron la presidenta y su ministro de Justicia, José Eduardo Cardozo, para evitar el avance de los jueces sobre Petrobras. Amaral detalló las presiones de Lula para evitar que sus hijos Fabio Luiz y Luiz Carlos fueran procesados. El líder del PT está nervioso. En las redes sociales se filtró un vídeo en que se le ve gritar: “Que se metan el proceso en el culo”. Se refería a los jueces. Hablaba con Dilma.

Quince días antes había caído una torre principal. Fue a la cárcel el publicista João Santana, el gurú electoral de Lula y Dilma. Santana también asesoró a Hugo Chávez y a Nicolás Maduro, en Venezuela; a Mauricio Funes, en El Salvador; y colaboró para que José Santos siga gobernando Angola, tarea que lo ocupa desde hace 27 años. Santana es acusado por haber recibido varios millones de dólares de la constructora Odebrecht en pago por sus servicios al PT. El dueño de esa empresa, Marcelo Odebrecht, también está preso. Se lo investiga por distribuir sobornos en Brasil, Argentina, Perú, Ecuador, Panamá, El Salvador y República Dominicana. Odebrecht anticipó que colaborará con la Justicia. Santana podría hacer lo mismo. Ambos conocen el mapa completo de la corrupción del gobierno brasileño. Lula y Dilma terminarían de convertirse en Bonnie & Clyde.

Las pesquisas sobre el financiamiento electoral pueden arrastrar a Michel Temer. Es el vicepresidente de Brasil, quien desde hace un año se propone como jefe de un gobierno de unidad. Para evitar ese desenlace, que llevaría varios meses, Temer podría volcar a su partido, el PMDB, a favor del impeachment contra Dilma.

Afuera del palacio la calle va tomando efervescencia. La oposición reforzó el llamado a una protesta para el próximo domingo. La agitación está por producir una convergencia entre las élites y la sociedad civil, sin la cual los gobiernos tienden a sobrevivir a pesar de los escándalos. Esa combinación se recorta sobre el telón de fondo de un fin de ciclo económico que resulta de la desaparición de los cuatro factores que, según el economista Fabio Giambiagi, explicaron la hegemonía del PT: altos precios de las commodities, baja tasa de interés, sobrevaluación del real y escaso desempleo.

En Brasil se está formando la tormenta perfecta: escándalos de corrupción, ajuste económico, movilización popular. Sólo falta que Dilma quede en minoría parlamentaria para que sea jaque mate.

Esa bala parece dispararse. El expresidente Fernando Henrique Cardoso, líder del PSDB, acaba de proponer un programa institucional para una transición liderada por la oposición: reformas al sistema de partidos, nuevas reglas de financiamiento electoral y la adopción de un régimen semiparlamentario.

Esa remodelación sería, según Cardoso, el mejor rédito que podría obtenerse de una revolución en cámara lenta que se inició hace dos años en un juzgado de Curitiba. Allí, en la periferia del poder, el juez Sergio Moro puso en práctica las tres reglas que diseñaron los magistrados italianos en el operativo mani pulite: forzar arrepentimientos en cadena; no avanzar sobre los políticos hasta que estén presos muchos empresarios; filtrar información para que la opinión pública legitime la limpieza.

Mientras Moro avanza hacia la última colina, sus colegas se alarman por el poder que él les ha dado. El juez Marco Aurélio Mello reprochó el procedimiento al que fue sometido Lula. Desde la máxima corte de Brasil, alertó: “No hay peor dictadura que la del Poder Judicial”.