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Este contra Oeste por los salarios

Bruselas ignora la tarjeta amarilla que esgrimen 11 Estados por combatir el dumping social

Lucía Abellán
Protestas contra la reforma laboral en Francia.
Protestas contra la reforma laboral en Francia.CHRISTOPHE PETIT TESSON (EFE)

La figura del fontanero polaco se hizo célebre cuando la Unión Europea acometió su mayor ampliación y acogió a 12 Estados nuevos entre 2004 y 2007. De ser un elemento anecdótico, ese fenómeno del trabajador desplazado desde su país a otros con salarios más elevados creció un 50% entre 2010 y 2014. Casi a la misma velocidad aumentaron los recelos a esos empleados con pasaporte comunitario que realizan el mismo trabajo que un local, por menos dinero. Para evitar conflictos, la Comisión Europea decidió endurecer la ley, pero se ha topado con una situación poco común: 11 países (básicamente los del Este) le han sacado tarjeta amarilla para que guarde en el cajón la nueva norma. Al mismo tiempo, algunos del Oeste –principalmente Francia- presionan para que la directiva sea más ambiciosa.

Tras casi cuatro meses de debate, el Ejecutivo comunitario ha tomado su decisión: seguirá adelante con la norma que iguala los salarios de nacionales y extranjeros cuando el trabajo se realiza en un mismo país. Pese al llamamiento colectivo a modificarla, el colegio de comisarios tiene previsto aprobar este miércoles, sin cambios, la misma propuesta de directiva que presentó en marzo la comisaria de Empleo, Marianne Thyssen. "Para algunos países, la iniciativa surge demasiado pronto y va demasiado lejos; para otros, resulta insuficiente y llega tarde. Nosotros confiamos en que traiga más equidad al mercado de trabajo", argumenta Thyssen en un encuentro con varios medios europeos.

El problema es poco relevante desde el punto de vista de las cifras (los trabajadores desplazados solo representan un 0,7% de la fuerza laboral en la UE), pero combina elementos de alta sensibilidad política. Por un lado, los recelos que sienten muchos empleados locales hacia el extranjero que compite deslealmente al desempeñar un trabajo similar, peor remunerado. “Es un derecho fundamental que los trabajadores reciban un salario igual por un mismo trabajo. Cualquier empresario honesto debería pagar lo mismo en un mismo país, no menos al trabajador que venga de otro sitio”, defiende Liina Carr, de la asociación europea de sindicatos (ETUC, por sus siglas en inglés).

Sueldos un 50% inferiores

El sistema, además, se presta a abusos y hay empresas que fijan su sede artificialmente en países del Este para poder enviar trabajadores (sobre todo de construcción y servicios) a Estados ricos. La ventaja competitiva es enorme: la remuneración puede diferir un 50% según dónde esté radicada la compañía.

El otro elemento de alto voltaje consiste en que, por tercera vez en la historia, más de un tercio de los Parlamentos nacionales le han dicho a Bruselas que frene una ley porque no respeta el principio de subsidiariedad. Ese principio consiste en que, cuando un problema puede resolverse con legislación nacional, la UE debe abstenerse de intervenir.

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Aunque la Comisión es consciente de que el clima es poco propicio para ignorar las demandas nacionales –el Brexit se cimentó en la tesis de que Bruselas ejerce un poder omnímodo contrario a la voluntad del pueblo-, la iniciativa prosigue. “Lo que nos preocupa después del Brexit es que haya falta de equidad. En este caso, no actuar no es una opción", esgrime la comisaria.

Polonia envía, Alemania recibe

Aunque el fenómeno de los trabajadores desplazados ha evolucionado mucho en los últimos años, las normas que lo regulan datan de 1996. La directiva obliga a que el trabajador (por ejemplo, el eslovaco que trabaja en Bélgica) cobre al menos el salario mínimo belga y tenga cubiertos derechos básicos como la sanidad.

Con las nuevas reglas, que ahora deberán ser negociadas entre el Consejo Europeo –representa a los Estados miembros- y el Parlamento, el empleado eslovaco deberá cobrar lo mismo que un belga que desempeñe idéntica tarea y se le aplicarán algunos elementos de los convenios colectivos del país receptor. Su labor, además, tendrá un tope temporal: dos años. A partir de ese momento pasará a regirse enteramente por las normas laborales del país de acogida. Y deberá cotizar a la Seguridad Social allí.

Alemania, Francia y Bélgica atraen a la mitad de todos los trabajadores desplazados de la UE. Y aunque Polonia es el país que más envía, también Francia y Alemania se sitúan entre los principales emisores. España, que ha apoyado a la Comisión en esta iniciativa, también ocupa posiciones relevantes en los dos grupos: es el quinto país europeo que más empleados envía a otros y el octavo que más recibe. La tendencia, sin embargo, es decreciente como país receptor y creciente como emisor, según datos oficiales de 2014.

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Sobre la firma

Lucía Abellán
La redactora jefa de Internacional de EL PAÍS ha desarrollado casi toda su carrera profesional en este diario. Comenzó en 1999 en la sección de Economía, donde se especializó en mercado laboral y fiscalidad. Entre 2012 y 2018 fue corresponsal en Bruselas y posteriormente corresponsal diplomática adscrita a la sección de España.

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