Los traficantes del ‘oro’ de Petrobras
Varios asesinatos de candidatos en Río de Janeiro destapan una trama millonaria de robo de petróleo
Cada vez que caía la noche en Duque de Caxias, en la región metropolitana de Río de Janeiro, un camión cisterna cruzaba un camino de tierra para entrar en una finca, en la que había una casa abandonada y un casero que plantaba lechugas como único testigo. Una vez dentro, el conductor agarraba una manguera negra escondida entre los matorrales, la encajaba en una perforación reciente y abría la válvula por donde circulaban miles de litros de crudo provenientes de un oleoducto de Petrobras a 1,5 kilómetros de allí. Esta operación, continua y supervisada por hombres armados con escopetas, constituía un enorme negocio para un grupo de milicianos (como se conocen a los grupos paramilitares en Brasil), cuyo control les costó la vida.
Entre los que se beneficiaban con la trama de robo de petróleo estaba Sérgio da Conceição de Almeida, alias Berém do Pilar, precandidato a concejal por el minoritario Partido Social Liberal (PSL) y conocido en su barrio como “el que se encargaba de la seguridad”. Estaban también sus socios, Denivaldo Meireles, vigilante y con vínculos con la milicia, y Leandro da Silva Lopes, precandidato a concejal por el Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB), que ya había sido detenido dos veces por presunto homicidio. Uno tras otro, los tres murieron con decenas de tiros disparados por unos encapuchados entre junio y julio de este año, engrosando así la lista de políticos asesinados en la Baixada Fluminense (región metropolitana) los últimos meses. Con ellos —excepto Denivaldo, que no estaba afiliado a ningún partido— son más de 10 los políticos o candidatos asesinados en la zona. Los homicidios no necesariamente tienen un móvil electoral —hay un crimen pasional y una pelea de tráfico—, pero ponen de manifiesto los peligrosos vínculos entre el crimen organizado y la política local.
La investigación de la policía señala ahora que quien los mató no estaba tan molesto con la ascensión electoral de las víctimas, sino más bien con el jugoso negocio que gestionaban. “No los han matado por el hecho der ser candidatos. Hay otro ingrediente que es crucial en época de elecciones: el dinero. Y eso mata personas”, explica el comisario Giniton Lages, de la Policía Civil de la Baixada Fluminense.
Los métodos empleados por los tres presuntos milicianos implicados no eran de aficionados. Habían logrado agujerear, sin provocar derrames, un oleoducto de 24 pulgadas e interconectar una segunda tubería por donde pasaban 20.000 litros de petróleo por hora y que se extendía por más de un kilómetro hasta llegar a la finca donde cargaban los camiones. La sofisticación del sistema indica, según las sospechas de la policía, que los ladrones contaban con la ayuda de empleados o exempleados de la petrolera, con conocimientos específicos de la empresa y que facilitaban información privilegiada.
Una vez extraído, el petróleo tiene diferentes usos comerciales que se están investigando: desde combustible para calderas industriales y de la industria naval, a materia prima para refinerías clandestinas. Hay datos que indican que los camiones viajaban hasta São Paulo, a más de 400 kilómetros de Río, lo que ampliaría la red comercial de los delincuentes mucho más allá de la Baixada Fluminense.
La extracción ilegal de combustible o su desvío no es una novedad. Tanto es así que a los que se lucran con ello ya se les conoce desde hace casi un década como la “mafia del petróleo” o la “mafia del combustible”. La jueza Daniela Assumpção Barbosa, titular de un juzgado en Duque de Caxias y responsable de controlar las campañas en el Estado de Río en 2014, va más allá y observa los lazos de los delincuentes con las luchas electorales de la zona.“Tenemos candidatos que están involucrados desde hace años con la mafia del combustible. Dominan los territorios donde están las las perforaciones ilegales, tienen almacenes de camiones y libran entre ellos una guerra de dominio de esos territorios y de los negocios”, explica.
