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Perú investiga un supuesto escuadrón de la muerte

Un informe apunta a ejecuciones policiales en operativos impostados

Entre 2012 y 2015, en seis operaciones armadas para supuestamente desbaratar secuestros o robos, 96 agentes de la Policía Nacional de Perú terminaron con la vida de 27 personas –algunos, sospechosos de ser delincuentes, desarmados–. Pese a que el caso fue presentado por la Inspectoría de la Policía al Ministerio Público en 2015, la institución dejó de colaborar con la Fiscalía y la pesquisa no avanzó. El nuevo ministro del Interior, Carlos Basombrío, ha designado una comisión investigadora del escuadrón policial de la muerte, mientras que el Fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, trasladó los expedientes a la fiscalía especializada en crimen organizado.

“Esto (el escuadrón) existió desde el 2011 hasta el 2015 sin que a nivel del Gobierno se haya reaccionado. No lo decían los medios, sino la propia Inspectoría de la PNP. Han hecho peritajes de la forma de los disparos, de espaldas, a 30 centímetros de las personas. Hay innumerables testimonios y evidencias, que apuntan a que esto existió y fue muy grave”, dijo Basombrío este lunes en el programa radial No Hay Derecho.

El diario La República, citando el informe de la Inspectoría de la Policía Nacional, reportó que los oficiales y suboficiales involucrados indicaban que los muertos se debieron a disparos en enfrentamientos con los supuestos delincuentes, pero en varios casos los restos daban negativo en las pruebas de absorción atómica –es decir, los sospechosos no habían disparado– y en las necropsias, los proyectiles habían ingresado a corta distancia y de arriba hacia abajo, esto es, en una posición de rendición y ejecución.

"Esto existió desde el 2011 hasta el 2015 sin que a nivel del Gobierno se haya reaccionado", denuncia el nuevo ministro del Interior

“En algún caso, un ministro ha estado muy cercano a los operativos. No estoy diciendo que tenga ninguna complicidad. El ministro Urresti ha aparecido ahí públicamente, ha llegado pocos minutos después, fuera de Lima, a uno de los operativos cuestionados”, añadió el titular de Interior.

El exministro de Interior (2014-2015), Daniel Urresti, sin embargo, dijo este lunes que no estuvo al tanto de dichos actos y que “solo dirigía la política pública”, pese a que durante su gestión vestía prendas de la Policía Nacional para acompañar a los agentes en operaciones y en reuniones de balance de operaciones, hechas principalmente para la televisión.

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Las muertes, ocurridas durante cuatro acciones en Lima y otras dos en Chincha (sur de Lima) y Chiclayo (al norte del país), estaban siendo investigadas por fiscalías en tres sedes diferentes; ahora todas estarán a cargo de un mismo fiscal en la capital.

El informe que la Inspectoría trasladó en 2015 al Ministerio Público, sostiene que un grupo de policías de la Dirección de Inteligencia de la Policía Nacional sumados a personal de Inteligencia del Ministerio de Interior, dirigidos por el comandante Raúl Prado, con la Subunidad de Acciones Tácticas preparaban acciones que luego presentaban como supuestos logros de lucha contra la delincuencia. Perú es el país con mayor tasa de victimización por delincuencia en la región según en Latinobarómetro.

El informe sostiene que un grupo de policías impostó los operativos

En uno de los casos, el 18 de noviembre de 2012, murieron cuatro personas –tres agentes y un civil– y los policías que intervinieron aseguran que fue luego de frustrar el secuestro de Raúl Badillo Marcelo, un empresario dedicado al comercio de colchones, en Puente Piedra, al norte de Lima. Sin embargo, las investigaciones revelaron que ese día Badillo no estaba en la capital y que la información del supuesto preparativo del plagio fue filtrada por la Dirección de Inteligencia de Interior. El jefe de la operación fue el comandante Ernesto Gonzales, quien trabajaba entonces para la Dirección de Robos, a la que fue derivada la pesquisa policial de esos mismos hechos.

En septiembre de 2014, añade La República, Josué Candiote, el administrador de una empresa avícola, fue interceptado en Chincha por cuatro sujetos cuando llegaba en una mototaxi a su casa. Lo llevaron a un predio cercano y pocos minutos después, un grupo de agentes liderados por el comandante Prado disparó y asesinó a los hombres que ya se habían tirado al suelo. Poco después, el entonces ministro Urresti viajó desde Lima y relató que los agentes, llegados de la capital, habían tenido una acción rápida y que en el enfrentamiento con delincuentes armados, perdieron la vida.

En contraste, Candiote declaró a la Fiscalía de Chincha que “todos estaban en el suelo y los que dispararon fueron los policías”. También son parte del expediente de la fiscalía de Chincha las pruebas de absorción atómica que revelaron que los supuestos delincuentes nunca dispararon.

El 25 de julio la fiscal de Chincha Amanda Oroz solicitó la detención preventiva de los agentes que participaron en el hecho.

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