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La fiscalía panameña anuncia que investigará a Mossack Fonseca

El presidente del país centroamericano, Juan Carlos Varela, advierte de que mantendrá una política de "cero tolerancia" con la actividad delictiva

El edificio de Mossack en Ciudad de Panamá.

La revelación de que el Grupo Mossack Fonseca, una influyente empresa instalada en la capital panameña, está presuntamente involucrado en crear redes secretas para manejar miles de millones de dólares en bancos y compañías fantasmas en todo el planeta, estremeció los cimientos políticos, financieros, judiciales, partidistas y gubernamentales de Panamá.

El Ministerio Público, que despliega funciones de Fiscalía General, anunció que abrirá una investigación sobre Mossack Fonseca, una firma con operaciones en 27 países que habría desarrollado una estructura para permitir que miles de empresas e individuos le perdieran el rastro a sus negocios y a sus ganancias y eludieran el pago de tributos. El inicio de la pesquisa fue revelado por el periódico La Prensa, de Panamá.

“Cero tolerancia”, anunció el Gobierno del presidente panameño Juan Carlos Varela, en un país que todavía es perseguido por el viejo estigma de ser un paraíso fiscal desde la década de 1970. “El Gobierno de Panamá lidera una política de cero tolerancia ante cualquier aspecto de su sistema legal o financiero que no se maneje con altos niveles de transparencia. El Gobierno de Panamá cooperará vigorosamente con cualquier solicitud o asistencia que sea necesaria en caso de que se desarrolle algún proceso judicial”, aseguró la administración Varela en un comunicado que emitió este domingo.

La administración panameña ha recordado por su parte que “en sus 21 meses de Gobierno ha demostrado un absoluto compromiso por la transparencia en los servicios legales y financieros al punto de que recientemente fue excluida de la Lista Gris” del Grupo de Acción Financiera Contra el Lavado de Dinero (GAFI), institución intergubernamental creada en 1989 por las naciones más industrializadas para combatir la legitimación de capitales y el financiamiento del terrorismo.

El Gobierno de Panamá recordó en el comunicado que en enero de 2016 empezaron a regir “nuevas normas que limitan el uso de acciones al portador de las sociedades panameñas. Con esas nuevas normas, las sociedades que hayan emitido acciones al portador deberán entregarlas en custodia a agentes autorizados y regulados por entes financieros”.

En 2015, y en atención a compromisos asumidos con GAFI, se emitió una ley “para fortalecer nuestro sistema financiero contra el blanqueo de capitales y el financiamiento del terrorismo” para cumplir con una “hoja de ruta” preparada por la Comisión de Blanqueo de Capitales y sacar a Panamá de la Lista Gris, recordó.

Como parte de la supervisión y el combate a las actividades ilícitas, “se han aprobado siete nuevas leyes que incluyen nuevos delitos así como la regulación de los sectores financieros no tradicionales como firmas de abogados y negocios inmobiliarios con el fin de incrementar la transparencia y combatir el uso inadecuado de nuestro centro financiero”.

Con oficinas en 27 países en los cinco continentes, Mossack Fonseca fue establecido en 1977 y es una de las más importantes empresas proveedoras de servicios contables, fiduciarios y legales. La empresa está en el centro de un escándalo global por su papel como uno de los cinco más grandes despachos de abogados para el registro internacional de sociedades “offshore” en un país que, como Panamá, ha sido uno de los principales paraísos fiscales de América Latina y el Caribe.

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