Bruselas aplaza un expediente fiscal a Gibraltar por el ‘Brexit’

La Comisión Europea ha retrasado la publicación de un expediente sobre las ventajas fiscales de Gibraltar debido al riesgo de Brexit. Pese a haberlo remitido ya a Reino Unido, éste no se ha publicado tal y como exige España. Y el motivo esta vez estriba en que el Gobierno gibraltareño pidió al Ejecutivo comunitario que pospusiese el anuncio hasta después del referéndum sobre la salida de la UE. Después de cuatro largos años, la investigación todavía no se ha iniciado y España no consigue una respuesta europea a sus quejas.

La investigación sobre el régimen fiscal de Gibraltar se ha quedado estancada en una carrera de obstáculos con un alto coste para las arcas públicas: según los cálculos de Hacienda, España pierde casi 1.000 millones de euros al año por el régimen tributario de El Peñón. O lo que es lo mismo, en todo este tiempo de obstrucciones y retrasos las cuentas públicas han perdido cerca de 4.000 millones.

La pugna entre España y Gibraltar a cuento de la fiscalidad del Peñón suma cuatro años arrastrándose por las instituciones europeas. En junio de 2012, España denunció el régimen fiscal de Gibraltar por considerar que concedía ventajas a empresas que no estaban radicadas en el territorio gibraltareño. Es decir, que estaba aprovechando una baja tributación para atraer empresas que en realidad tenían su actividad en España y tan solo pretendían huir del fisco español. Además, Madrid señalaba que la diferente fiscalidad que tenía Gibraltar respecto a Reino Unido debía considerarse una ayuda territorial. A juicio de la Administración española, ambas circunstancias deberían etiquetarse como ayudas de Estado incompatibles con el marco legal comunitario.

Un año y unos meses más tarde, en octubre de 2013, la Comisión finalmente anunció la apertura formal de una investigación sobre la materia. En ese documento ya se adelantaba que la no existencia de un gravamen en Gibraltar podría constituir, de por sí, una ayuda de Estado reñida con la normativa comunitaria. Sin embargo, las autoridades gibraltareñas reaccionaron con suma velocidad y enseguida cambiaron la legislación. De acuerdo con el diagnóstico del Gobierno español, Gibraltar ha modificado el envoltorio legal pero en la práctica mantiene las mismas ayudas. En el fondo, se trata de una táctica dilatoria que busca invalidar el objeto de la investigación.

Tácticas dilatorias

Por esa misma razón, España pidió que se modificase el objeto de la investigación para incluir las nuevas prácticas de Gibraltar, los llamados tax rulings o acuerdos con empresas particulares que permiten que tengan una tributación reducida. Mediante pactos ad hoc, Gibraltar básicamente permite que queden exentos de tributación todos los beneficios que una empresa haya obtenido fuera.

El 1 de octubre de 2014, la Comisión anuncia que amplía la investigación a los mencionados tax rulings pero no lo publica en el boletín oficial, una acción imprescindible para que se inicien los trámites y para que España pueda hacer las alegaciones pertinentes. Aunque poco después la Comisión comunica a Reino Unido su decisión de incoar el procedimiento, ésta no se publica y por lo tanto no se inicia la investigación formal. Ante el nuevo retraso, España recrimina a la Comisión la excesiva demora, considera que se están vulnerando sus derechos e incluso amenaza con recurrir.

El Ejecutivo comunitario trata de calmar al Gobierno trasladándole que se publicará en abril. Sin embargo, el 7 de abril representantes del Gobierno de Gibraltar visitan la Comisión y piden que se aplace una vez más la publicación hasta después del referéndum.

Cuatro años más tarde, el resultado de estas idas y venidas se resume en que España queda atrapada en una tela de araña y no logra poner coto a las prácticas fiscales de Gibraltar.