Delaware, un refugio fiscal a 170 kilómetros de Washington

La tintorería de Peter Cha, en Wilmington, tiene como vecinos a las empresas más poderosas de Estados Unidos. Son vecinos invisibles. En los edificios alrededor de la tintorería, entre calles desangeladas y locales vacíos en el centro de la principal ciudad de Delaware, se gestiona la ingeniería fiscal que permite a Delaware ser un imán de negocios. Dos tercios de las 500 mayores compañías estadounidenses tienen filiales registradas en este pequeño Estado para no pagar impuestos. La mayoría no tienen presencia física en Delaware. Les basta con domiciliarse en la dirección postal de un intermediario.

“Ha sido así en los 30 años que llevo aquí”, dice Cha, surcoreano de 57 años. Sus clientes son los centenares de abogados y asesores financieros en la ciudad. A una cuadra de la tintorería, está la sede de CT Corporation, el mayor intermediario del Estado. Es un edificio de ladrillo de dos plantas que pasa desapercibido. Lo único que llama la atención son las numerosas cámaras de seguridad en el exterior. Casi 300.000 empresas tienen en ese edificio su sede fiscal. No hay rastro de ellas. Un portavoz de CT declinó hacer declaraciones.

CT actúa de agente registrado, el intermediario que por ley tienen que tener las corporaciones que quieran constituirse en Delaware. El Estado se publicita como la “capital corporativa del mundo” y ofrece desde 1899 un entorno legal favorable. En pocas horas se puede crear —también a distancia— una empresa a cambio de una pequeña tasa al Estado y al agente. Hay pocos requisitos y se puede mantener secreta la identidad del propietario. Solo una orden judicial, en casos extremos, puede destaparla.

La opacidad atrae a inversores y permite ganar secretismo con buena fe, pero también abre la puerta a delitos. En los últimos años, ha habido casos de blanqueo de dinero, comercio de armas o fraude público.

A partir de una sociedad en Delaware se puede constituir otra en un paraíso fiscal, como las islas Caiman, con la que realmente se opere. Ese complejo entramado dificulta saber quién es el verdadero propietario, lo que facilita por ejemplo la ocultación de patrimonio o el blanqueo de dinero procedente de actividades ilícitas.

En Delaware —a 170 kilómetros al norte de Washington— hay más empresas (1,1 millones) que habitantes (935.600). En los últimos años, la ratio ha aumentado y el marco legal apenas ha cambiado, pese a que ha crecido la presión internacional y del Gobierno de Barack Obama contra la evasión fiscal. La presión se ha reavivado en los últimos días tras las filtraciones de las decenas de personalidades que eran clientas del despacho panameño Mossack Fonseca —con una sucursal en Las Vegas (Nevada)— para esquivar al fisco.

Delaware —Estado por el que el vicepresidente Joe Biden fue senador durante 36 años— se asemeja a países como Panamá en la facilidad para crear sociedades opacas para ahorrarse impuestos. Pero el primer Estado que ratificó la Constitución no es del todo un paraíso fiscal. Sheldon Pollack, profesor de Derecho en la Universidad de Delaware, lo describe como un “paraíso fiscal nacional” pero no internacional (categoría en la que, según la Comisión Europea, están 30 países o territorios como Andorra, Bahamas, Mónaco o Panamá).

Por ejemplo, si cualquier empresa que opera en EE UU establece una filial en Delaware para que gestione algunos de sus activos intangibles, como propiedad intelectual, puede legalmente redirigir sus ingresos a esa filial para así dejar de pagar tributos (cada Estado puede fijar sus tipos impositivos). Pero tiene que seguir pagando un impuesto federal de hasta el 35%, vigente en todo el país. En paralelo, cualquier empresa sin filial sí paga impuestos estatales en Delaware.

Nevada, Wyoming y Dakota del Sur también ofrecen una baja fiscalidad y opacidad, pero Delaware es el que más sociedades atrae.

EE UU lidera la cruzada contra la evasión fiscal, pero sale mal parado en las evaluaciones. Ocupa el tercer puesto, por detrás de Suiza y Hong Kong, en el ránking de 2015 de secretismo financiero de la organización sin ánimo de lucro Red de Justicia Fiscal. Supone una quinta parte del mercado global de sociedades offshore -constituidas fuera del país originario- y Delaware es uno de los causantes. En 2009, la primera potencia encabezaba el ránking.

El Instituto en Política Fiscal y Económica acusó en diciembre pasado a Delaware de ser responsable de la pérdida de miles de millones de ingresos de otros Estados y de una falta de transparencia que lo hacen un “imán para crear compañías pantalla anónimas”. Transparencia Internacional, una organización contra la corrupción, definió en febrero a Delaware como un “refugio para delitos transnacionales” por facilitar un “secretismo corporativo extremo”.

Charles McLeod, portavoz del Gobierno de Delaware, defiende que el Estado “opera claramente dentro de los márgenes de la ley” y subraya que en los últimos años ha impulsado retoques legales para evitar actividades fraudulentas. Pero esgrime que el único modo de acabar con la opacidad en casos delictivos es una ley propuesta por el Gobierno Obama y que el Congreso, incluidos legisladores de Delaware, ha frenado. El Gobierno de Delaware sostiene que las revelaciones de Panamá acentúan la necesidad de impulsar esa ley.

El Departamento del Tesoro prepara una propuesta de regulación enfocada a los propietarios extranjeros de sociedades, según explica un portavoz, que declina valorar el marco fiscal de Delaware.

En Internet abundan los anuncios que ofrecen constituir con rapidez una empresa en Delaware. Esa sensación de gran bazar está ausente de las calles de Wilmington, de 71.000 habitantes. No hay carteles que indiquen las sedes fiscales de las multinacionales o de sus intermediarios. Hay poca gente en las calles. Asesores y abogados se mueven en coche. Los transeúntes parecen desconocer el entramado fiscal que se gesta a su alrededor. Cha, el propietario de la tintorería, lo conoce bien. “Es por esto por lo que Wilmington existe. Si no la ciudad sería la mitad de lo que es”, dice.