Corrupción en red

El estruendo de los fuegos artificiales con que se abrieron los Juegos Olímpicos en el Maracaná no alcanzó para sofocar otro estallido: el caudal de información que está publicando la prensa parece acorralar a toda la clase política brasileña con escándalos de corrupción.

El viernes pasado el presidente interino Michel Temer casi no alcanza a inaugurar las olimpíadas. La muchedumbre no necesitó ver su rostro en las pantallas. Le alcanzó con escuchar su voz para desatar la silbatina. Esa tarde la revista Veja publicó una confesión judicial del máximo empresario del país, Marcelo Odebrecht, informando que para la campaña de 2014 entregó 10 millones de reales en efectivo a la dirección del PMDB, a pedido de Temer, entonces candidato a vicepresidente de Dilma Rousseff, y de Eliseu Padilha, quien ahora se desempeña como jefe de la Casa Civil.

Dos días más tarde, Folha de Sāo Paulo salpicó a José Serra. El canciller debe ahora defenderse de los directivos de Odebrecht, que le acusan de haber recibido 23 millones de reales cuando era candidato a presidente, en 2010.

El Partido de los Trabajadores, desplazado, podría festejar si no fuera por los sobresaltos de su propia pesadilla. El mismo viernes en que crucificaban a Temer, los cuatro fiscales que conducen la investigación Lava Jato, sobre circulación de sobornos a través de Petrobrás, dejaron trascender un documento en el que señalan que el ex presidente Lula da Silva, además de conocer el submundo de esa petrolera, se aprovechó de él.

La ola pestilente terminó mojando a Dilma. Joāo Santana, el zar del marketing político del PT, reveló que la presidenta bajo impeachment estaba al tanto del dinero negro que solventaba su proselitismo. Más aun: lo administraba. Hasta ahora Rousseff había estado a salvo de imputaciones directas. Santana y su esposa, Mónica Moura, acaban de obtener la libertad condicional a cambio de fianzas multimillonarias. Estaban en la cárcel de Curitiba.

Mientras en el campo de juego se dirimen los torneos, en las tribunas de Brasil se despliegan otros duelos. “Fora Temer” contra “Fora Dilma”. Las consignas apenas disimulan la incertidumbre. Y, con ella, las especulaciones. ¿Habría un bloque de senadores dispuestos a votar en contra de la caída de Rousseff si ella se compromete a llamar a elecciones anticipadas? Es una hipótesis que prevalece entre los diplomáticos de Brasilia, sobre todo desde que la consultora Datafolha divulgó que 62% de los ciudadanos preferiría votar cuanto antes.

Las irregularidades que afloran alrededor de Petrobras no sólo lastiman a los partidos tradicionales de Brasil. Tienen también una dimensión internacional. Santana, el gurú de las campañas de Lula y Dilma, reveló que cuando trabajó para Hugo Chávez y Nicolás Maduro, también sus honorarios fueron solventados con dinero negro de Odebrecht. El escándalo de la petrolera ya había cruzado la frontera. Al ministro de Planificación de Néstor y Cristina Kirchner y actual diputado Julio De Vido, le atribuyen haber cobrado para autorizar la venta del 50% de una subsidiaria argentina de Petrobras, Transener, a la firma Electroingeniería, cercana al matrimonio gobernante. En la operación habría intervenido José Roberto Dromi, antiguo ministro de Infraestructura de Carlos Menem y asesor simultáneo de De Vido y de Electroingeniería. Los dueños de esta empresa rechazan la imputación. El acusador fue un arrepentido brasileño cuyo nombre no podría ser más adecuado para estas transacciones energéticas: Jorge Luz.

Los canales del dinero sucio llegan hasta Chile. El ex diputado chileno Marco Enríquez Ominami, figura estelar del progresismo de su país, fue señalado por un directivo de la brasileña OAS por haber aceptado un avión de la empresa durante la campaña presidencial de 2013. Enríquez Ominami, que cultiva una vieja relación con el PT, está en carrera para las elecciones del año próximo. Pero esta revelación lo ha dañado.

A medida que los jueces y la prensa van corriendo el velo, se confirma el alcance regional de estos negociados. Al derrumbe del kirchnerismo le sucede un deshielo informativo que inunda las crónicas argentinas de detalles tenebrosos. Entre ellos están los intercambios con Venezuela. Hace seis años, el embajador de Néstor Kirchner ante Hugo Chávez, Eduardo Sadous, había denunciado la existencia de una embajada paralela. Se dedicaba a extorsionar a las empresas que proveerían alimentos, medicinas o maquinarias argentinas a cambio del combustible que suministraba PDVSA. Cuando estuvo delante de los jueces, Sadous no consiguió que alguno de los empresarios que le había informado sobre esas exacciones acompañara su testimonio. Terminó procesado.

Ahora sus dichos se confirman. La justicia argentina investiga los escandalosos sobreprecios que ha venido pagando, a través de PDVSA, el Ministerio del Poder Popular para la Salud, para adquirir medicamentos argentinos. En el centro del escándalo aparece el empresario José Levy, ligado a José María Olasagasti. Es el secretario privado de De Vido, el ex ministro al que acusaron desde Petrobras.

Al repasar la situación de la región se advierte que la corrupción se ha convertido en algo más grave que una deformación ético-institucional. Ha cambiado la fisonomía de la política. Y está facilitando la instalación de una nueva clase social: las mafias que se conectan en una red internacional.

Este tipo de delincuencia necesita de condiciones especiales para prosperar: circuitos de dinero informal; acceso al mercado cambiario clandestino; e instituciones fisuradas, que provean impunidad. Establecida esta atmósfera emergen otros males: del narco al terrorismo. La opacidad en los negocios determina, entonces, una forma de alineamiento global.

Estas son las razones por las cuales la transparencia es hoy un bien estratégico a conquistar. Como lo fue la democracia, después del largo y sanguinario ciclo de golpes militares.