México defiende al Ejército ante acusaciones de tortura y abusos

Militares torturando civiles por asumir que eran delincuentes; policías entregando civiles a grupos del crimen organizado, jóvenes muertos en un fuego cruzado entre soldados y presuntos delincuentes. Desde que el Ejército asumió funciones policiales para combatir a los carteles, han ocurrido numerosos abusos contra la población civil, que se ha convertido en el daño colateral de la guerra contra el narcotráfico, ha denunciado la organización Open Society y otro rosario de organismos defensores de los derechos humanos. Pero el Gobierno de México asegura que la “inmensa” mayoría de los crímenes violentos han sido cometidos por grupos criminales y que el Ejército es la institución mexicana más apreciada por la población.

Tras la publicación del informe ‘Atrocidades innegables’ de Open Society Justice, en el que se relatan numerosos abusos a los derechos humanos de los mexicanos por parte de los carteles del narcotráfico –principalmente Los Zetas- y de las fuerzas policíacas y militares, el Gobierno emitió un comunicado en el que defiende la actuación del Ejército y asegura que la estrategia de seguridad ha arrojado resultados positivos.

“La misión protectora de las fuerzas armadas ha sido reconocida continuamente por la población. De acuerdo a encuestas anuales del INEGI, el Ejército y la Marina son las instituciones de mayor prestigio y confianza para la población”, asegura el comunicado, sin especificar a qué encuesta se refiere.

 El informe de Open Justice señala que las "atrocidades" cometidas por el Ejército contra civiles caben en la categoría de crímenes de lesa humanidad y debieran ser investigados y juzgados como tales, pues la estrategia de combate al narco ha derivado en abusos de autoridad y ejecuciones extrajudiciales. Sin embargo, el Gobierno asegura que las Fuerzas Armadas cuentan con protocolos y manuales para el uso de la fuerza que son acordes con los derechos humanos, y que, en caso de excesos, el Estado tiene "un compromiso sólido de esclarecimiento de los hechos y la sanción a los responsables". El informe destaca, a este respecto, que las condenas por estos crímenes han sido muy pocas en comparación con los crímenes denunciados.

 El comunicado está suscrito por varias instancias del Gobierno federal, entre ellas los ministerios de Gobernación, Marina, la Defensa así como la Fiscalía general, y afirma que en los últimos tres años -lo que lleva el Gobierno de Enrique Peña, señalado en el informe como responsable de las atrocidades, junto con el del expresidente Felipe Calderón- los homicidios dolosos se redujeron en 22% y en los Estados de la frontera norte el índice se redujo hasta 45%, mientras el secuestro mostró una reducción del 27% y la extorsión, del 30%.

"Independientemente de lo anterior, el Gobierno de la República reconoce que enfrenta retos en materia de derechos humanos y reafirma que se están fortaleciendo sus capacidades para combatir adecuadamente a las organizaciones criminales y, al mismo tiempo, prevenir y sancionar las violaciones de derechos humanos", admite el Gobierno.

El reporte advierte que el principal obstáculo para resolver la crisis de violencia que vive el país es la voluntad política, ante lo cual, el Gobierno aseguró que el Estado mexicano "cuenta con las capacidades, las instituciones y la voluntad para atender los desafíos en materia de derechos humanos y combate a la impunidad".

Luego de esta respuesta, el director ejecutivo de Open Society Justice Initiative, JamesGoldstone, dijo a EL PAÍS que mira con agrado la reacción del Gobierno mexicano y las acciones emprendidas por él hasta el momento en materia de seguridad, pero indicó que no son suficientes. "Se requieren medidas extraordinarias", dijo.

El activista informó que su organización ha estado en contacto con el Gobierno y confió en que esta respuesta sea una oportunidad para apresurar la colaboración entre la organización y el Estado mexicano, a fin de implementar las medidas recomendadas en el informe.