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La prometida exención de visados es clave para el Gobierno turco

La oposición advierte de que la ayuda pactada no basta para atender a los refugiados

Andrés Mourenza
El primer ministro turco Ahmet Davutoglu (izda) posa con el presidente del Consejo Europeo Donald Tusk (c), y al presidente de la Comisión Europea (CE), Jean-Claude Juncker, durante la rueda de prensa ofrecida tras la cumbre de los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea (UE)
El primer ministro turco Ahmet Davutoglu (izda) posa con el presidente del Consejo Europeo Donald Tusk (c), y al presidente de la Comisión Europea (CE), Jean-Claude Juncker, durante la rueda de prensa ofrecida tras la cumbre de los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea (UE)OLIVIER HOSLET (EFE)

“He negociado como si fuese de Kayseri”, explicó el primer ministro turco, Ahmet Davutoglu, a su retorno de la reunión con la cúpula de la UE a inicios de mes. Los habitantes de la provincia de Kayseri gozan de fama en Turquía como hábiles comerciantes, ahorradores y un tanto tacaños, y el mandatario islamista pretendía así hacer ver a la opinión pública que su Gobierno se estaba dejando la piel en la mesa de negociaciones para obtener grandes contrapartidas a cambio de aceptar la devolución de refugiados y migrantes.

Y en parte así ha sido en vista de lo pactado este viernes por la tarde en Bruselas. Turquía logra doblar (de 3.000 millones de euros a 6.000 millones) el monto de ayuda europea para hacerse cargo de todos los migrantes, incluidos los refugiados sirios, y el compromiso de levantar la exigencia de visado para los turistas turcos que visiten territorio europeo, además de reavivar un proceso de adhesión comunitaria largo tiempo enterrado. “La cuestión de los visados y sentarse a la mesa con los líderes europeos, jugar en la misma liga, son dos temas muy importante para Davutoglu, de cara a vender el acuerdo a la población”, explica la investigadora del Istanbul Policy Center-Mercator Ilke Toygur.

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Sin embargo, como recrimina al Gobierno el diario opositor Sözcü, las conseguidas en Bruselas son victorias a medias: los 3.000 millones de euros extra serán discutidos una vez se haya desembolsado el primer tramo de 3.000 millones –prometido en octubre y que según la UE se ha empezado a transferir- y pese a que Turquía pretendía abrir importantes capítulos en los que se dividen las negociaciones de adhesión (los relativos a Energía, Justicia, Derechos, Educación y Defensa), se ha tenido que conformar con la apertura de uno menor –sobre asuntos financieros y presupuestos-, debido a las amenazas de veto de Chipre.

Más importante, pues tendrá consecuencias tangibles para los turcos, son los visados. Poder viajar a territorio Schengen sin pasar por este tedioso y en ocasiones humillante trámite burocrático, es una antigua aspiración de los turcos que el Ejecutivo islamista podría hacer valer a su favor. Resta saber si la aplicación de esta exención llegará en la fecha prometida, el mes de junio, pues antes Ankara debe haber completar una lista de 72 requisitos previos, de los que según explicaba recientemente el embajador de la UE en Turquía, Hansjörg Haber, ya se han cumplido la mitad. El diplomático comunitario avisó de que la posibilidad de viajar a la UE sin visado no será automática porque antes se deberán renovar los pasaportes para equipararlos a los europeos, lo que supondrá un filtro para los en torno a 10 millones de ciudadanos turcos (de los 75 millones totales) que poseen actualmente ese documento de viaje.

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La oposición turca ve el acuerdo con extrema suspicacia. Özkan Yalim, diputado del partido socialdemócrata CHP, califica lo ofrecido por Bruselas como un “soborno” y se queja de que, habiendo gastado Ankara hasta ahora más de 9.000 millones de euros en atender a los refugiados sirios durante los últimos cinco años, el monto de ayuda prometido por los Veintiocho es “irrisorio”. Pero lo peor es, según la investigadora Toygur, que la imagen de una Unión Europea de “valores” ha sido sustituida por la del “regateo”: “Hoy es un día muy triste para aquellos turcos que creían en la filosofía de Europa”. No en vano, intelectuales y periodistas críticos, así como organizaciones de derechos humanos, han denunciado que el acuerdo servirá para que el Gobierno islamista se asegure el silencio de Bruselas ante el constante deterioro del estado de las libertades en Turquía.

Davutoglu se ha esforzado en subrayar la dimensión moral del cometido de Turquía y su responsabilidad “humanitaria” a la hora de acoger a quienes huyen de los conflictos. En este sentido deben leerse las palabras del jefe de Estado, Recep Tayyip Erdogan, empeñado en subrayar la superioridad moral de su país frente a los “hipócritas” Estados europeos “incapaces de hallar espacio para un puñado de refugiados”, mientras Turquía acoge a tres millones de sirios, iraquíes y ciudadanos de otras nacionalidades.

Para la oposición, en cambio, el Ejecutivo podría tener espurios intereses. Mientras el partido ultranacionalista MHP ha avisado del riesgo de “explosión social” al que se enfrenta Turquía si sigue acogiendo nuevos refugiados, el diputado del CHP Erdogan Toprak presentó este viernes un informe advirtiendo de la posibilidad de que los primeros sirios que entraron en el país en abril de 2011 comiencen a solicitar la nacionalidad turca a partir del mes que viene, pues ya habrían cumplido los cinco años en el país que exige la ley. Según Toprak, el gobernante Partido de la Justicia y el Desarrollo (AKP) podría utilizar este hecho de dos formas, para “cambiar los equilibrios demográficos en el sudeste” de Turquía, donde la población kurda es mayoritariamente contraria al Ejecutivo, y para incrementar su base de apoyo, de cara a 2019, año en que se celebrarán elecciones locales, legislativas y presidenciales y cuando la mayoría de los sirios residentes en Turquía tendrán ya derecho a obtener la ciudadanía turca y, por tanto, a ejercer el voto.

El director del centro de estudio para las migraciones MIREKOÇ, Ahmet Içduygu, matiza estas declaraciones y recuerda que los sirios en Turquía carecen de un estatus concreto y legal, lo que podría imposibilitar que optasen a la nacionalización. “Finalmente todo dependerá de una decisión política, ya que es el Consejo de Ministros el que tiene la última palabra sobre esta materia”, asegura.

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