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Mauricio Macri anuncia aumentos del 45% para dos millones de jubilados

El presidente sacará el dinero de un gran proceso de amnistía fiscal que debe pasar por el Congreso

Mauricio Macri saluda a sus seguidores tras anunciar un aumento en las pensiones.Vídeo: FOTO Y EFE
Carlos E. Cué

Mauricio Macri trata de pasar cuanto antes de las malas a las buenas noticias. El presidente ha tomado la decisión de promover importantes gastos extra para tratar de paliar el golpe que está suponiendo los primeros meses de su Gobierno, con una inflación desbocada del 40% y aumentos de hasta el 700% en las tarifas del gas, agua, luz y transporte. En una escenografía muy medida, rodeado de jubilados y con tres de ellos en el escenario contando entre lágrimas su batalla judicial para cobrar su pensión, Macri anunció una ley que supondrá, según los datos del Gobierno, que 2,3 millones de pensionistas pasen de cobrar 10.000 pesos de media (700 dolares) a 14.500 (1.000 dólares), un aumento del 45%. “Vamos a terminar con décadas de estafa a los jubilados”, aseguró el presidente. A su lado, Nelida Benito, de 78 años, le avisaba: “Trabajé toda mi vida, desde los 14 años, en una fábrica de linternas. Estoy en juicio por mi pensión, espero que usted cumpla, porque todo son palabras. Que sea prontito, que nuestra vida está ahí”. Macri le prometió que lo haría mientras los demás abuelos aplaudían emocionados.

Esta y otras decisiones de ayuda a los más necesitados le costarán 75.000 millones de pesos al año al Estado (5.200 millones de dólares). Pero Macri ha hecho público un déficit fiscal del 7% y está comprometido a reducirlo. ¿De dónde saldrá el dinero entonces? Según explicó el presidente, lo harán con los fondos que van a volver a Argentina con una amnistía fiscal que pone en marcha y en la que cobrarán un 10% a las grandes fortunas que repatrien su dinero. “Para poder pagar vamos a cobrarle un impuesto a los que más tienen y a los que han evadido impuestos en los últimos años. Hay miles de millones de dólares de argentinos que están en el exterior, que se los llevaron porque no confiaban en el Estado. Por eso los invitamos a repatriar estos fondos, a hacer un sinceramiento fiscal, lo están estimulando los principales organismos internacionales”, sentenció el presidente.

Paso a paso, el pago a jubilados

Mar Centenera
El proyecto beneficia a unos 2,3 millones de jubilados, que cobran menos de lo que les corresponde, según un fallo de la Corte Suprema.

A partir de la sanción de la ley, los jubilados recibirán un aumento promedio en sus pensiones del 45%. Así, una jubilación de unos 10.000 pesos (700 dólares) pasará a 14.500 (1.000 dólares).

Los más de 350.000 jubilados con juicios contra el Estado cobrarán la mitad de los haberes retroactivos en efectivo y la otra mitad en pagos trimestrales durante 3 años.

Las personas mayores de 80 años y los enfermos graves tendrán prioridad para cobrar.

Se entregará una pensión universal equivalente al 80% de la jubilación mínima a los mayores de 65 años que no cotizaron al menos 30 años.

El proyecto contempla un desembolso de 3.300 millones de dólares para el pago de retroactivos y de hasta 5.300 millones de dólares anuales para las nuevas jubilaciones.

El Gobierno ha lanzado un plan de blanqueo de capitales para financiar el proyecto. Los que se adhieran al “sinceramiento fiscal” podrán pagar un impuesto (del 5% para los que declaren entre 21.000 y 56.000 dólares y del 10% para montos superiores), suscribir bonos por el total declarado o hacer inversiones a largo plazo en el país.

Macri está siendo muy criticado por la oposición porque acaba de hacer público que tiene 18 millones de pesos (1,25 millones de dólares) en Las Bahamas, pero el Gobierno aclara que ese dinero no tiene nada que ver con la amnistía fiscal porque son fondos declarados por el presidente hace años, por tanto no están en negro.

El asunto del dinero de los argentinos en el extranjero o “en los colchones” –en realidad suele estar en cajas de seguridad que tienen casi todas las casas argentinas, lo que aumenta el riesgo de robos en el hogar- es una de las cuestiones centrales de la política económica argentina. Todos los gobiernos de este país señalan al llegar que si sus ciudadanos trajeran el dinero que tienen escondido y lo pusieran a producir, Argentina volvería a ser la potencia económica que un día fue. Todos los han intentado recuperar de distintas maneras, incluso el kirchnerismo, pese a su retórica anticapitalista, trató de convencer a las grandes fortunas para traer el dinero con grandes beneficios fiscales. Nadie lo ha conseguido hasta ahora. ¿Por qué esta vez debería ser diferente? le preguntaron al ministro de Economía, Alfonso Prat Gay, que inicia ahora un viaje a España a la búsqueda de inversiones, donde se verá con responsables del Gobierno del PP y con Felipe González, el expresidente socialista. Prat Gay fue claro: “Porque esta es la última oportunidad. A partir de enero de 2017 Argentina va a tener acceso a la información de varios paraísos fiscal, vamos a tener todos los instrumentos que no teníamos. Vamos a cobrar un 10% para los que blanqueen los primeros meses y un 15% los que lleguen después. En Chile cobraron el 8%”. Al ministro le preguntaron si algún miembro del Gobierno, formado en parte por empresarios y miembros de algunas de las familias más ricas del país, como el propio Macri, se acogerá a la amnistía. “Todos los funcionarios del Gobierno tienen la obligación de presentar su declaración jurada. Si algún funcionario quiere aprovechar esta oportunidad después tendrá que explicar a la sociedad cómo aumento su patrimonio”, se limitó a señalar.

Ahora la ley tendrá que pasar al Congreso, donde Macri está en minoría, pero el presidente confía en sacarla con el apoyo de los gobernadores peronistas que también se beneficiarían de la amnistía fiscal porque parte de lo recaudado les llegaría a ellos. Otra medida polémica que irá en la ley es la posibilidad de que el Estado pueda vender las acciones que tienen en varias compañías privadas o parcialmente nacionalizadas. El kirchnerismo hizo una ley para impedir esa posibilidad. Ésta lo desbloquea. El Gobierno asegura que no tiene intención de iniciar una ola privatizadora. Pero pasar esa norma en el Congreso no será fácil.

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