Organizaciones de derechos humanos celebran a medias el proyecto de ley contra la tortura en México

México lleva más de un año fraguando un nuevo aparataje legal para prevenir y castigar la tortura. El duro informe de la ONU, que constató en febrero del año pasado que la tortura y los malos tratos son prácticas generalizadas en el país, sirvió de acicate para acelerar el ritmo de actualización de una legislación federal que ya tiene 25 años. El Senado aprobó la semana pasada un primer texto de la nueva norma que funcionará como un paraguas aplicable tanto a nivel federal como estatal. Las organizaciones civiles que participaron en el proceso de consulta celebran algunos puntos –como la imprescriptibilidad del delito o la creación de fiscalías especiales–, a la vez que critican otros como la puerta abierta a permitir pruebas obtenidas bajo tortura.

“En general es un texto que incluye los temas centrales y básicos. Por ejemplo, se corrige el problema de la legislación actual de restringir la tipificación de la tortura a sólo ciertos “fines”. Ahora se aclara que se puede cometer con cualquier fin, y sin introducir tampoco requisitos de gravedad o de lesiones”, apunta Stephanie Brewer, coordinadora del área internacional del Centro Prodh.

A grandes trazos, los abogados de las organizaciones coinciden en que el texto se atiene a lo estipulado por la ONU y la Convención Interamericana para prevenir y sancionar la tortura, los dos grandes faros en la materia. Las primeras discrepancias aparecen al bajar a la letra pequeña. La nueva norma establece dos tipificaciones distintas, con dos penas también distintas: tortura, castigada con cárcel de 10 a 20 años, y tratos crueles, inhumanos y degradantes, con tres meses a tres años de prisión. Las organizaciones temen que esta gradación jurídica, una especia de tortura de menor intensidad, pueda servir para burlar el espíritu de la ley. “Durante la consulta, pugnamos por un solo tipo penal. Nos preocupaba que en el contexto mexicano, donde estás prácticas están tan generalizadas, puede utilizarse para esconder la tortura encajándola en el apartado de tratos degradantes”, defiende Andrés Díaz, abogado investigador de Fundar.

A grandes trazos, los abogados coinciden en que el texto se atiene a lo estipulado por los convenios internacionales

El mayor reproche es la ambigüedad con que ha sido redactado el artículo que considera nula cualquier prueba obtenida mediante actos de tortura. “En ningún caso una prueba obtenida bajo violaciones a los derechos humanos puede ser admitida. La ley establece algunas excepciones. Para eso es preferible quedarse con la ley anterior, que no tiene ningún matiz”, señala Perseo Quiroz Rendón, director ejecutivo de Amnistía Internacional México. El texto establece que serán válidas aquellas pruebas cuyo “descubrimiento fuera inevitable, se hubiere obtenido de fuente independiente o el vínculo de su ilicitud estuviese atenuado”.

“Estas tres excepciones abren la puerta a aceptar pruebas obtenidas indirectamente a través de violaciones a derechos humanos, que fácilmente se volverían la regla y no la excepción en un sistema de procuración de justicia adicto a la fabricación de pruebas mediante las declaraciones de los detenidos”, afirma la abogada del centro Prodh. El uso de la tortura como herramienta para obtener declaraciones es uno de las mayores críticas expuestas el año pasado por el relator de la ONU para los derechos humanos. Este mismo mes, un vídeo colgado en las redes mostraba como dos soldados –imputados ya en un proceso penal– sometían a una detenida a asfixia y malos tratos en el marco de un interrogatorio.

En el apartado de las buenas noticias, los juristas celebran que el texto imponga la imprescriptibilidad en un país como México, donde la cifra negra de delitos que no se denuncian supera el 90%. “Es oportuno no sólo por la magnitud del delito sino porque es un crimen de Estado y no siempre se dan las condiciones para denunciar, muchas de las víctimas están amenazados”, apunta el abogado de Fundar. También apoyan la batería de medidas preventivas como la creación de fiscalías especiales y la implantación de un registro nacional para dar seguimiento y visibilizar los casos.

Al proyecto le queda por recorrer en último tramo legislativo en la cámara alta, previsto para septiembre, donde aún se podrán introducir cambios. Las organizaciones continuarán exigiendo que la puerta abierta para las pruebas obtenidas bajo tortura se cierre definitivamente. México está ante su prueba de fuego para demostrar que el inédito discurso del secretario de Defensa, el general Salvador Cienfuegos, pidiendo disculpas a la ciudadanía y calificando de “inadmisibles” los abusos del Ejército difundidos recientemente, será respaldado por la letra de la ley y que después la ley será aplicada.