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El ‘caso Petrobras’ alcanza a un exsecretario del PT

Silvio Pereira, exsecretario del PT, fue detenido por la policía brasileña durante la operación número 27 del Caso Lava Jato

Gil Alessi
El exsecretario del PT, Silvio Pereira, en 2005.
El exsecretario del PT, Silvio Pereira, en 2005. FERNANDO BIZERRA JR (EFE)

La ingente trama corrupta en torno a la Operación Lava Jato del caso Petrobras parece no tener fin. La policía federal brasileña detuvo el viernes al exsecretario del Partido de los Trabajadores (PT), Silvio Pereira, y a Ronan Maria Pinto, un empresario dueño, entre otras cosas, de un periódico local de una ciudad cercana a São Paulo. La policía investiga el destino de seis millones de reales (1,5 millones de euros) supuestamente pagados desde Petrobras y que, a través del PT, fueron a parar a este empresario.

Hace un año, otro implicado en la trama aseguró que los seis millones de reales habían servido para acallar los intentos de chantaje por parte de Pinto a autoridades del PT, entre los que se contaba Lula.

Esta es la operación policial número 27 del Caso Lava Jato. En esta ocasión la investigación se centra, sobre todo, en las operaciones del Partido de los Trabajadores en las ciudades industriales pegadas a São Paulo, donde Lula se formó como sindicalista y líder político. Roman Maria Pinto, un empresario relacionado con los transportes, actual propietario del O Diario Grande do ABC y envuelto en varios casos turbios a lo largo de su carrera, recibió en 2004, según la Fiscalía General, 6 millones de reales de manos de un ganadero amigo de Lula y también inculpado en el Caso Petrobras, José Carlos Bumlai. Este obtuvo el dinero del Banco Schahin, al que había solicitado un préstamo de 12 millones de dólares.

La fiscalía está convencida de que el dinero, en el fondo, procedía de la caja B de Petrobras, proveniente de sobornos de empresas constructoras que obtenían contratos y destinada a financiar partidos políticos. La mitad del dinero, según la policía, fue a parar a las cuentas del PT de la localidad de Santo André. La otra mitad, al bolsillo de Pinto, que con esos fondos adquirió el periódico del que es dueño.

La razón por la que el PT pagó a Pinto tal suma aún es misterio. “Esa es la gran pregunta”, asegura uno los fiscales investigadores, Diogo Castor de Mattos. “Hasta el momento, nada justifica este pago”. Según añade, ninguna línea de investigación queda por el momento descartada. Una de las posibilidades manejadas por los investigadores es que ese dinero comprara el silencio del empresario, quien, según otra persona implicada con la trama, amenazaba por entonces con revelar informaciones relacionadas con el asesinato, en 2002, del que por entonces era uno de los asesores de campaña de Lula, el alcalde de Santo André, Celso Daniel. Hace dos años, el publicista Marcos Valério, encarcelado con una pena de treinta años por haber participado en otra trama corrupta relacionada con diputados denominada caso Mensalão, aseguró que ese pago tenía esa función. Marcos Valério trataba, con esa revelación, de rebajar la cuantía de su pena. A cambio de delatar a personas, el juez tendría que haberle quitado años de cárcel. Pero el magistrado no aceptó.

Personaje controvertido

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Pinto es un personaje controvertido en São Paulo. Su nombre siempre ha estado ligado a casos de corrupción en el sector del transporte terrestre (los negocios de autobuses han estado vinculados frecuentemente a las mafias en São Paulo) y ha llegado a estar condenado por extorsión a otras compañías. Ahora su nombre sale a relucir dentro del caso Petrobras, al lado de una cantidad de dinero sucio, en el dossier de un asesinato nunca resuelto del todo que salpica también al Partido de los Trabajadores y a Lula.

Las revelaciones llegan en un momento delicado para el PT, para su expresidente Lula y para la presidenta, Dilma Rousseff, también de esta formación. Lula, investigado por el caso Petrobras, sigue con su cargo de ministro en suspenso. Rousseff afronta un proceso de destitución (impeachment) que deberá celebrarse en las próximas semanas y que hay muchas probabilidades de que acabe en su salida del poder.

Protesta contra el “golpe de Estado”

MARINA ROSSI / AFONSO BENITES

“No voté a Rousseff, pero debe quedarse. Si su Gobierno no está bien, que lo resuelvan en [las elecciones de] 2018”, decía este jueves una manifestante en São Paulo.

Aproximadamente 150.000 personas, según los datos del portal G1, se manifestaron el jueves en todos los Estados de Brasil en defensa de la presidenta.

La protesta coincidió con el aniversario de la toma del poder por parte de los militares en 1964. Los manifestantes alegan que el proceso de destitución contra Dilma Rousseff es legalmente frágil y, por lo tanto, un “golpe contra la democracia”.

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Sobre la firma

Gil Alessi
Reportero de la edición brasileña de EL PAÍS desde 2014. Escribe sobre seguridad pública, medio ambiente y política. Es licenciado en Periodismo por la PUC de São Paulo y en Ciencias Sociales por la Universidad de São Paulo. Anteriormente trabajó en el portal ‘UOL’, TV Bandeirantes y TV Cultura.

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