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Libre comercio

El tratado de libre comercio entre la UE y Canadá, como antesala del polémico TTIP

Bruselas y Canadá aceleran un tratado de libre comercio que serviría como ensayo del acuerdo con Estados Unidos

La ONG ecologista Greenpeace desveló el pasado lunes al mundo entero las verdaderas intenciones que EE UU y Bruselas esconden tras las negociaciones del tratado de comercio e inversión (TTIP, por sus siglas en inglés), que publicó en la víspera este diario. Pero la capital de la UE negocia en paralelo un texto similar con Canadá que serviría como antesala de ensayo del polémico TTIP. Sólo los opositores, en su mayoría movimientos antiglobalización, lo denuncian. Y el propio Gobierno comunitario lo deja claro: “El CETA es un acuerdo de referencia y, sin duda, la experiencia de sus negociaciones inspirará a los negociadores europeos del acuerdo con EE UU. Nuestra meta en ambas conversaciones es similar”, asume el Ejecutivo comunitario: “Llegar a un acuerdo global que ayude a nuestras empresas a prosperar en el mercado trasatlántico y generar crecimiento y empleo”.

Greenpeace fuerza el debate sobre el libre comercio entre la UE y EE UU con la filtración de documentos secretos de la negociación.
Greenpeace fuerza el debate sobre el libre comercio entre la UE y EE UU con la filtración de documentos secretos de la negociación. AFP

El CETA, como se conoce el acuerdo con Canadá, podría actuar como un “caballo de Troya” para el TTIP, asegura Greenpeace, que publicó el pasado lunes más de 250 páginas clasificadas de 13 capítulos del Tratado comercial con EE UU. El de Canadá, además, será “el acuerdo comercial bilateral más amplio negociado [en la UE] hasta la fecha”, según el Ejecutivo europeo, que asegura que el PIB comunitario aumentaría en 12.000 millones de euros anuales si se firma este acuerdo en otoño de este año.

Como factor común entre el TTIP y el CETA se encuentra el famoso tribunal de arbitraje que ambos bloques defienden como método de resolución de conflictos entre una empresa privada y un Estado. Se trata del ISDS, por sus siglas en inglés. “Cualquier multinacional estadounidense con sede en Canadá podría, en teoría, utilizar estos tribunales para amenazar a cualquier Gobierno de la UE”, alarma la ONG ecologista. El reconocimiento mutuo de estándares —por ejemplo en la industria— también es un punto compartido en las negociaciones comerciales del triángulo Washington-Bruselas-Ottawa.

CETA, del que poco o nada se conoce a pesar de que se acordó en 2013 —su ratificación se plantea para el próximo noviembre en una cumbre entre los jefes de Gobierno de los Veintiocho y Canadá en Bruselas—, deja también la puerta abierta a los organismos genéticamente modificados (conocidos como transgénicos) rebajando, inevitablemente, los estándares de protección medioambiental y para la salud pública en la UE, según un estudio de TestBiotech. “El TTIP y el CETA son una amenaza para la democracia, el medio ambiente, los consumidores y los derechos de los trabajadores”, declara la plataforma Stop TTIP, a cuya petición para frenar ambos acuerdos comerciales ya han firmado más de 3.400.000 personas de un objetivo de cuatro millones en toda la UE.

A pesar de que este tratado con Canadá se esté negociando a gran velocidad —el 13 de mayo se reúnen los 28 ministros de Comercio comunitarios para ver la última hoja de ruta que por ahora consta de 1.582 páginas—, las últimas filtraciones sobre el TTIP pone casi todo en entredicho. “Sería una incoherencia que el Parlamento Europeo diese luz verde al acuerdo con Canadá si tiene las mismas líneas rojas que el TTIP”, señala Tom Kucharz, de Ecologistas en Acción y con una experiencia de 20 años en lucha contra la política comercial internacional de Bruselas y que basa su opinión en un estudio de Ferdi de Ville (de la Universidad de Gante, en Bélgica).

Y es que las bondades del tratado con Canadá son un espejo de las del TTIP: más empleo, más inversión, eliminación de barreras —que supondrían un ahorro de 500 millones de euros al año—, posibilidad de adquirir contratos públicos, posibilidad de ejercer su profesión a ingeniaros y arquitectos —como en el TTIP— europeos en suelo canadiense.

Una firma inminente

Si el Consejo Europeo —organismo representante de los intereses de los Veintiocho— y la Eurocámara aprueban el CETA en 2016, podría aplicarse a partir de principios de 2017. La posición del Gobierno de España en funciones es clara: “España confía en que se pueda proceder con la mayor rapidez posible a la firma y aplicación provisional del Acuerdo, en los temas competencia de la UE, para que pueda entrar en vigor lo antes posible (previsiblemente antes de 2017) lo cual redundará en amplios beneficios económicos y comerciales para ambos socios”, según un documento de trabajo a nivel técnico al que ha tenido acceso EL PAÍS.

Y como España piensan al menos otros ocho socios comunitarios: Rumanía, Bulgaria, Grecia, Alemania, Francia, Dinamarca, Portugal, Eslovenia. Aunque todos ellos están de acuerdo con el texto en un principio, quedan factores que matizar como la expedición de visas por parte de Canadá, a lo que Rumanía y Bulgaria se muestran más reticentes, o la falta de protección de las denominaciones de origen como el queso Feta, a lo que Grecia ha mostrado ya oficialmente su preocupación.

El presidente austriaco, el socialdemócrata Werner Faymann, ya lo advirtió la semana: "Aquellos que aprueben el CETA están construyendo la fundación del TTIP".

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