El Senado mexicano recibe 300.000 firmas para impulsar una ley anticorrupción

Este jueves comienza el proceso para que el Congreso discuta el proyecto ciudadano

La juventud mexicana se rebela contra la corrupción. 

Este jueves, México dio un paso trascendente en su historia en términos de participación política: el grupo de organizaciones que impulsa la iniciativa anticorrupción “3 de 3” entregó al Senado las casi 300.000 firmas que recabó entre la población para pedir al Congreso que discuta y apruebe el proyecto, que consiste en obligar a los funcionarios públicos a transparentar su patrimonio y endurecer las sanciones contra los corruptos. Esta entrega es el primer ejercicio de este tipo en el país, luego de la Reforma Política de 2012 que incluyó la participación ciudadana entre los procesos para crear o modificar una ley.

“Estamos al final de un largo invierno, hemos decidido pasar de la indignación y el dolor a la acción cívica. Estamos en los albores de una primavera mexicana”, sentenció Eduardo Bohórquez, director de la organización Transparencia Mexicana, uno de los impulsores de la iniciativa. Destacó tres aspectos positivos de la iniciativa ‘3 de 3’: que rediseña el sistema de responsabilidades de los servidores públicos; que permite sancionar a particulares (ciudadanos o empresas) que incurren en actos de corrupción, y que define claramente la corrupción administrativa en 10 tipos de conductas ilegales, ya que la actual ley de Obligaciones de los Servidores Públicos contempla más de 6.000 hipótesis de responsabilidades de los funcionarios.

El paso siguiente es enviar las firmas al Instituto Nacional Electoral para su proceso de validación

Bojórquez habló a nombre de las organizaciones civiles y empresariales impulsoras del proyecto, y calificó el récord de firmas ciudadanas alcanzado por la iniciativa como “la semilla de una democracia participativa”, donde la protesta pública se convirtió en participación cívica, “se dejó de lado el hartazgo estéril para dar paso a una propuesta innovadora y constructiva”, dijo.

Las firmas fueron recibidas por el presidente del Senado, Roberto Gil Zuarth, quien aplaudió el “esfuerzo sin precedentes” de la sociedad por reunir 291.467 firmas para pedir al Congreso que discuta y apruebe el proyecto, y aseguró quela Cámara alta actuará en consecuencia construyendo las leyes reglamentarias en materia anticorrupción. “Han reunido cerca de 300.000 firmas, tres veces más que el requisito establecido en la ley, y se dice fácil pero es un esfuerzo verdaderamente encomiable”, expresó el senador del Partido Acción Nacional.

Indicó que el paso siguiente es enviar las firmas al Instituto Nacional Electoral para su proceso de validación, pedirle una respuesta pronta para recibirlas formalmente y turnar a comisiones la iniciativa ciudadana; pero independientemente del trámite, dijo, la propuesta y sus contenidos serán contemplados en las discusiones sobre las leyes reglamentarias del sistema anticorrupción. El tema, afirmó Gil Zuarth, será prioritario para el Senado durante el mes de abril. “No vamos a descafeinar ninguna reforma constitucional. El marco está determinado ya en la constitución y lo que toca ahora es hacer buenas leyes para dar condiciones de eficacia para la prevención y sobre todo para la sanción de todos los actos de corrupción”, puntualizó.

Por su parte, Jesús Padilla, vicepresidente de delegaciones de la Coparmex (uno de los organismos empresariales que apoyaron la iniciativa) celebró el inicio formal de este proceso y llamó al sector empresarial a sumarse con acciones al esfuerzo de combatir la corrupción. En un comunicado, Padilla Zenteno recordó que anualmente México pierde 9% de su Producto Interno Bruto (PIB) a causa de la corrupción.

La participación ciudadana en la creación o modificación de leyes en México es posible después de la Reforma Política de 2012, que incluyó por primera vez las candidaturas independientes y las iniciativas ciudadanas en la ley. Uno de sus más visibles promotores, el activista y analista Alberto Serdán, dijo que la iniciativa ‘3 de 3’ sienta un precedente en el país, ya que “a pesar de todos los obstáculos, da muestra de que la ciudadanía sí es capaz de organizarse y cumplir los requerimientos legales para participar en mecanismos de democracia directa".

El proyecto de Ley 3 de 3 busca dar una definición clara a los actos de corrupción para evitar los vacíos legales; obligar a los funcionarios públicos y del sector empresarial a hacer públicas sus declaraciones patrimoniales; dotar de recursos y herramientas a las instituciones fiscalizadoras para investigar los actos de corrupción y establecer sanciones más severas para quienes los cometan.

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