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Cae el telón, empieza el casting

La elección del próximo Fiscal general de la Nación ocupará la atención de los colombianos

Diana Calderón

Terminó el show, las eternas declaraciones, las amenazas veladas, la capacidad para volver persecución la crítica pero, sobre todo, terminó el uso del poder judicial para toda clase de fines menos los propios de su función. Se acabó por ahora la megalomanía. Podría pensarse con esto que terminó el período del procurador general de la nación, el conservador Alejandro Ordoñez, pero el que finalizó fue el del ahora exfiscal Eduardo Montealegre.

Lo que ocurre en Colombia es que hemos tenido en las dos entidades encargadas de la justicia disciplinaria y la penal respectivamente, personalidades muy similares desde orillas contrarias, uno que reza y otro empata, resquebrajando la institucionalidad en el momento en que el país necesita fortalecerla.

Nos movemos ante la amenaza visible de un ejército de más de tres mil delincuentes conformado por exparamilitares y exguerrilleros y traficantes y pandilleros, y gatilleros

La elección del próximo Fiscal General de la Nación ocupará las próximas semanas la atención de los colombianos, cuando el presidente Juan Manuel Santos envíe a la Corte Suprema de Justicia una terna con los nombres de quienes considera llenan las requisitos para ocupar uno de los cargos más importantes del país.

El próximo fiscal no puede dejarse llevar por su propia vanidad porque terminará como el que se fue: con la imposibilidad de hacer un balance de su propia gestión porque su protagonismo nubló decisiones acertadas como fue entre otras intentar un modelo de investigación basado en el contexto y la priorización. Lástima que poco le sirvió para advertir que no podía burlar a los ciudadanos pagando sumas exorbitantes a asesoras y ex magistrados de tribunales que se vieron involucrados en su elección. Tampoco le sirvió para explicar sus negocios con la que terminó siendo la más robada empresa de salud, Saludcoop.

Colombia camina sobre la esperada firma de un proceso de paz que creará un tribunal de juzgamiento alternativo para guerrilleros, militares y civiles financiadores que hayan participado del conflicto, basado en lo restaurativo. Enfrenta el país desde la derecha, que lidera el procurador Ordoñez, a los grupos antirestitución de tierras, base de la reconciliación que busca devolver a las víctimas del despojo, sus territorios.

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Nos movemos ante la amenaza visible de un ejército de más de tres mil delincuentes conformado por exparamilitares y exguerrilleros y traficantes y pandilleros, y gatilleros, dispuestos a acabar con lo que sea necesario para defender sus negocios de droga, minería ilegal, microtráfico en las ciudades, prostitución, armas…y todo a base de corrupción. Y según el ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, con apoyo desde las redes sociales, que por eso según él deben ser reguladas.

Está demostrado que sin el concurso de algunos funcionarios, uniformados y políticos locales no sería posible el avance de las llamadas Bacrim que toman nombres y apellidos según sus jefes Urabeños, Rastrojos Usuga.

Los escogidos por el presidente no solo deben tener los pergaminos, casi todos tienen en sus hojas de vida innumerables posiciones ocupadas pero no todas honradas. En la preselección de 16 si acaso se salvan unos 5, los otros y las otras, son en general figuras incoherentes, hasta aparece de candidata una ex fiscal de caso, que llevó preso al ex diputado Sigifredo López porque su nariz se parecía a la del guerrillero de las FARC que organizó el secuestro de él y otros 11 diputados a quienes después asesinaron.

Hay escuderos, liquidadores poco eficientes, investigadores declarados insubsistentes, un soldado sin uniforme, herederos de antiguas administraciones, abogados litigantes de importantes bufetes, ministro y exministro.

Gran reto escoger una terna que ojalá tenga no solo una sino dos mujeres. Las hay valiosas en esa preselección. Es urgente que quien resulte elegido/a por la Corte sea independiente del Gobierno y tenga una lucha decidida contra la corrupción. Capaz de transformar los procesos desde la investigación, con técnica y no desde los testimonios, que priorice los casos menos mediáticos. Alguien respetable también, sí, para la oposición, y sobre todo para los ciudadanos que no quieren ver más fiscales recorriendo las calles del país con más escoltas que Barack Obama.

No solo el presidente tiene un gran reto. También la Corte que debe elegir de entre los/las tres que les lleguen al mejor y no a quien les garantice puestos y contratos en la Fiscalía. Del fin de la impunidad en todos los niveles depende que Colombia sea un país en paz.

Diana Calderon es directora de informativos y de @hora20 de Caracol Radio Colombia. Twitter @dianacalderonf

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