El primer ministro de Irak ordena detener a quienes cometieron agresiones en el asalto al Parlamento
Los manifestantes, en su mayoría simpatizantes del clérigo Al Sadr, anuncian su salida de la Zona Verde
El primer ministro de Irak, Haider al Abadi, ha ordenado este domingo la detención y procesamiento de quienes atacaron a policías y diputados o dañaron las instalaciones durante el asalto al Parlamento del día anterior. Los manifestantes, que protestaban por el retraso en las reformas para combatir la corrupción, desalojaron la Cámara el mismo sábado, pero acamparon en la vecina plaza de los Desfiles, dentro del perímetro de la ultraprotegida Zona Verde de Bagdad. A última hora de hoy anunciaban su intención de retirarse, dando un respiro al Gobierno.
“El comité organizador de la protesta anuncia la retirada de los manifestantes de la Zona Verde”, aseguraba el texto leído por una portavoz en la plaza de Tahrir, fuera del enclave. La mujer aseguró que la salida se realizaba “desde una posición de fuerza” y por respeto a la peregrinación al santuario del imam Kadhem, que los chiíes celebran estos días. No obstante, amenazó con nuevas medidas si las autoridades no cumplen las demandas populares.
El pulso político, que ya se prolonga varios meses, amenaza con derribar al Gobierno y exacerbar la crisis, una de las más graves desde la invasión de EE. UU. y el derrocamiento de Sadam Husein en 2003. Conscientes de ese peligro, Al Abadi, el presidente del país, Fuad Masum, y el del Parlamento, Salim al Jaburi, se reunieron de emergencia con representantes de las fuerzas políticas.
En el comunicado posterior, calificaron los altercados de la víspera de “peligrosa agresión contra la integridad del Estado y el marco constitucional”, según informa Efe. También se comprometieron a continuar los contactos para llevar a cabo “una reforma radical del sistema político”. No está claro si los sadristas, impulsores de la protesta, estuvieron en la cita.
Miles de manifestantes seguían dentro de la Zona Verde en ese momento. Piden que el primer ministro cumpla las reformas anticorrupción aprobadas el verano pasado, tras una tanda previa de protestas. Sin embargo, los principales grupos políticos han bloqueado la remodelación de Gobierno con la que Al Abadi quiso dar el primer paso.
“Estamos esperando una revolución popular para acabar con la corrupción en el país”, declaró el dirigente chií Muqtada al Sadr.
Aunque son muchos los iraquíes, de todas las sectas y tendencias, que comparten ese malestar, ha sido el astuto Al Sadr quien ha liderado el descontento. Sus seguidores han respondido con disciplina desde finales de febrero a sus llamamientos para denunciar el fiasco político y la corrupción a que ha llevado el sistema de cuotas étnicas y confesionales instaurado tras la invasión. Su tirón en la calle constituye todo un desafío para los gobernantes, a quien los iraquíes ven como una casta privilegiada.
El pasado martes, 180 de los 328 diputados que componen el Parlamento aprobaron la sustitución de seis de los trece ministros incluidos en la lista de tecnócratas presentada por Al Abadi a finales de marzo. Para hacerlo tuvieron que abandonar el salón de plenos, donde los parlamentarios contrarios al cambio arrojaban botellines de agua a sus rivales políticos, incluido el primer ministro, y reunirse en una sala alternativa. La siguiente sesión para completar el Gobierno, prevista para el jueves, no llegó a celebrarse.
Así que el sábado los manifestantes, que hasta entonces se habían mantenido fuera de la Zona Verde, forzaron su entrada sin que las fuerzas de seguridad hicieran demasiados esfuerzos por impedírselo. Se trata de un gesto altamente simbólico. Ese distrito del centro de la capital iraquí albergaba en tiempos de Sadam el Palacio de la República, donde el dictador recibía a los dirigentes extranjeros, algunos ministerios y el cuartel general de sus servicios secretos. Aunque el área no estaba formalmente vedada, pocos iraquíes se atrevían a cruzarla. Tras la invasión, EE. UU. instaló allí la Autoridad Provisional de la Coalición y enseguida se vio obligado a cerrarla con muros de hormigón ante los atentados.
Para los desarrapados que constituyen el grueso de los seguidores de Al Sadr, la sola posibilidad de entrar en ese espacio, ligeramente menos deteriorado que el resto de la ciudad, constituye una conquista. En ese entorno fortificado, donde además de la mayoría de las instituciones del Estado también se han instalado algunas embajadas como la de EE. UU. o el Reino Unido (no así la de España), el cielo tal vez no sea más azul, pero el suministro eléctrico no se corta con la frecuencia de fuera. La precariedad de los servicios públicos está en la base del malestar ciudadano.
Para Patrick Martin, del Institute for the Study of War, “Muqtada al Sadr está intentando un golpe de facto contra Al Abadi”. Argumenta que a pesar de que los sadristas no han movilizado a su milicia, han impedido el acceso de altos cargos a edificios gubernamentales y forzado a diputados a abandonar el Parlamento. Este analista y sus colegas ven riesgo de un estallido de “violencia entre los chiíes” (partidarios y rivales de Al Sadr).
De momento, el enfrentamiento se ha quedado en las redes sociales. Poco antes de difundir la orden de detención de los agresores en su página de Facebook, el primer ministro colgó también unas fotos en las que se le ve recorriendo el Parlamento tras la salida de los manifestantes y pasando delante de mobiliario dañado. Previamente algunos vídeos mostraron a grupos de jóvenes saltando y bailando sobre las mesas y sillas del vestíbulo de la Asamblea, mientras que otros rodeaban y acosaban a los diputados que intentaban escapar del asalto. Tal vez para conjurar esas imágenes, los simpatizantes de la protesta publicaron imágenes de manifestantes barriendo y limpiando la sede del Parlamento, tras la salida de los ocupantes.
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