La Justicia argentina pide al Vaticano que aporte información sobre víctimas del franquismo

La jueza argentina que investiga los crímenes del franquismo busca un nuevo aliado internacional: el Vaticano. Entre las numerosas medidas de prueba solicitadas en las últimas horas, María Servini de Cubría pide que se libre una comisión rogatoria a la Santa Sede para acceder a toda la documentación incluida en los archivos vaticanos relativa "a las relaciones entre la Iglesia católica y el Estado español" entre el golpe de Estado del 17 de julio de 1936 y las primeras elecciones democráticas de la Transición, celebradas el 15 de junio de 1977. De forma específica, la jueza busca cualquier información que haga referencia a religiosos católicos que fueron objeto de persecución, sanción, cárcel y tortura en el periodo investigado.

"La medida posiciona nuevamente la querella a nivel internacional", señala Máximo Castex, uno de los abogados de la causa. El letrado confía en que el papa Francisco decida colaborar en la investigación de los crímenes del franquismo con la Justicia argentina, tal y como ha anticipado que hará con los juicios abiertos por los delitos de lesa humanidad perpetrados por la última dictadura argentina (1976-1983). "Es un primer paso, depende de lo que conteste el Vaticano", dice Castex. Si la respuesta es positiva, no descarta que se produzca una reunión entre el papa y la jueza para hablar sobre la causa. De forma paralela, Servini de Cubría ha solicitado exhortos también a arzobispados españoles, aunque las esperanzas de los querellantes son menores en este caso.

Estas medidas de pruebas no son en absoluto las únicas. En total, los exhortos solicitados ocupan casi 200 páginas y en su mayoría están dirigidos a juzgados de Instrucción de distintas localidades españolas, como Barcelona, Madrid, Burgos, Sevilla, Tarragona, Oviedo, Valencia y Valladolid, entre otras. Se trata de un nuevo intento de hacer avanzar la causa, que se ha visto obstaculizada de forma reiterada por el Gobierno español. El mayor revés hasta el momento fue la negativa a extraditar a la veintena de acusados por la justicia argentina por crímenes cometidos durante la Guerra Civil española y la dictadura franquista.

Algunos de los requerimientos judiciales persiguen la autorización de nuevas exhumaciones tras la estela pionera de Timoteo Mendieta. Los restos óseos de este sindicalista, fusilado en 1939, fueron exhumados el pasado enero del cementerio de Guadalajara en presencia de su hija, la nonagenaria Ascensión Mendieta. Cumplido su deseo tras una infatigable espera de 77 años, Mendieta aguarda ahora el último paso para confirmar que se trata del cuerpo de su padre: el análisis genético de las muestras que se realizará en Buenos Aires.

"La de Timoteo fue muy importante, pero ahora vamos a por más", afirma Castex. A pedido de la querella, la jueza pidio exhumar los cadáveres de 13 víctimas de una fosa común del cementerio de la localidad mallorquina de Porrerres y el cuerpo del sindicalista Cipriano Martos Jiménez, que fue torturado y asesinado en un cuartel de la Guardia Civil en 1973, a los 28 años. Su familia sospecha que se encuentra enterrado en el cementerio de Reus, en la provincia de Tarragona.

La Generalitat de Cataluña también está involucrada en la catarata de medidas probatorias. La jueza argentina solicita al gobierno catalán "que haga uso de todos los recursos disponibles para la identificación de los restos ya exhumados de posibles repatriados". Con ese objetivo, pide hacer un cotejo de ADN de los restos óseos distribuidos en distintas dependencias con los perfiles genéticos de las personas que buscan a sus familiares.

Según la información suministrada por los querellantes, los restos óseos se encuentran repartidos mayoritariamente entre la Universidad Autónoma de Barcelona y la Universidad Rovira i Virgili de Tarragona, aunque también en empresas privadas de antropología y arqueología contratadas por la Generalitat para trabajos de excavación.

Por último, la jueza solicitó tomar declaración testimonial a cinco testigos del País Vasco, a seis de Cataluña y a uno de Asturias a través de la instrucción de los juzgados pertinentes, al considerar que por su avanzada edad no pueden trasladarse hasta Buenos Aires. "Las medidas probatorias de la jueza dan un impulso enorme a la investigación", dice el abogado querellante. Pero sabe que el tiempo juega en su contra: "Luis Ortiz Alfau ya tiene cien años, por eso pedimos que se le tome declaración de forma urgente".