TRIBUNA

La operación Lava Jato y las personas incomunes

La cortina de humo del discurso político del expresidente esconde que faltan explicaciones

El día 17 de junio de 2009, durante un viaje a Kazajistán, el entonces presidente Luiz Inácio Lula da Silva defendió a un colega político que estaba siendo denunciado por cometer irregularidades. Lula, que en aquella época gozaba de uno de los más altos índices de popularidad registrados en todo el mundo, se refería a José Sarney, del Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), acusado de favorecer a parientes utilizando actos legislativos secretos.

Lula dijo: “Siempre me preocupo cuando en Brasil empieza este proceso de denuncias, porque es el cuento de nunca acabar y luego no pasa nada (...). Sarney tiene suficiente historia en Brasil para que no se le trate como a una persona común”.

Al decir que Sarney no podría ser tratado como una “persona común”, Lula dejó entrever su visión de democracia y de Estado de Derecho: algunas personas son diferentes a otras. La semana pasada, fue Lula el que estuvo bajo sospecha de cometer ilegalidades. Él y su familia son los principales investigados en la operación Aletheia –que en griego significa “verdad”–, una de las fases de la Lava Jato, considerada una de las mayores investigaciones sobre corrupción en Brasil.

Tras ser obligado a declarar, Lula volvió a su lugar preferido, la tribuna política, para criticar a los responsables de la investigación. Por otro lado, los investigadores dijeron que nadie está por encima de la ley. La cortina de humo del discurso político del expresidente esconde, de hecho, que faltan explicaciones sobre las propiedades y los pagos de grandes constructoras no declarados.

Desacreditar investigaciones sobre corrupción y señalar posibles golpes de la élite contra líderes populares siempre fue una táctica de la que se valieron algunos partidos de izquierda en Latinoamérica. Los líderes populistas suelen dividir el mundo entre una élite golpista y los líderes populares, que, al ser los verdaderos representantes del pueblo, deberían tener carta blanca. A los que son la verdadera cara de la nación y del pueblo se les podría aceptar un comportamiento antiético. Se insiste en la predominancia del discurso superficial y generalizado del “nosotros” contra “ellos”.

Esta táctica solo suele funcionar cuando la mayoría de la población no cree que las investigaciones y las acusaciones contra esos líderes sean de fiar. En ese sentido, el grado de profundidad y claridad de las acusaciones es esencial para estas acusaciones se apliquen también a los líderes políticos. Transmitir la información con claridad es fundamental para que la sociedad civil transforme casos de corrupción en castigo para políticos que cometen actos ilícitos.

Cuando esta información es creíble y clara, la población, especialmente la más pobre, de Brasil y Latinoamérica castiga a los políticos con el voto, como muestran estudios recientes realizados por varios académicos. La idea de que los latinoamericanos aceptan la corrupción cuando consiguen algún tipo de beneficio del gobierno no parece que se sostenga con pruebas empíricas. En realidad, la diferencia está en el grado de fiabilidad y en la claridad de la información que se produce.

La investigación sobre el expresidente Lula todavía está en curso, pero mucho de lo que se ha publicado hasta el momento muestra que Lula no consigue explicar el origen de bienes y pagos realizados por constructoras implicadas en la trama de la Lava Jato. En una verdadera democracia es necesario investigar las acusaciones con rigor, a la vez que se garantiza el derecho a una defensa.

Sin embargo, la población tiene derecho a recibir toda la información posible para formar su propio juicio. En las últimas semanas, lo que se ha visto es un ataque cada vez mayor a la prensa, que ha llegado a transformarse en ataques físicos en la calle. Al mismo tiempo, webs que habían recibido dinero desviado de la trama de Petrobras hacen campañas difamatorias contra periodistas y contra los responsables de las investigaciones de la Lava Jato.

En 2005, en el auge del caso mensalão, por lo menos dos tercios de la población creía que no se podía responsabilizar al entonces presidente Lula por aquel caso, por eso la idea de promover un impeachment no prosperó. En 2016, la situación es la inversa: la mayoría de la población responsabiliza directamente a la presidenta Dilma Rousseff de las tramas destapadas y la información que ha revelado la operación Lava Jato también se considera creíble con relación al expresidente Lula.

Por lo tanto, no se trata de un golpe contra la democracia. Un país será democrático cuando sus elecciones sean libres y haya competición electoral, con espacio para la oposición. Cuando tramas billonarias de corrupción desequilibran la competición electoral, la calidad democrática de un país se ve afectada.

La teoría de que las revelaciones sobre estas grandes tramas deben ser fiables y que solo así la población empezará a castigar a los políticos corruptos incentiva a que las investigaciones se hagan con cuidados técnicos y con parsimonia. Asimismo, ejerce presión sobre los políticos para que sopesen con más cuidado la decisión de involucrarse en actos corruptos.

El Estado de Derecho está presente cuando todos los ciudadanos son iguales ante la ley, que el poder judicial aplica de forma justa y consistente. Estas leyes deben ser claras, públicamente conocidas, universales, estables y no retroactivas. De ahora en adelante, Brasil puede demostrar que no existen personas especiales.

 

Fernando Mello, máster de Georgetown University, es socio del portal Jota.info

Barbara Lobato es periodista del portal Jota.info