La frontera digital, el último frente de batalla en Corea del Norte

Amnistía denuncia el control absoluto del régimen de las tecnologías de la comunicación

Hacer una llamada internacional es una de las cosas más difíciles para un norcoreano de a pie dentro de su país. El acceso a las comunicaciones con el exterior es una de las áreas sobre las que más control y represión ejerce el régimen desde la llegada al poder de Kim Jong-un hace más de cuatro años. Su uso para ponerse en contacto con seres queridos que han huido al extranjero puede acarrear años de prisión. Así lo denuncia el informe de Amnistía Internacional “Conexión Denegada: Restricciones a los Teléfonos Móviles e Información del Exterior en Corea del Norte” publicado este miércoles.

“La frontera digital es el último frente de batalla de los intentos del Gobierno norcoreano por aislar a su ciudadanía y ocultar la información sobre la atroz situación de los derechos humanos en el país”, denuncia la organización.

La completa cerrazón de antaño del régimen ya no es tan aparente a primera vista. Se han introducido nuevas tecnologías y una serie de cambios que, por ejemplo, permiten a los extranjeros conservar su móvil dentro del país y utilizar una tarjeta SIM norcoreana. Desde 2008 existe un servicio de telefonía móvil en Corea del Norte, Koryolink -fruto de una joint-venture con la compañía egipcia Orascom-, que cuenta con más de tres millones de suscriptores.

Pero el estricto control sobre las comunicaciones se mantiene: esa red de telefonía tiene bloqueadas las llamadas internacionales. Solo unos pocos ciudadanos cuidadosamente seleccionados, o los extranjeros, pueden acceder a Internet. Algunos norcoreanos tienen acceso a una intranet que da acceso a páginas web nacionales y a correo electrónico. Y la SIM para extranjeros no permite llamar a teléfonos norcoreanos.

El objetivo, según explica en conversación telefónica desde Hong Kong Arnold Fang, investigador de AI para Asia Oriental, parece ser “impedir que se filtre la verdad de lo que está ocurriendo dentro del país” y las graves violaciones de los derechos humanos que ahí se perpetran. También evitar que “el mundo exterior tenga la oportunidad de contar a los norcoreanos lo que pasa, por ejemplo, en Corea del Sur… Eso es exactamente lo que el Gobierno quiere evitar”.

Una manera de evitar este bloqueo es el uso de teléfonos móviles que puedan conectarse a la red china, algo posible en las zonas fronterizas. Estos teléfonos, conocidos en Corea del Norte como “móviles chinos”, con independencia de su marca, comenzaron a entrar en el país cuando la hambruna de los 90 forzó a la población a tejer redes informales de comercio con China. Esos aparatos no solo facilitan un comercio que ha sido esencial para que la economía crezca, sino que permiten a sus usuarios saltar los controles a las líneas terrestres y comunicarse directamente con personas fuera del país.

Aunque hablar con gente que resida fuera del país no es ilegal, sí lo es el comercio privado de dispositivos de comunicación procedentes de otros países, recuerda Amnistía. Sus usuarios pueden afrontar la cárcel y cargos como el comercio ilegal. Si se ponen en contacto con residentes en países “enemigos”, como Corea del Sur, pueden ser acusados de traición.

El informe pone de relieve que durante el mandato de Kim Jong-un ha aumentado la capacidad del régimen para neutralizar esos teléfonos, mediante el uso de bloqueadores de señal y la importación de dispositivos modernos de vigilancia y detección. “A finales de los 90 era relativamente fácil captar la señal… Recientemente, en 2012 y 2013, se había hecho muy difícil y tenía que adentrarme mucho en las montañas, lejos de las zonas residenciales. Es posiblemente porque el Gobierno sabe que existen estos teléfonos”, explica en el informe Yon-hwa, seudónimo de una mujer que salió de Corea del Norte en 2013.

Aunque no se utiliza únicamente la tecnología: también es generalizada la vigilancia de unas personas a otras, denuncia el informe.

Para evitar ser detectados, quienes participan en llamadas internacionales usan seudónimos, hablan desde zonas apartadas y montañosas y mantienen diálogos cortos. Quienes no poseen uno pueden pagar a un intermediario para concertar una conversación. Estos intermediarios pueden llegar a cobrar como comisión el 30% de una transferencia mínima de mil dólares en efectivo. Una cantidad exorbitante donde 16 dólares, o 100 yuanes chinos, pueden dar de comer a una persona durante un mes.

El informe se hace público en momentos en los que han empezado a aplicarse nuevas sanciones internacionales contra Corea del Norte después de la prueba nuclear de ese país en enero. Hasta el momento no está claro si tendrán algún efecto en la represión del Estado a las comunicaciones internacionales.

“Desde luego las sanciones afectarán a la economía en Corea del Norte, y debido a eso es posible que la gente quiera aumentar su comercio informal y quiera para eso aumentar sus comunicaciones con el exterior”, opina Fang. “Si eso va a llevar a más castigos por parte del Estado, depende. También puede pasar lo contrario. Puede necesitar más ese comercio informal y tener que tolerarlo”.

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