Selecciona Edición
Entra en EL PAÍS
Conéctate ¿No estás registrado? Crea tu cuenta Suscríbete

La crisis política deja a Dilma Rousseff contra las cuerdas

El proceso de destitución en su contra ha revivido

Lula da Silva y su esposa con Dilam Rousseff el pasado 5 de marzo. EFE

La presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, no tiene tiempo para recuperarse del escándalo de la semana pasada, cuando la operación anticorrupción Lava Jato salpicó al expresidente Luiz Inácio Lula da Silva, acusado de lucrase con una trama que desangró a la petrolera estatal Petrobras. Rousseff tiene por delante una semana de enfrentamientos en el Congreso, donde su base de apoyo es cada vez más inestable; el domingo está programada una gran protesta contra la gestión del Partido de los Trabajadores (PT), y el proceso de destitución en su contra ha revivido.

El impeachment a la presidenta que tramita la Cámara de Diputados estaba congelado desde finales del año pasado debido al descanso de los parlamentarios brasileños. El Supremo Tribunal Federal, la corte de más alto rango de Brasil, publicó este lunes el paso a paso que debe seguir el proceso de destitución en el Congreso. El presidente de la Cámara de los Diputados, Eduardo Cunha, del Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), uno de los principales adversarios del Gobierno, organizará la comisión especial que analizará la solicitud de impugnar a Rousseff.

Los opositores ya han prometido que obstruirán la agenda de votaciones hasta que se cree esa comisión. Y, en lo que dependa de Cunha, será un proceso rápido. El líder de la Cámara está acusado de ocultar dinero en cuentas secretas, en el marco también de la operación Lava Jato, y culpa al PT de desprestigiarlo.

Más acusaciones

Por si fuera poco, las perspectivas de Rousseff aún pueden empeorar. La oposición tantea más acusaciones para forzar a la presidenta a dejar el cargo. Una de ellas se basa en las palabras de un senador del PT, Delcídio do Amaral. Según la exclusiva de la revista brasileña IstoÉ, el senador llegó a un acuerdo con la justicia y firmó una confesión en la que afirma que Rousseff y Lula conocían las irregularidades en Petrobras y se beneficiaban, aunque fuera de forma indirecta, de las mismas. Los defensores de la destitución de Rousseff también estudian la detención del publicista y exjefe de márketing del PT João Santana. Los investigadores de Lava Jato sospechan que recibió recursos de forma ilegal durante una de las campañas electorales. Los opositores analizan si hacen una enmienda del procedimiento de destitución o si presentan una nueva solicitud. La petición se basa en maniobras fiscales conocidas como pedaladas, que supuestamente usó el Gobierno para maquillar las cuentas de 2014.

Hasta la fecha, aunque con una base débil, el Gobierno todavía contaba con los votos de algunos diputados que se consideraban independientes. Ahora, sin embargo, el Partido Socialista Brasileño (PSB), una de las formaciones que permitían a sus parlamentarios votar como quisiesen, llegó a un acuerdo para dejar de lado la neutralidad y pasarse a la oposición. Es decir, el PT tendrá que contar con 33 votos más, casi seguros, en contra de sus propuestas. Las primeras pruebas para el Gobierno serán en votaciones hoy y mañana, cuando el Congreso Nacional votará si apoya 16 vetos presidenciales a fragmentos de algunas leyes.

Rousseff conocerá con exactitud cuántos apoyos tiene en el Legislativo pocos días antes de las protestas contra el Gobierno, convocadas para el domingo. Para derribar los vetos presidenciales son necesarios los mismos votos que para destituir a un presidente: 257 de los 513 diputados y 41 de los 81 senadores. Si la Cámara es hostil y derriba los vetos, la gestión del PT tendrá que ir preparándose para nuevas tormentas.

Rousseff acusó el lunes a la oposición de dividir a Brasil con una “lucha política que crea problemas para la política, la economía, la creación de empleo y el crecimiento de las empresas”. Y es que, en plena crisis política, Rousseff lidia con un horizonte económico pesimista. El PIB de 2015 registró una caída del 3,8%. Es el peor resultado desde 1996 y no ayuda a mejorar los pobres índices de popularidad de la presidenta. Las últimas encuestas le dan solo un 11% de apoyo. Y fue antes de la detención de Lula.

El poder judicial y el Ejecutivo chocaron el viernes en Brasil, cuando la policía obligó a Lula a declarar sobre acusaciones de corrupción. El enfrentamiento entre Legislativo y Gobierno es obvio: Rousseff ha manifestado su “inconformismo integral” respecto al proceso contra Lula y el expresidente, por su parte, ha acusado a “una parte del Judiciario que está trabajando con ciertos sectores de la prensa”. En el mundo jurídico ya han surgido voces críticas que dicen que trasladar a Lula para prestar declaración y mantenerlo bajo custodia fue “irregular” e "inconstitucional”. El juez estrella de Operación Lava Jato, Sergio Moro, afirma que la obligación de declarar con escolta era una medida para “proteger” a Lula.

Más información