Mauricio Macri da marcha atrás con un proyecto de ley que prevé cárcel para periodistas

El presidente de Argentina, Mauricio Macri, ha hecho de las marchas y contramarchas una marca de su Gobierno. Atento al impacto de las medidas oficiales más polémicas, la mayoría de las veces relacionadas con la política de “sinceramiento” de la economía, Macri no ha dudado en rever aquellas decisiones más sensibles al humor social. Así puso, por ejemplo, un límite de 400% al aumento de las tarifas cuando se presentaron casos de facturas multiplicadas por 10. Ahora ha decidido modificar el artículo 85 de la ley de amnistía fiscal que envió al Congreso. El texto generó polémica por la posibilidad de aplicar penas de prisión a los periodistas que revelen la identidad de aquellos que se acojan al blanqueo del dinero negro que hoy tienen oculto en el exterior. Macri no ha cuestionado el espíritu del artículo, considerado un ataque frontal a la libertad de prensa, pero dijo que “seguramente se debatirán en el Congreso” los cambios que merece.

Según el artículo 85 presentado por el macrismo a los legisladores, "los magistrados, funcionarios judiciales o dependientes de la Administración Federal de Ingresos Públicos (…) y terceros que divulguen o reproduzcan documentación o información relacionada con las declaraciones voluntarias reguladas por esta ley incurrirán en la pena prevista por el artículo 157 del Código Penal", que prevé hasta 2 años de cárcel a quienes revelen “hechos, documentos o datos que por ley deben ser secretos”. Para los “terceros”, que por falta de precisión abarcan a los periodistas, el macrismo propuso que a la prisión sumen el pago de “una multa igual al valor de los bienes exteriorizados por aquel que hubiera realizado la declaración voluntaria (…) y cuyos datos se hubiera revelado o divulgado".

La intención del Gobierno ha sido convencer a la mayor cantidad posible de evasores de la conveniencia de acogerse al blanqueo, bajo promesa de anonimato. Pero la reacción de la prensa al artículo 85 ha sido inmediata incluso entre agrupaciones no sindicales cercanas al macrismo, como el Foro de Periodismo Argentino (Fopea). El artículo “afecta gravemente el derecho de libertad de expresión, en general, y el de libertad de prensa en particular" y es “a todas luces inconstitucional”, advirtió Fopea en un comunicado.

Macri reveló su intención de dar marcha atrás con el texto. Eligió para ello un brindis con la prensa acreditada en la Casa Rosada, organizado para celebrar el Día del Periodista. "Seguramente se va a debatir en el Congreso", afirmó Macri. Su jefe de Ministros, Marco Peña, también presente en el encuentro, precisó que la ley de blanqueo aplicará el Código Penal a los funcionarios que violen el secreto fiscal pero dejará a fuera a los “terceros”, es decir los periodistas.

El Gobierno espera repatriar unos 20.000 millones de dólares, según las estimaciones del ministro de Economía, Alfonso Prat-Gay, y para estimular la adhesión resolvió multas bajas. Para facilitar su paso por el Congreso, donde está en minoría, el oficialistao incluyó en la ley que el dinero recaudado con el blanqueo se usará para saldar la deuda que el Estado mantiene con decenas de miles de jubilados. En el camino cedió a las presiones de aliados y opositores y dejó fuera de los beneficios de la amnistía a los funcionarios. Ahora tuvo que prometer que cambiará el artículo 85, redactado para evitar a los involucrados el escarnio mediático.

El bloque de diputados kirchnerista reaccionó con un duro comunicado al texto de la polémica: "Lo que demuestra esta redacción es que el gobierno nacional ha enviado una ley de blanqueo para sus amigos, que están involucrados en las causas Panama Papers y HSBC y pretenden blanquear sus activos mal habidos sin que la gente se entere", dijo. Pero el tema no sólo provocó a la oposición. El diputado oficialista y presidente de la comisión de Asuntos Constitucionales, Pablo Tonelli, reconoció en declaraciones radiales que “la redacción del artículo tal vez no sea la más feliz y hay que modificarla un poco”. Advirtió, sin embargo, que “la confidencialidad en materia impositiva y la prohibición de difundir datos ya existe desde hace muchos años". Tras las críticas, el macrismo estudiará cómo compatibilizar esa prohibición con el derecho constitucional del derecho a informar e informarse.