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El vigía del poder

Hoy la principal amenaza contra la democracia es utilizarla contra sus propios ciudadanos al privarles de libertad de expresión

Antonio Caño, junto a otros premiados en la Casa de América.
Antonio Caño, junto a otros premiados en la Casa de América.Julián Rojas

Para el presidente Eisenhower la libertad era el valor fundamental de la democracia, pues no en vano había dirigido el mayor ejército conocido contra la peor dictadura totalitaria que ha conocido la Humanidad. Él dijo una vez que “la historia de los hombres libres nunca fue escrita por casualidad sino por elección; ¡su elección!”

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Hoy en día, gracias entre otros a líderes como Eisenhower, la principal amenaza contra la democracia no es el totalitarismo nazi ni estalinista. Me atrevería a decir que ni siquiera lo es el terrorismo global islamista. Hoy la principal amenaza contra la democracia es utilizarla contra sus propios ciudadanos al privarles de libertad de expresión. La historia nos ha enseñado que los procedimientos democráticos pueden ser imitados por regímenes autoritarios con sólo prescindir de un elemento: la libertad de expresión y su correlato público, que es la libertad de prensa. Allí donde no hay libertad de prensa se podrá decir que hay democracia formal, pero no existe democracia material, real. Uno de esos casos donde la corrupción del Estado de Derecho empieza por el acoso y silencia miento a la prensa, al vigía del poder es el que ofrece al mundo el régimen bolivariano que impera en Venezuela.

La necesidad de recordar la importancia de la libertad de prensa como garantía de la democracia es lo que nos ha movido a los miembros de la Fundación Eisenhower Fellowships a promover el Premio First Amendment (Primera Enmienda) concediéndolo en reconocimiento a quienes han destacado en la lucha y defensa del derecho a la información de todos los ciudadanos.

En 1791 el Congreso norteamericano promulgó la primera enmienda que abre el Bill of Rights de la Constitución de los Estados Unidos. En esta primera enmienda se prohíbe al legislador que adopte cualquier medida que, en definitiva, coarte la libertad de pensamiento, en cuyo ámbito se reconoce expresamente la libertad de expresión.

Es muy significativo que el Bill of rights de la constitución norteamericana se abra con la garantía de las libertades de conciencia, expresión e información. El Congreso tenía plena conciencia de que una prensa libre constituye la piedra angular del estado democrático. Tomas Jefferson, años atrás, ya había defendió que la esencia del Gobierno americano debía ser una opinión pública libre.

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Estados Unidos se convirtió así en un modelo de reconocimiento avanzado de la libertad de prensa. Un modelo que apuntala posteriormente la famosa sentencia del juez Brandeis en el caso Whitney contra California. En esa Sentencia se afirma que un país libre es aquel en el cada uno posee libertad de conciencia y libertad para decir lo que piensa. Estas libertades son, señala el juez Brandeis, un medio indispensable para descubrir y difundir las verdades políticas. El coste de oportunidad de no garantizar esa libertad resulta evidente para el juez: pueblo inerte en el que no puede existir la libertad.

Estas afirmaciones, posteriormente completadas por otros fallos han resultado esenciales para la historia y desarrollo de la democracia en todo el mundo.

Europa acogió también estos postulados, aunque inicialmente lo hizo con mayores prevenciones. La doctrina ha destacado la desconfianza original hacia las libertades de expresión de las primeras constituciones y legislaciones europeas. Una libertad que, en efecto, se reconocía y promulgaba, aunque enseguida era sometida a un elenco expresamente desatado de limitaciones, generalmente justificadas en la defensa del honor y el orden público.

Sin embargo, muy pronto esos límites comenzaron a ser interpretados por los Tribunales Constitucionales de un modo muy restrictivo, dando lugar a una jurisprudencia, a un reconocimiento de la libertad de prensa, sumamente generoso, equiparable al que funcionaba en el modelo norteamericano.

La plasmación de esta relevancia ha sido realizada de forma muy significativa, dada su especialización en materia de derechos y libertades individuales, por la Corte Europea de Derechos Humanos. Para la Corte, la prensa posee la función esencial de ser el vigilante, el guardián de la democracia, corroborando así el papel que muchos atribuyen a la prensa de un verdadero “cuarto poder” de los estados democráticos.

Esta función de vigilancia, a juzgar por lo que la actualidad informativa nos muestra a diario, está hoy en plena forma. Nunca antes ha tenido el poder político que ser tan cuidadoso en su gestión, rendir tantas cuentas y dar tantas explicaciones a la ciudadanía. Hans Christian Andersen lo dijo de un modo más contundente: “la prensa es la artillería de la libertad”.

La prensa libre, destacan siempre y acertadamente los expertos en Derecho Constitucional, es el antiséptico esencial de las democracias. Sin ella la corrupción y el despotismo amenazan, más a la corta que a la larga, al cuerpo social.

Este es el papel que nuestro premio Primera Enmienda quiere reconocer, distinguiendo a aquellos que han destacado en su defensa y promoción de la libre información y del pluralismo de ideas como sostén principal de una sociedad democrática. Desde la primera edición hemos querido reconocer, en Washington y en Madrid, el destacado papel de diversos periodistas españoles, entre ellos a Juan Luis Cebrián el siguiente año y a Gloria Lomana en las dos últimas ediciones.

En esta ocasión, Antonio Caño, director de EL PAÍS, ha sido reconocido con el premio principal First Amendment, en alusión al precepto constitucional norteamericano donde se recoge la sagrada libertad de expresión, freedom of speech como uno de los pilares de la democracia de los EEUU. Caño y El País son sinónimo de periodismo comprometido y, acudiendo a la imagen creada por la Corte Europea de Derechos Humanos, de un periodismo vigilante del poder.

El periódico editado por el Grupo Prisa nació de las manos principales de Polanco y Cebrián al tiempo que la democracia retornaba a España. Desde entonces, en esos 40 años de existencia El País ha noticiado, informado y opinado sobre la realidad pública española durante décadas, lo que les convierte a diario y a los informadores -representados hoy por Antonio Caño-, en una referencia insoslayable en el mundo de la información.

Todos ellos poseen una dilatada y conocida actividad profesional que ha dado lugar a verdaderos hitos informativos. Esta correspondencia con la opinión pública sólo está al alcance de profesionales de la información curtidos y con capacidad de destacar la amplia gama de matices bajo los que muchas veces se muestra la vida política y social.

Hace unas semanas Antonio Caño salía al encuentro del futuro utilizando las nuevas tecnologías para los viejos fines del periodismo de una forma nueva, en constante diálogo con sus lectores, declarando su compromiso con la generación de opinión pública digital, donde seguirán defendiendo la libertad de expresión y la libertad de prensa frente a las hordas de los trolls y los guardianes de lo políticamente correcto.

Si, como dijo Joseph Pulitzer “las naciones prosperan o decaen simultáneamente con su prensa”, el trabajo de nuestro galardonado con el premio First Amendment simboliza también la confianza en que la sociedad española todavía tiene resortes morales y cívicos para recuperarse de estos tiempos difíciles que nos ha tocado vivir.

Javier Cremades es abogado y presidente de la Asociación Española de Eisenhower Fellows.

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