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Irán ejecutó a casi mil personas en 2015, según la ONU

El relator especial de derechos humanos denuncia el aumento de los ajusticiamientos de menores

El multimillonario iraní condenado a muerte por fraude y delitos económicos Babak Zanjani (C) en un juzgado de Teherán.
El multimillonario iraní condenado a muerte por fraude y delitos económicos Babak Zanjani (C) en un juzgado de Teherán. AFP

Teherán ejecutó cerca de mil condenados a muerte en 2015, según el informe presentado por Ahmed Shaheed, el relator especial de la ONU para Irán, el pasado jueves ante el Consejo de Derechos Humanos reunido en Ginebra. Pero lo que más preocupa a Shaheed son los ajusticiamientos por delitos cometidos cuando sus autores eran menores de edad. “Está estricta e inequívocamente prohibido por la legislación internacional”, subrayó.

“El alarmante aumento en la ejecución de por lo menos 966 prisioneros el año pasado [es] la tasa más alta de las últimas dos décadas”, declaró el relator para Irán durante una comparecencia ante la prensa.

Según el informe de la ONU, entre 2014 y 2015 fueron ejecutadas 16 personas que eran menores de edad cuando cometieron los delitos que les fueron atribuidos

Esa cifra confirma a la República Islámica, que tiene 80 millones de habitantes, como uno de los países con el mayor número de ajusticiamientos per cápita. China suele ejecutar por encima de los mil condenados al año, pero su población es 17 veces mayor.

“Un amplio porcentaje de esas ejecuciones lo son por delitos relacionados con drogas y, bajo la actual legislación iraní, la posesión de 30 gramos de heroína o cocaína acarrean la pena de muerte. Así que hay bastantes leyes draconianas”, explicó Shaheed citado por Reuters. Se refería sin duda a que también se castigan con la muerte algunas actividades sexuales, calificadas de adulterio, y casos de corrupción, como el recientemente juzgado contra Babak Zanjani.

El relator insistió sobre todo en las ejecuciones de menores. Según las cifras recogidas en su informe fueron 16 los ejecutados entre 2014 y 2015 que aún no habían cumplido la mayoría de edad cuando cometieron los delitos que se les atribuyeron, la cifra más alta de los últimos cinco años. Destacó no obstante los esfuerzos de las autoridades iraníes por abordar algunos de los problemas relacionados con estos casos, entre los que mencionó reformas para permitir que los jueces evalúen la capacidad mental de los menores y puedan determinar si entendían sus acciones cuando las llevaron a cabo.

Queda mucho por recorrer. Uno de los puntos más delicados es la reforma de las leyes que permiten que, a partir de los nueve años, las niñas puedan ser obligadas a mantener relaciones sexuales con maridos adultos, o ejecutadas si se las declara culpables de un delito castigado con la pena capital, según denunció el mes pasado el Comité para los Derechos del Niño de la ONU. A esta cuestionable legislación se le suman los problemas relativos a la falta de garantías jurídicas para los acusados y trato inhumano de los detenidos, entre los que hay cientos de periodistas, blogueros, activistas y figuras de la oposición.

“Sigo recibiendo informes frecuentes y alarmantes sobre el recurso al confinamiento en solitario y en régimen de incomunicación durante periodos prolongados, torturas y malos tratos, falta de acceso a abogados y uso de confesiones extraídas bajo tortura como pruebas en los juicios, prácticas todas ellas que violan las propias leyes de Irán”, manifestó el relator.

Shaheed, que desde su nombramiento en 2011 no ha sido autorizado a visitar Irán, ha basado su informe en 128 entrevistas con iraníes dentro y fuera del país. No obstante, afirma en el texto que ha “observado ciertas medidas positivas en 2015 que abordan algunas de esas preocupaciones, entre ellas la reciente adopción de enmiendas al Código Penal Islámico y el Código de Procedimiento Criminal”. Debido a las críticas dentro y fuera del país, los responsables judiciales están estudiando sustituir la pena capital por la cadena perpetua para muchos delitos de drogas que el año pasaron supusieron el 65% de los ejecutados, según el informe.

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