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Evo Morales se somete a una prueba de paternidad

El presidente de Bolivia solicitó el examen para saber si el hijo que su exnovia alega haber tenido con él, es suyo o no

El presidente boliviano, Evo Morales, en una conferencia de prensa.
El presidente boliviano, Evo Morales, en una conferencia de prensa.Reuters

El presidente de Bolivia, Evo Morales, se ha sometido, por solicitud propia, a un examen genético de paternidad para saber si el hijo que Gabriela Zapata, su exnovia, alega haber tenido con él —y que Morales creía muerto, según afirma el dirigente, hasta el pasado marzo— es suyo o no. La expareja del mandatario, quien era gerente comercial de la CAMC —principal contratista china del Estado— fue detenida a finales de febrero por haber presuntamente hecho propuestas de negocios en nombre del Gobierno sin autorización para ello.

Zapata, de 29 años, no ha querido someterse a la prueba, porque la juez del caso rechazó su solicitud de que ambos análisis se efectuaran simultáneamente, según afirmó su abogado. El examen de Morales se produjo días después de que Zapata presentara ante la juez de derecho familiar a un niño de unos 11 años y afirmara que es el que tuvo con Morales.

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El presidente afirmó el pasado febrero que el hijo que había tenido con Zapata había fallecido en 2007. Semanas después, cuando el Gobierno detuvo a la exnovia del dirigente por supuesto tráfico de influencias, su familia y sus abogados afirmaron que el niño estaba vivo. Pero la acusada nunca confirmó de forma inequívoca.

Con una carta al ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, y la publicación de una supuesta conversación íntima por Whatsapp con él, Zapata sugirió que ambos tuvieron una relación sentimental después de la que ella sostuvo con el presidente, lo que elevó al máximo el nivel de audiencia de la llamada telenovela boliviana.

Quintana rechazó haber conocido a la mujer y entregó a la fiscalía su móvil, que luego resultó que era nuevo y no el que usaba el ministro cuando supuestamente se produjo la conversación. Zapata también distribuyó a la prensa fotos suyas en poses sensuales y poca ropa, por lo que algunos se cuestionaron sobre la estabilidad psicológica de esta atractiva mujer, que pasó de ser una abnegada militante del Movimiento Al Socialismo, el partido gobernante, a figura de portada de las revistas rosa, en las que aparecen los bolivianos adinerados.

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Las versiones oficiales han sido contradictorias: en un momento las autoridades reconocieron el nacimiento del niño y luego lo pusieron en duda. Al menos cinco autoridades del Ejecutivo de Morales afirmaron que no existe el niño, después afirmaron que el certificado de nacimiento era falso. El Gobierno respondió que si el niño se encontrara vivo, entonces Zapata habría mentido al presidente al informarle de su fallecimiento en 2007.

Aunque el Estado boliviano es el acusador de la expareja de Morales y el que la puso en una prisión de máxima seguridad, donde sus posibilidades de expresión se hallan restringidas, no dice a quién benefició su actividad ilícita, ni tampoco qué funcionarios de alto rango estuvieron comprometidos con la misma.

Credibilidad en duda

Por estas razones, la credibilidad del presidente se ha puesto en duda desde febrero pasado, semanas previas al referéndum que buscaba cambiar la Constitución para que Morales se volviese a postular a un cuarto mandato en 2019. Aunque el Gobierno se esforzó en tratar de desmentir la existencia de tráfico de influencias, el asunto melló por primera vez de forma directa la imagen de Morales. Después de 10 años de victorias electorales rotundas, el mandatario latinoamericano de izquierda cayó derrotado. El 51,30% de los bolivianos rechazaron cambiar la Carta Magna para posibilitar la reelección del presidente cuando termine su gestión.

El curso de la investigación

En su defensa, Gabriela Zapata ha implicado a altos funcionarios del Gobierno en las actividades por las que se la acusa de tráfico de influencias y enriquecimiento ilícito. La detenida ha eximido de responsabilidad al presidente y, hasta el momento, no se ha podido determinar si sus acusaciones son ciertas.

Por su parte, el Gobierno ha acusado a Zapata y dos funcionarios del Ministerio de la Presidencia de extorsionar a empresarios. Sin embargo, la investigación no ha encontrado a los empresarios ni a las autoridades que habrían sido presionadas. Las únicas pruebas son los movimientos de dinero realizados por Zapata, que no se sabe cómo ganó.

La comisión parlamentaria que investiga lo ocurrido —de mayoría oficialista— concluyó que los contratos con la CAMC son limpios; mientras que varios medios publicaron que la empresa había incumplido los compromisos estatales. Por una de estas infracciones, fue penalizada con una multa de 21 millones de dólares y el veto para participar en licitaciones estatales en tres años.

El Gobierno ha intentado despegarse de la acusación de favorecer a CAMC sancionando a esta empresa con una multa de 96 millones de dólares por el incumplimiento de un contrato para construir un ferrocarril y, pocos días después del referéndum, arrestando a Zapata por las cartas que envió y otros indicios de tráfico de influencias.

La prueba de ADN que Morales realizó es una de las medidas que este se halla realizando para recuperar la confianza del público, consolidando la dudosa imagen que ya comienza a pesar sobre Zapata.

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