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La ONU pide proteger a los migrantes víctimas de la violencia en Centroamérica

Sólo en Honduras hubo 174.000 desplazados internos por la violencia pandillera

Presuntos líderes de pandillas salvadoreñas, bajo la custodia de efectivos de seguridad gubernamentales, el pasado mayo en Tegucigalpa.
Presuntos líderes de pandillas salvadoreñas, bajo la custodia de efectivos de seguridad gubernamentales, el pasado mayo en Tegucigalpa.AFP

La Agencia de Refugiados de Naciones Unidas, ACNUR, ha encendido las alarmas. Sin cifras certeras, pero con la evidencia de un repunte de movilización como el provocado por las guerras centroamericanas de los años ochenta (aunque con circunstancias distintas), la agencia lanzó ayer en Costa Rica un “llamado a la acción” para que toda la región procure la protección de los miles de migrantes por causa de la violencia de pandillas en el llamado Triángulo norte, compuesto por El Salvador, Guatemala y Honduras. La ACNUR solicita mejorar los sistemas de asilo para la población.

Tenía 12 años cuando un quinceañero de la mara 18 se enamoró de ella al punto de querer llevársela forzada a otro pueblo. Era 2013 en El Salvador y nadie sensato habría imaginado a esa niña, Julia, resistiéndose contra la intención del pandillero y, por tanto, de la pandilla. Su familia estaba desintegrada y la única posibilidad fue llamar a su tía que vivía en Costa Rica para que la ayudara a huir de la espiral de violencia. Viajó sola en autobús y el 24 de setiembre de 2013 pisó suelo costarricense, donde hoy vive con estatus de refugiada.

Su expediente en la Dirección de Migración y Extranjería de Costa Rica señala que la corrupción del sistema salvadoreño y la posible filtración de las maras la dejaba ante una absoluta desprotección frente a la amenaza de la pandilla. Por eso le aprobaron el refugio, como lo otorgan también a cada vez más salvadoreños que huyen de la violencia, al igual que escapan también de Guatemala y Honduras en la actual crisis de desplazados que ha obligado a la ACNUR a encender todas las alarmas.

Después de registrar en 2015 110.000 solicitudes de refugio de estas nacionalidades en otros países de Centroamérica y Norteamérica (una cifra 20 veces mayor que la del 2010), la ACNUR ha considerado necesario encender las luces de emergencia para que la región atienda a esta población y evite que quede en el limbo legal internacional, sin descuidar tampoco las complejas causas de la violencia pandillera en los tres países.

En Honduras hubo 174.000 desplazados internos por la violencia pandillera, según estudios de ACNUR en 12 de los 23 departamentos. En El Salvador el territorio es de menos de 20.742 kilómetros cuadrados y la opción más segura es salir del país, como señalaron los técnicos en el caso de Julia.

La ACNUR y la Organización de Estados Americanos (OEA), con representantes de todos los gobiernos centroamericanos, intentan fijar un punto de partida para llamar la atención internacional y lograr que se amplíen y robustezcan los sistemas de asilo o refugio a esa población. “Es una situación sin precedentes”, dijo ayer el Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados, Filippo Grandi, durante el encuentro en San José, capital del país centroamericano que en 2015 recibió 2.203 solicitudes de asilo, un 120% de las atendidas en el año 2013, cuando lo hizo Julia con ayuda de su tía. Del total de peticiones, un 46% procede de salvadoreños.

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México y Estados Unidos registran volúmenes mayores de solicitudes de población que huye de las extorsiones y amenazas de las maras, las pandillas que crecieron en el Triángulo norte alimentadas por la exclusión social y la herencia de las guerras de los ochenta, incluidas las armas. Las instituciones estatales han sido incapaces de proteger a la población y más bien las bandas criminales han logrado incidir en la dinámica política. Hay territorios controlados por las pandillas, que ejercen su poder mediante extorsiones, reclutamientos forzados, violaciones o asesinatos con exposición pública. “Es un escenario muy particular porque no huyen de las guerras ni hay un conflicto político central”, señaló Grandi, que resaltó similitudes con los desplazamientos forzados en Colombia e insistió también en atacar directamente las causas de la migración forzada.

“Es la primera vez que se habla sobre esto. Hay que luchar para que se siga hablando y actuando para garantizarles protección, con sistemas más amplios y más robustos”, añadió Grandi.

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