El Estado argentino se achica con el despido de 11.000 empleados

El Estado argentino se achica, al menos en lo que a empleados se refiere. Con la potestad que le dio un decreto firmado por el presidente Mauricio Macri en diciembre, el ministro de Modernización, Andrés Ibarra, concretó el despido de 10.921 empleados, el 90% de ellos contratados entre 2013 y 2015 por el gobierno de Cristina Kirchner. El decreto puso el 31 de marzo como fecha límite para revisar la calidad y el origen de los 217 mil puestos de la función pública heredados de la administración kirchnerista. De esa revisión resultó la cifra de despedidos, todos funcionarios que, según Ibarra, “no trabajaban” u ocupaban oficinas con "exceso de personal para la misma tarea". El ministro calculó en 3.500 millones de pesos anuales (235 millones de dólares) el ahorro fiscal.

La ola de despidos no fue uniforme en las 23 dependencias del Estado. Las "bajas más significativas" fueron en el Ministerio del Interior (1.342 desvinculados), el de Desarrollo Social (1165), el de Cultura (1124), el del Salud (837, incluidos 600 en el Hospital Posadas, uno de los más importantes del conurbano de la ciudad de Buenos Aires) y 702 personas en el ministerio de Energía y Minería. En el Ministerio de Trabajo los telegramas de despido llegaron a unos 230 empleados.

"Desgraciadamente nos encontramos con lo que nos encontramos", dijo Ibarra, en un intento por justificar la medida. Desde el inicio del plan de “modernización”, el Gobierno denunció la presencia de miles de “empleados militantes”, por su adhesión al kirchnerismo, y otro tanto de “ñoquis”, como se llama en la Argentina a quienes sólo se presentan en sus trabajos los 29 de cada mes, día de pago y también día en que la tradición indica que los se debe comer ñoquis.

Ibarra anticipó que esta misma semana abrirá una ronda de diálogo con los principales gremios estatales, la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) y Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN), para elaborar un esquema de organización que regule las dotaciones y la movilidad de funcionarios. Desde ATE, uno de los más combativos, confirmaron el número de despedidos, aunque el gremio elevó la cifra a 20.000 en todo el país.

El ajuste oficial, en línea con un esfuerzo declarado de reducir el déficit fiscal, superior a 7% del Producto Bruto Interno (PIB) en 2015, no se limitó sólo al número de empleados. Para reducir los subsidios estatales a los servicios públicos el Gobierno ha hasta triplicado las tarifas de electricidad, agua, gas y transporte. Las medidas han afectado la buena imagen del gobierno y activado, en muchos casos, la protesta social. El frente del Ministerio de Trabajo, ubicado a pocas calles de la Casa Rosada, es desde hace dos semanas escenario de ruidosas manifestaciones de empleados despedidos.

Por eso el ministro Ibarra acompañó el balance de cesanteados con el lanzamiento de un plan de un Plan de Modernización, que contempla la jerarquización de la carrera pública y más de 2.500 pases de empleados transitorios a planta permanente en el transcurso de este año.