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Venezuela prorroga dos meses más el estado de emergencia económica

La medida continúa otorgando al presidente venezolano, Nicolás Maduro, plenos poderes para legislar en el ámbito económico

Varios clientes compran en un supermercado en Caracas en septiembre de 2014.

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha aprovechado una vez más su influencia en el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) para imponer su voluntad. La Sala Constitucional del órgano judicial, cuyos magistrados comulgan con el chavismo, prorrogó el pasado jueves 60 días más el Decreto de Emergencia Económica, que otorga poderes extraordinarios al mandatario venezolano para legislar en esa materia. El Parlamento, donde tiene mayoría la oposición, se opone a la prórroga.

El Gobierno de Nicolás Maduro aprobó el decreto el pasado 15 de enero, tras la mayoría conseguida por la oposición en las elecciones parlamentarias. La medida otorgó entonces al presidente venezolano plenos poderes para legislar en el ámbito económico durante 60 días. La decisión del Tribunal Supremo de extender dos meses más este decreto se enfrenta al rechazo del Parlamento, dominado por la coalición opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD).

“La Asamblea Nacional ha tomado un rumbo errático. He extendido mil manos, pero parece que las agendas particulares se imponen y no se ve lo grande: al país. Lamento que el poder político que han obtenido circunstancialmente [los parlamentarios opositores] sea mal utilizado, para una diatriba donde se pierde el tiempo”, sentenció Maduro. La medida se anunció el pasado jueves, un día antes de que el mandatario venezolano emprendiera un viaje a Cuba para reunirse con su homólogo Raúl Castro con el propósito de acordar un plan de cooperación hasta el año 2030.

La prórroga del decreto es solo otro episodio de la confrontación entre los poderes del Estado venezolano. Desde que la MUD ganó las elecciones parlamentarias el pasado 6 de diciembre, no han cesado las maniobras del Ejecutivo para restarle poder a la oposición.

La primera zancadilla ocurrió el 12 de enero, cuando el Supremo ordenó desincorporar a tres de los 112 diputados opositores juramentados por el Congreso. Pocos días después, el presidente Maduro anunció el Decreto de Emergencia Económica para atender la peor debacle en los últimos 35 años en este país suramericano. Para entrar en vigor, la medida debía ser aprobada por la Asamblea Nacional. El rechazo fue contundente: 107 votos en contra y 53 a favor. El TSJ dictó entonces una sentencia que dejó sin efecto la decisión de los congresistas.

“Guerra económica”

La vigencia de la prórroga concluyó esta semana pero, de acuerdo con la legislación venezolana, se puede extender por 60 días más. “La Constitución me obliga a enviarlo [el decreto] a la Asamblea Nacional y al Tribunal Supremo de Justicia. El TSJ me ha dicho en una decisión histórica que el Decreto de Emergencia Económica está plenamente vigente”, indicó Maduro. Según la oposición, esto es solo la continuidad de una política errónea que se empeña en culpar a las empresas privadas de una supuesta “guerra económica” contra el Gobierno.

El decreto concede al presidente venezolano facultades para la reorganización del presupuesto, dictar medidas para evitar la evasión fiscal, agilizar los trámites para importar los productos e insumos necesarios para el consumo, eximir de los requisitos cambiarios —en Venezuela hay un control de venta de divisas desde 2003— al sector público y privado, y disponer de los bienes que las empresas privadas para aumentar la producción nacional, entre otras potestades.

Los frutos de este decreto ya son visibles. El Gobierno creó hace nueve días un sistema cambiario dual: Divisa Protegida (Dipro) y Divisa Complementaria (Dicom). El nuevo esquema fue calificado por la oposición como una devaluación del bolívar por aumentar en un 1.500% la tasa de cambio en divisas para los venezolanos que viajen al exterior.

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