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El protocolo antipiquetes, una de las medidas más polémicas de Macri

Las organizaciones sociales rechazan la norma contra los cortes de calles de Bullrich

Mauricio Macri, en el Congreso. AP

Si hay que pensar un destinatario de los alcances del protocolo de seguridad impartido por la ministro Patricia Bullrich, estos son las organizaciones sociales. La detención de la dirigente social Milagro Sala, los despidos en el sector público, la paritaria salarial docente y el propio protocolo fueron los temas en boga, que provocaron numerosas manifestaciones. EL PAÍS consulto a algunos de esos dirigentes sociales sobre la intención del gobierno de Macri de sofocar la protesta social mediante el empleo de la fuerza pública.

La Central de Trabajadores Argentinos (CTA) fue una de las organizaciones que salió a pelear con más fuerza contra los despidos en el sector público. Su secretario general, José Peralta, reconoció que “no le dimos entidad al protocolo, lo desconocemos y lo creemos inconstitucional. Vulnera el derecho de los trabajadores a la protesta. Para la huelga del 24 de febrero, la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) fue con su abogado a la secretaria de seguridad para desconocerlo. En ese marco nos movemos todas las centrales. Para el mes que viene estamos armando una huelga nacional desconociéndolo. Hasta ahora no avisamos acerca de nuestras marchas y todo se viene realizando normalmente”.

Consultado acerca de posibles choques con la policía, Peralta fue cauto: “Hay muchos compañeros y compañeras en la calle que no están preparados y vamos a tomar recaudos. Un sistema de seguridad interna donde no queden desprotegidas las mujeres, por ejemplo”.

Jorge Altamira, histórico dirigente del Partido Obrero, anticipó que “el Gobierno va a hacer lo imposible para que esto funcione y nosotros vamos a luchar para derrotarlo. El protocolo, además, limita el accionar de los medios de comunicación, lo cual habilita a cualquier tipo de atropello, porque el temor es que sea registrado. Eso es una confesión muy fuerte de violencia institucional porque eliminar testigos es habilitar la impunidad de un delito”. "[El protocolo] no nos limitó, en el sentido en que hemos rechazado unilateralmente el protocolo. Es una medida inconstitucional y no hay atribuciones de ningún carácter. Sería un suicidio para el trabajador argentino”, explicó.

Altamira recordó que “esto repite dos tentativas que había impuesto el kirchnerismo en su momento. Néstor Kirchner en el año 2004 dijo que había que crear una brigada anti piquetes y luego Aníbal Fernández [jefe de Gabinete de los Kirchner] estableció una norma por la cual ninguna manifestación podía superar la barrera de la Avenida 9 de julio (la vía en la que está ubicado el mítico Obelisco y la puerta hacia la zona conocida como Microcentro de la ciudad de Buenos Aires)”.

“Todos estos procedimientos fracasaron porque las necesidades sociales son infinitamente más intensas aunque estamos librando una lucha muy prolongada en defensa del derecho a resistir arbitrariedades y no creo que nadie capitule”, estimó el dirigente.

Pero sin dudas, la organización más radical en las calles de la Argentina es Quebracho, que surgió en la década de 1990 como resistencia al neoliberalismo. Uno de sus dirigentes de mayor renombre, Fernando Esteche, procesado y encarcelado durante el kirchnerismo por incidentes callejeros, expresó que “la respuesta acerca de si el anuncio del protocolo limitó nuestro accionar es no y sí, porque nuestros repertorios se van desarrollando de acuerdo a lo que vamos recorriendo en la calle misma. Lo que debemos decir es que el día en que se presentó el protocolo, se levantaban columnas de humo negro en toda la Argentina por los cortes de ruta que pedían la libertad de Milagro Sala. Una semana después, decenas de miles de compañeros ganan las calles contra los despidos y el protocolo evidenció lo ilusorio de sus objetivos”.

Esteche remarcó que “todos los gobiernos quisieron ordenar y pautar los repertorios de protesta, una ilusión de los administradores del orden. Pero nadie pudo, porque no se puede contener lo popular en un protocolo. Lo mejor para regular las protestas es aplicar políticas que no agredan a los sectores populares. De lo contrario, podrán contener una marcha u otra; limitar a un grupo o a otro, pero tarde o temprano la marea popular rompe los diques y desborda las canalizaciones ficticias asentadas solamente en palos y balas de goma”.

“Lo del protocolo fue una bravuconada, tan así que hasta fijó lo de los cinco minutos que es una declaración anti política por excelencia. Creo que fue una respuesta de la ministra ante la evidencia de su inoperancia, que a poco de asumir provocó la muerte de 40 muchachos gendarmes que enviaba a Jujuy en un micro sin frenos y más tarde el bochorno de la triple fuga que culmina con la captura por parte de un policía rural”.