La crisis golpea a un miembro estratégico de la Alianza Atlántica

Turquía es el país más protegido del convulso vecindario sur de la Unión Europea. Pertenece a la OTAN y es un interlocutor preferente de Europa, especialmente desde que el club comunitario le confió el control de las llegadas de migrantes a las islas griegas. Pero ante un intento de golpe de Estado como el ocurrido este viernes, tanto la Alianza Atlántica como la UE tienen un papel muy limitado. Fuentes diplomáticas y aliadas alertan de que el Tratado de Washington, que regula desde 1949 la relación entre los países miembros, protege a los aliados de un ataque, pero este tiene que ser externo.

La OTAN actúa solidariamente en caso de ataque contra uno de sus miembros, pero esa agresión debe ser externa. El renombrado artículo 5 de la Alianza, que dispone que todo ataque contra uno de sus miembros debe ser considerado una amenaza contra toda la organización, contempla solo casos de agresiones -terroristas o de otro tipo- provenientes del exterior. Por eso Estados Unidos pudo invocarlo el 11 de septiembre y, en cambio, Grecia no pudo hacerlo en la revuelta de los coroneles de 1967, cuando la dictadura militar se hizo con el control del país pese a formar parte de la Alianza desde 1952.

El artículo 5 del tratado se limita a constatar: “Un ataque armado contra uno o más miembros de Europa o Norteamérica será considerado como un ataque contra todos”, sin identificar el origen. Pero las fuentes consultadas recuerdan los casos tanto de Grecia en 1967 como de Portugal en 1975. Ambos eran miembros de la organización –y continuaron siéndolo- con sus cambios de régimen, hacia la dictadura militar en el caso de Grecia y hacia la democracia en el caso de Portugal. Y ninguno de sus Gobiernos en aquel momento pidió auxilio a la organización ni cambió su estatus por sus convulsiones internas.

La única vez en la historia de la Alianza que se ha invocado el artículo 5 (la verdadera fortaleza de la OTAN porque abre la vía a esa defensa colectiva de los 28 aliados) fue el 11 de septiembre de 2001. Entonces Estados Unidos entendió que sufría una amenaza externa a su sistema y halló la solidaridad del resto de miembros.

Con esas limitaciones, tanto a la Alianza Atlántica como a la UE no les queda mucha más opción que intentar influir –y maniobrar- políticamente en Ankara. Ambas se juegan mucho. Para la OTAN, Turquía representa el único aliado en el escenario de inestabilidad extrema que representa el vecindario sur de Europa. Para protegerla de la guerra en Siria, la Alianza ha proporcionado al Gobierno de Ankara una defensa consistente en instalar misiles Patriot para repeler cualquier tipo de agresión proveniente de la vecina Siria.

Más recientemente, la OTAN acordó la semana pasada en Varsovia, en su cumbre bienal, prestar aviones de vigilancia de largo alcance (los AWACS, uno de los pocos activos en manos de la Alianza) para supervisar, desde Turquía y desde el espacio aéreo internacional, la situación en Siria y en Irak.

Pese a acometer esos proyectos defensivos, Turquía se ha convertido en un aliado incómodo para la OTAN. El giro del presidente Recep Tayyip Erdogan, que pasó de no querer enemistarse con nadie a enfrentarse con casi todos los socios exteriores, colocó a la Alianza en una situación complicada, cuando las fuerzas armadas turcas derribaron un caza ruso que invadió el espacio aéreo de su país. Fue una situación tensa que podía haber generado una intensa crisis y que llevó a la OTAN a defender verbalmente a su aliado, aunque con un perfil muy bajo.

Un socio clave

Más que para la organización defensiva, las repercusiones del intento de golpe impactarán de lleno en la UE. Turquía se ha convertido en un socio clave para la Unión porque ha logrado en pocas semanas lo que nadie consiguió durante el año y medio anterior: frenar los flujos de migrantes y refugiados que durante 2015 transportaron a cerca de 900.000 personas desde las costar turcas hasta las griegas. En abril de este año, tras la firma en marzo del acuerdo migratorio que contemplaba la devolución a Turquía de todo extranjero que pusiera un pie en Grecia, las llegadas prácticamente se interrumpieron. Y la tendencia continúa.

Si el Gobierno de Erdogan cae, Bruselas se queda, en principio, sin interlocutor válido para proseguir el acuerdo. De entrada, los riesgos de afluencia masiva son bajos porque a una dictadura militar se le supone un control férreo de las fronteras exteriores. Pero está por ver que las nuevas autoridades del país se sientan vinculadas por un acuerdo que las obliga a mantener a los refugiados en su territorio (e incluso a acoger a los que hayan logrado cruzar a suelo comunitario) a cambio de eliminar el requisito del visado a los turcos que quieran desplazarse a la UE y de conceder hasta 6.000 millones de euros a Ankara para atención a los casi tres millones de refugiados sirios e iraquíes que acoge el país.

La alta representante para la Política Exterior Europea, Federica Mogherini, ha llamado “a la calma y al respeto por las instituciones democráticas” en su cuenta de Twitter. La jefa de la diplomacia europea ha asegurado estar “en permanente contacto” con la delegación europea en Ankara.