Desconectados de la sociedad
Siempre se describe a Michel Temer como conciliador y buen negociador político. La segunda parte es correcta: basta ver el Gabinete, poblado de diputados y senadores, que acaba de presentar. La primera no está tan clara: su Gabinete pone en jaque esa intención que proclama, de “pacificar” Brasil y unirlo en torno a un Gobierno de “salvación nacional”.
Eligiendo a esos ministros, con quién se muestra dispuesto el presidente interino a conseguir acuerdos? Su equipo choca con buena parte de los anhelos mínimos de la sociedad brasileña. Temer parece estar desconectado del Brasil de 2016.
El grupo de ministros es exclusivamente masculino, de mediana edad, mayoritariamente blanco. Contiene tres nombres investigados en el caso Petrobras y un ministro de Justicia que no disimula al compartir su limitada visión sobre la libertad de manifestación —defiende el uso de la fuerza contra las protestas callejeras— y que hace menos de un año y medio era el abogado del polémico expresidente del Parlamento, Eduardo Cunha, alejado este mes del poder.
De muchas maneras, su elección de ministros es una afronta al país que prácticamente no ha salido de las calles desde las históricas manifestaciones de junio de 2013. El nuevo presidente ni siquiera ha pensado en la repercusión negativa que tiene escoger solo a hombres para su primera línea, precisamente en el momento en el que sustituye a la primera presidenta de Brasil, y solo meses después de que el país viviese movilizaciones feministas a favor del aborto y los derechos de la mujer en las calles y en las redes sociales.
También resulta evidente la incoherencia y el doble rasero de Temer al nombrar para su equipo a implicados en casos de corrupción. El presidente interino habla de proteger las investigaciones del caso Petrobras, pero ha aforado a dos investigados al nombrarlos ministros. Si esa posibilidad fue un escándalo cuando Rousseff nombró ministro a Lula en marzo, ¿por qué ahora no lo es?
El nombramiento de Lula acabó paralizado en el Supremo y pone en evidencia la faceta más peligrosa de la crisis brasileña, que evolucionó de política a institucional. La paralización de su nombramiento se debió a una decisión personal del magistrado Gilmar Mendes, al que tampoco le incomodan ni los símbolos ni la liturgia del cargo.
Parece peligrosa la aparente desconexión del nuevo Gobierno interino con el Brasil real, y complejo, fuera de Brasilia y de las marchas contra la corrupción, homogéneas, mayoritariamente blancas, de clase media y anti Partido de los Trabajadores. Las redes sociales evidencian un malestar palpable desde la infausta sesión del Congreso brasileño que votó por el impeachment. No son desdeñables. La adhesión a la destitución de Rousseff está cayendo. La próxima encuesta que se haga pública constituirá un termómetro crucial para los nuevos ocupantes del Palacio del Planalto. Hay que avisar a Michel Temer de que nos encontramos en Brasil, en el siglo XXI, donde ni siquiera los telediarios tienen un poder incuestionable sobre la opinión pública.
