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El Tribunal Supremo de Estados Unidos rechaza las restricciones de Texas al derecho al aborto

La sentencia supone el respaldo más definitivo al derecho al aborto de los últimos 25 años

El Tribunal Supremo de Estados Unidos rechazó este lunes las restricciones impuestas por el gobierno de Texas a las clínicas y los médicos que practican abortos en ese Estado. La legislación estatal hubiera reducido de 40 a 10 el número de centros médicos disponibles en Texas. La sentencia, por cinco votos contra tres, supone el respaldo más definitivo al derecho al aborto de los últimos 25 años.

Concentración ante el Supremo en Washington este lunes.
Concentración ante el Supremo en Washington este lunes.MANDEL NGAN (AFP)

El dictamen puede tener consecuencias significativas para decenas de leyes similares que han sido aprobadas por otros Estados en los últimos años y que imponían todo tipo de restricciones al aborto. En el caso de Texas, la ley analizada por el Supremo impuso en 2013 nuevas condiciones a los médicos y las clínicas que practicaran abortos.

Los magistrados han decidido que “ninguna de estas restricciones ofrece beneficios médicos suficientes para justificar la carga que impone al acceso” al aborto, asegura la sentencia, redactada por el juez Stephen Breyer. Cada una de las limitaciones, afirma Breyer “supone un obstáculo indebido” en el camino de las mujeres que busquen interrumpir su embarazo y “violan la Constitución”.

“El argumento de Texas es que sus restricciones son constitucionales porque protegen la salud de las mujeres que sufren complicaciones al abortar. La verdad es que las complicaciones son tan poco frecuentes como raramente peligrosas”, escribió la juez Ruth Ginsburg en su dictamen adjunto a la sentencia. Ginsburg añadió que pensar que una ley como la de Texas “verdaderamente protege” la salud de las mujeres “va más allá de lo racional”.

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El dictamen del Supremo ha sido celebrado por el presidente Obama, que expresó en un comunicado su compromiso con la protección de la salud de las mujeres, incluido “el derecho a decidir su propio futuro”. La Administración argumentó ante la corte que una normativa como la de Texas crea un “obstáculo anticonstitucional” a los derechos reproductivos de las mujeres.

La sentencia coincide con el arranque de una campaña electoral por la presidencia marcada por las polémicas declaraciones del candidato republicano Donald Trump contra las mujeres, y el hecho de que por primera vez una estadounidense aspire a la presidencia del país. La demócrata Hillary Clinton ha asegurado estos meses que, si llega a la Casa Blanca, solo nombrará jueces comprometidos en la defensa del derecho al aborto.

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Este lunes, minutos después de conocerse la sentencia, Clinton defendió la decisión como “una victoria” para las mujeres de Texas y de todo el país. “El aborto debería ser un derecho no solo en papel, sino también en la realidad”. En clave electoral, Clinton añadió que “la lucha no ha terminado”. “El próximo presidente debe proteger la salud de las mujeres, no castigarlas por ejercer sus derechos básicos”.

Los ocho jueces estudiaron la pasada primavera si la ley aprobada por Texas creó una “carga indebida” sobre las mujeres que quieren abortar con el único objetivo de obstaculizar el ejercicio de uno de sus derechos constitucionales. El Gobierno de Texas argumentó ante los magistrados que sólo busca mejorar la calidad de la atención médica en estos centros, al exigir nuevos requisitos tanto a los hospitales como a los médicos que practican las intervenciones.

Los detractores, por el contrario, defendieron que la ley ya ha provocado el cierre de 22 de las 41 clínicas de Texas en estos tres años. En la actualidad quedan 18, pero los demandantes aseguraban que podrían reducirse hasta 10 si el Supremo daba la razón al Estado. Como reconoce su dictamen, los abogados argumentaron que la ley “retrasa o impide que miles de mujeres puedan abortar y empuja a algunas de ellas a recurrir a métodos ilegales e inseguros para interrumpir su embarazo”.

La sentencia de este lunes es el primer golpe sólido a la iniciativa impulsada por numerosos gobernadores republicanos para imponer nuevas restricciones al aborto en sus Estados. Y el hecho de que se produzca cuando hay una vacante importante en el Supremo puede abrir un nuevo horizonte para este tipo de leyes. El juez Antonin Scalia, fallecido en febrero de este año, sigue sin tener reemplazo por el bloqueo republicano al candidato propuesto por Obama.

La ausencia de Scalia ha dejado la corte dividida en tres grupos: tres jueces conservadores, tres progresistas —las tres mujeres— y dos que suelen desequilibrar la balanza en una u otra dirección. Uno de ellos, Anthony Kennedy, se decantó este lunes en contra de Texas. La perspectiva de una victoria demócrata en noviembre —Clinton supera a Trump en las encuestas con una ventaja de 12 puntos— abriría la posibilidad de que nombre a un magistrado progresista más.

El derecho al aborto, blindado por el Supremo durante estos últimos 40 años, quedaría así aún más protegido. Tras su reconocimiento en 1973, este derecho ha representado como pocos la división entre conservadores y progresistas, republicanos y demócratas, en las últimas cuatro décadas. En 1992 regresó a la máxima instancia judicial del país con un nuevo desafío. Entonces los jueces determinaron que los Estados no pueden “añadir regulaciones innecesarias cuyo único propósito o efecto sea presentar un obstáculo a las mujeres que quieran abortar”. Esa sentencia sirvió este lunes para justificar el argumento contra Texas.

El posible efecto dominó de la sentencia

El derecho al aborto fue reconocido por el Tribunal Supremo en 1973, pero los Estados guardan competencias que les permiten regular algunas limitaciones. Este contexto ha servido para que numerosos gobernadores republicanos hayan librado en los últimos años la conocida como "guerra cultural" contra las mujeres, restringiendo el derecho al aborto y el acceso a cuidados reproductivos, en sus Estados. La sentencia del Supremo ha sido un golpe contra ellos.

Uno de los afectados puede ser Misisipí, cuya ley de restricción al aborto está paralizada en los tribunales a la espera de que se pronunciase el Supremo en el caso decidido este lunes. "La victoria de hoy es enorme, pero demasiadas mujeres en Texas y otros Estados todavía no pueden tomar decisiones en libertad", afirmó Cecile Richards, presidenta de Planned Parenthood, la organización que proporciona atención médica a millones de mujeres sin recursos.

Richards hacía referencia a los 38 Estados que han impuesto límites al aborto en los últimos cinco años, con un total de más de 200 normativas distintas que van desde limitar los plazos en los que las mujeres pueden interrumpir su embarazo hasta requisitos como practicar una ecografía con ultrasonido antes de abortar. En total 43 de los 50 Estados permiten además que las compañías de seguros médicos se nieguen a cubrir los costes de estas intervenciones, según el recuento del Centro para los Derechos Reproductivos.

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