Colombia intensifica la presión a los migrantes cubanos

La calle 8 Miami, como bautizaron al lugar que habitaban los cubanos que permanecían desde hace tres meses en Turbo, un pueblo de Colombia ubicado en la frontera de Panamá, empieza a verse vacía. En los últimos cinco días han salido más de 400 migrantes ante el temor de ser deportados a Cuba. El Gobierno colombiano se mantuvo en la posición de no ceder a la petición de facilitar un puente humanitario que los lleve hasta México por el peligro que corren debido al cierre de la frontera con Panamá que los obliga a tomar una ruta que implica atravesar la selva del Tapón del Darién.

El anuncio del Ejecutivo que avisa de que si no se van por sus propios medios, serán deportados, se suma a la presencia de la Policía en hoteles y a unos panfletos que rotan por el pueblo advirtiendo que quien hospede a algún migrante podría estar incurriendo en un delito. “Uno no sabe qué hacer porque así traigan pasaporte no se pueden quedar”, dicen desde la recepción de un humilde hostal.

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William Patiño, director de Migración en Antioquia, explica que son medidas para enfrentar el tráfico ilegal de personas. “Se trata de piezas informativas para que los ciudadanos sepan lo que dice la ley sobre el tema de migrantes. La idea sigue siendo que ellos salgan de acuerdo con el salvoconducto que les hemos dado para permanecer unos días en el país hasta que encuentren cómo irse”, asegura el funcionario.

La recomendación de las autoridades también ha puesto en aprietos a la población de Turbo que, como muestra de solidaridad, ha brindado ayuda a los cubanos. “Les he dado comida y elementos de aseo, además sabemos que a las mujeres embarazadas se les ha ofrecido hospedaje en algunas casas ¿Qué de malo tiene?”, se pregunta una mujer que prefiere no decir su nombre y que despide a un grupo de cubanos desde el muelle el Waffe, de donde parten las embarcaciones rumbo a Capurganá, en donde desembarcarán y continuarán un camino por selva hasta llegar a algún punto de Panamá y continuar por Centroamérica hasta llegar a México y pisar Estados Unidos.

Jorge Noél Rovira, de 23 años, alistaba este domingo su viaje. “La idea es irnos por tarde el martes. No hay opción. Está saliendo los grupos grandes y tengo que aprovechar para que me ayuden con mi mamá”, cuenta. Él ha viajado desde Quito, en donde vivía con su madre desde hace un año y medio. En abril pasado estuvo atrapado varias horas en una carretera de Ecuador tras el devastador terremoto. “Ya que logré sobrevivir después de que varias rocas cayeron por una carretera en la que viajaba, decidí salir de ahí con mi mamá porque la economía se puso difícil”, cuenta. A su lado, Gertrudis Orozco muestra algunas marcas que le han dejado las cirugías por un cáncer que padeció hace un tiempo. Le dice a su hijo, Jorge, que si viajan acompañados podrán llegar a Estados Unidos. “Hay que irnos con calma”, repite.

A medida que las camas improvisadas, armadas con plásticos y palos, en las que dormían los cubanos de la calle 8 de Miami se empiezan a desalojar, algunos abogados han empezado a hacer presencia en la zona. Juan Esteban Montoya es uno de ellos. Llegó desde Medellín por voluntad propia, "motivado por lo que veía en los medios", dice. Se ha reunido con los migrantes que quedan y prepara una acción judicial contra la Cancillería. “Se van a tutelar los derechos al debido proceso legal que merecen los cubanos”. Además, dice que llevarán a organismos internacionales el caso. “Acá se está dando una vulneración a los derechos humanos. Ninguna persona puede ser deportada al país de origen sin un proceso administrativo y sin que se le garantice que a su regreso no les va a pasar nada, que no va a haber ninguna represalia”, asegura.

Liduine Zumpolle, una holandesa que trabaja por los derechos humanos en Colombia desde hace varias décadas y es representante de la corporación Manos por la Paz, también ha acompañado a los migrantes cubanos desde mucho antes de que explotara el drama de estos últimos días. “Desde octubre del año pasado he investigado la difícil situación que tienen que vivir los migrantes en el paso por Colombia y que se ha agudizado desde que Panamá cerró la frontera”, cuenta. Según ella, además de la ferocidad de la selva, los llamados coyotes han empeorado las condiciones de quienes intentan pasar hacia el país vecino.

“Es una mafia establecida con complicidad, muchas veces, de las autoridades”. Ella habla del incierto en el que quedan las personas que intentan pasar una vez entran a la selva y de su intento por hacer la travesía acompañando a un grupo de migrantes. “Seguí un grupo de cubanos, pero los coyotes no dejan pasar a cualquiera. Nos impidieron el paso. A ellos no los dejan tomar fotos en el camino, les roban lo poco que llevan o los estafan prometiéndolos que los van a guiar, pero al final los dejan abandonados”, cuenta Zumpolle.

Las autoridades colombianas insisten en decir que la responsabilidad del país llega hasta que desembarcan en Capurgarná. De ahí en adelante lo que sucede solo lo saben quienes han tenido la valentía de seguir su ruta hacia Estados Unidos por la selva.