Erdogan anuncia una reforma para controlar al Ejército y los servicios secretos

El fallido golpe de Estado del pasado 15 de julio ha desvelado grandes brechas en los servicios secretos turcos, que comienzan ahora a hacerse más claras. El ejecutivo de Recep Tayyip Erdogan ha revelado este sábado que su agencia de inteligencia investigó durante más de dos años los mensajes intercambiados a través de una aplicación de mensajería instantánea por cientos de personas miembros, afirman, de la cofradía de Fetulá Gülen, a quien Ankara acusa de estar tras el golpe. Erdogan ha anunciado este sábado que impulsará una reforma constitucional por la cual tanto el jefe del Ejército como el del servicio secreto serán sometidos a su control directo.

Erdogan ha asegurado en una entrevista en la cadena de televisión A-Haber, recogida por la agencia France Presse, que llevará al Parlamento "un pequeño paquete constitucional" que, de ser aprobado, pondrá al máximo responsable de la Organización Nacional de Inteligencia y de las fuerzas armadas bajo las órdenes de la presidencia. También ha informado de que cerrará todas las escuelas militares y de que creará una "universidad nacional militar", como parte de una amplia reorganización de las fuerzas armadas. Durante la entrevista, el presidente ha afirmado que Gülen es "solo un peón" y que hay un "cerebro" realmente responsable de la intentona golpista.

Los analistas no fueron capaces de prever el levantamiento militar del pasado 15 de julio a raíz de estos mensajes encriptados, transmitidos con la aplicación ByLock desde 2014 y hasta mayo de 2016. Pero su uso, afirman fuentes del Ejecutivo de Erdogan, ha dejado al descubierto a unos 40.000 “operativos ocultos” de lo que denominan “la Organización Terrorista Fetulá”. El Gobierno investiga el uso de este chat y afirma que los participantes del intento de golpe se comunicaron a través de esta aplicación. Los miembros del chat, aseguró este sábado el Gobierno turco tras una investigación publicada por el Wall Street Journal, descubrieron en mayo que estaban siendo investigados y trasladaron su grupo a otra aplicación de mensajería instantánea que sí pudo usarse, afirman, los días previos a la asonada.

Mientras los arrestos y las represalias a quienes supuestamente participaron en el golpe fallido continúan —este sábado, por ejemplo, un tribunal de Estambul dictó orden de prisión contra 17 periodistas por su presunta participación en el levantamiento—, el Gobierno turco tomó este sábado una medida de distensión. Las autoridades dejaron en libertad a 758 soldados y 62 cadetes que llevaban días detenidos por su supuesta participación en la asonada, que se saldó con más de 16.000 detenciones y una purga de 65.000 personas, entre destituidos (unos 50.000) y (detenidos unos 16.000).

Purgas que han sido criticadas por la Unión Europea y Estados Unidos y a quien en un discurso incendiario el viernes por la noche Erdogan llamó a no involucrarse. “Occidente ofreció sus condolencias y enseguida empezó a mostrar su preocupación sobre los arrestos y despidos. Métete en tus asuntos. Ningún representante de la Unión Europea o de Occidente ha venido aquí para ofrecer sus condolencias”, dijo el presidente. “Quienes se plantaron delante de los tanques escoltaron una nueva era. Ningún país que se preocupe más por el futuro de los golpistas que por la democracia en Turquía puede ser nuestro amigo. Debemos mantener relaciones diplomáticas con ellos, pero no hay espacio para ellos en nuestros corazones”, agregó.

No obstante, para tratar de calmar un poco los ánimos, Erdogan anunció que retirará todas las demandas contra los acusados de haberle insultado en los pasados meses. "Por una sola vez, voy a perdonar y retirar todos los casos en contra de las muchas faltas de respeto e insultos contra mi persona", declaró en una entrevista en la madrugada del viernes al sábado en la cadena CNNTürk. Alrededor de 2.000 personas —desde humoristas a periodistas o personajes públicos— se enfrentan a demandas por injurias contra el jefe de Estado en los dos años de su presidencia, un delito que puede conllevar penas de hasta 5,5 años de prisión.