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Opinión
Tribuna
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La bisagra

El Congreso colombiano tiene la obligación de garantizar una elección limpia

Diana Calderón
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Hay puertas que tienen la posibilidad de no cerrarse nunca. Las giratorias, las que si acaso machacan un dedo, se trancan pero vuelven y funcionan, una vez las aceitan los interesados en que sigan al vaivén para su propio beneficio. Es lo está que está pasando en Colombia con la conocida como la puerta giratoria en la justicia.

Un señor de nombre Alejandro Ordóñez, conservador religioso para quien las mujeres que abortan son asesinas y los homosexuales merecen ser quemados en el infierno, llevaba 7 años como procurador general, un cargo que tiene como función principal velar por los derechos de los ciudadanos y disciplinar a los funcionarios públicos.

Su llegada en un primer periodo resultó esperanzadora y con algunas decisiones aplaudidas, hasta que empezó a mostrar sus afilados colmillos y llenó de rosarios y crucifijos los despachos de la entidad, irrespetándonos incluso a quienes rezamos pero no admitimos que se use esta camándula para hacer la política del fundamentalismo.

Una demanda contra su reelección instaurada desde 2013 por el jurista Rodrigo Uprimny, por considerar que hubo violación del artículo 126 de la Constitución que prohíbe a un servidor contratar a familiares de quienes tienen que ver con su nominación, vio la luz por fin esta semana. A Ordóñez, que había nombrado a parientes de magistrados de la Corte Suprema, órgano que lo postuló para su reelección, le terminaron su periodo faltando cuatro meses para entregar el cargo.

Usó todos los recursos para dilatar el fallo en su contra. Tretas jurídicas en busca de la prescripción y en contra de la dignidad de su investidura. Abusó de las recusaciones para amarrarse a la silla desde donde convirtió por años sus advertencias amenazadoras en investigaciones, y en objeto de sus venganzas a los funcionarios de este gobierno y a los servidores de izquierda.

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Minutos después de que la prensa anunciara la anulación de su reelección, este opositor del proceso de paz escoltado por su familia llegó al auditorio de la Procuraduría donde lo esperaban sus subalternos más fieles, quienes aplaudían a rabiar. Desde allí, sin ningún rubor, Ordóñez acusó al Consejo de Estado, del que alguna vez hizo parte y llegó incluso a ser su presidente, de estar dando cumplimiento a un supuesto pacto de La Habana: "su expulsión" y encontró en uno de sus amigos y defensores, el expresidente Álvaro Uribe apoyo para su delirio.

En la campaña del 'No' contra el plebiscito por la Paz, esperan ahora a Ordóñez para fortalecer no los argumentos sino la estrategia emotiva contra los acuerdos que se firmaron el pasado 24 de agosto entre las FARC y el Gobierno para poner fin a 50 años de conflicto. Lástima grande que no se unan al CD voces con mayor coherencia y posibilidad de elevar el nivel del necesario debate sobre la paz. Se les une un politiquero que se presenta como víctima o mártir para sentar las bases de su campaña presidencial en el 2018.

Para muchos la decisión del Consejo de Estado que ya había tomado una similar en 2014 cuando anuló la elección de los magistrados Francisco Ricaurte y Pedro Munar, pone fin al clientelismo judicial. No es así. A las 24 horas de anulada la reelección del procurador, la Corte Suprema, la misma que lo ternó haciéndose la de la vista gorda frente los favores burocráticos en el Ministerio Público, eligió a otro señor, Jorge Perdomo, para integrar la terna de la que el Congreso deberá escoger al sucesor de Ordóñez.

Pues el señor Jorge Fernando Perdomo, liberal, defensor de las minorías sexuales, o sea, lo opuesto en credos a Ordóñez, es el exvicefiscal de una de las más irresponsables fiscalías de este país y eso es mucho decir porque todos los que han llegado a ese cargo han terminado por sentirse "iluminados". El señor Perdomo, según sus propios amigos y no sus detractores, tenía garantizada la postulación, porque su exjefe Eduardo Montealegre, se encargó de entregar cargos a esos magistrados y a los congresistas que tendrán la tarea de elegirlo.

Ojalá que las minorías liberales que aplauden hoy la salida de quien les negó sus derechos no defiendan la llegada de Perdomo a la procuraduría, pues la corrupción, señores, no tiene género.

Aquí el tema es de transparencia. De respeto por la cosa pública. Con la promesa del posconflicto sobre el que empezamos a caminar, el Congreso colombiano tiene la obligación de garantizar una elección limpia. No se casen con el demonio, que aunque de blanco se vista, hay matrimonios de los que uno siempre se arrepiente.

Diana Calderón es directora de informativos y de @hora20 de Caracol Radio Colombia. Twitter @dianacalderonf

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