Un tribunal británico falla que los expatriados no pueden votar sobre el ‘Brexit’

Unos dos millones de británicos que residen en otros países de la Unión Europea acaban de perder otra batalla ante la justicia para poder ejercer el voto en el referéndum del 23 de junio sobre la adhesión a Europa. La decisión del Tribunal Superior de Londres sólo afecta a aquellos ciudadanos del Reino Unido que abandonaron el país hace al menos 15 años y que, según estipula la legislación británica, carecen del derecho de sufragio en su tierra de origen. Las encuestas reflejan que la gran mayoría es contraria al Brexit. Los demandantes se están planteado apelar ante el Tribunal Supremo, la máxima instancia judicial del país.

La demanda había sido planteada por dos expatriados de larga duración -el veterano de la Segunda Guerra Mundial Harry Shindler, residente en Italia, y la abogada Jacquelyn MacLennan, instalada en Bélgica-, alegando que la ley británica restringe la libertad de movimiento que rige en el marco de la UE. Pero dos jueces del Tribunal Superior han rechazado esta mañana una revisión judicial del caso, por considerar que la norma no conculca los derechos de esa comunidad de británicos en el exterior, de los que casi la mitad vive en España.

Muchos expatriados instalados desde hace largo tiempo en otras naciones del arco comunitario reclaman expresar su voz en el referéndum, porque la decisión sobre la permanencia o abandono de la Unión Europea les afectará personal y profesionalmente. Y el voto que se les deniega podría resultar crucial, habida cuenta del empate técnico que siguen indicando las encuestas a menos de dos meses del plebiscito.

Favorables a la UE

Una encuesta realizada por Angloinfo a principios de abril entre 2.800 expatriados indica que hasta tres cuartas partes desea que el Reino Unido siga anclado en la UE. El Gobierno británico ha detallado que dos millones de británicos residentes en el extranjero están habilitados para emitir su sufragio el próximo 23 de junio. Entre tres y cuatro millones adicionales de expatriados -2 millones de ellos instalados en Europa- podrían participar en el referéndum si no se aplicara la barrera de los 15 años, calificada por sus críticos de arbitraria y antidemocrática.