El mismo día en que la Policía ejecutó la megaoperación que terminó con esa trama de extracción ilegal, el pasado día 8, una llamada anónima informaba de la existencia de otro punto de extracción de petróleo en Nova Iguaçu, a 22 kilómetros de allí. La perforación, con una capacidad de extracción aún mayor, era, no obstante, mucho más rudimentaria, pero sugiere que el robo de combustible de Petrobras puede estar repartido a lo largo de toda la red de tuberías de la compañía. “Todo indica que la perforación de Nova Iguaçu pertenece a otra milicia en la ciudad. Después de desarticular la estructura de Duque de Caxias, hubo una especie de efecto cascada. Impactados por la operación policial, una serie de denunciantes anónimos comunicaron la existencia de otros puntos de extracción para perjudicar el negocio de sus competidores.No cabe duda de que es un entramado que tiene una rentabilidad brutal”, explica el comisario Lages.
Petrobras, afectada por un enorme escándalo de corrupción que implicaba desvíos millonarios para las élites brasileñas, y Transpetro, responsable de la logística de transporte de los productos de la compañía, se negaron a proporcionar detalles sobre el caso. Tan solo afirmaron que están colaborando con la investigación y trataron de tranquilizar a los inversores al comunicar, en una carta aclaratoria enviada a la Comisión de Valores Mobiliarios de Brasil, que el robo no tiene un “valor material” que afecte a sus resultados de explotación o financieros.
La segunda fase de la investigación sigue ahora el rastro del dinero en busca de los autores intelectuales y materiales de los asesinatos de los tres milicianos que, a su vez, también pueden tener vinculaciones políticas. La investigación de los homicidios acabará agitando otro avispero: ¿se están beneficiando las campañas electorales con el dinero del crimen organizado, precisamente en las primeras elecciones en las que las donaciones de empresas están prohibidas por ley? La jueza Daniela Assumpção Barbosa lo tiene bastante claro: “La milicia en la Baixada siempre ha apoyado a las candidaturas”, afirma. “Resulta extraño que durante una campaña municipal en la que hay más candidatos que en unas elecciones nacionales, casi no haya publicidad en las calles de Duque de Caxias. Uno piensa: ‘¿Cómo pretenden esos candidatos llegar a la población?' Es difícil creer que sea por medio unos pocos segundos en la televisión. Cuando no se ve publicidad y la financiación legal se ha reducido [un 23% menos en el Estado de Río,según datos del diario O Globo], se empieza a entender que algunos están haciendo su campaña con recursos ilícitos, como la compra de votos, financiada, en la mayoría de los casos, por el crimen organizado”, asegura. “Dos de los asesinados eran precandidatos a concejal. ¿Emplearían ese dinero para costear sus candidaturas?”, se pregunta el comisario.“La investigación nos lo dirá, pero ya hay indicios de que sí”.
Radiografía de las muertes investigadas por su implicación política
En la Comisaría de Homicidios de la Baixada Fluminense se trabaja con este mapa de colores como si de un puzle se tratara. En él hay 13 asesinatos, cometidos desde noviembre de 2015 hasta la fecha, en los que hay algún indicio de móvil político. Las investigaciones, poco a poco, están desvelando los detalles de cada una de las muertes —las dos últimas se produjeron durante los Juegos Olímpicos—, aunque ninguno de los casos se haya resuelto todavía. Una vez más, los límites entre la actividad política de los candidatos y su convivencia con el crimen organizado son difusos.
De las 13 víctimas, 11 tenían vínculos con partidos políticos o, como en el caso de Manoel Primo Lisboa, asesinado en junio Nova Iguaçu, una intención clara de presentarse como candidato. Ni Denivaldo Meireles, uno de los miembros de la banda que robaba petróleo, ni Nelson Gomes Souza, que era exconcejal y primer suplente de São João de Meriti y víctima de una discusión de tráfico, fueron considerados por la Policía como objetivos políticos.
Entre las 13 víctimas, cinco estaban involucradas con actividades de la milicia: Leandro Da Silva Lopes, precandidato a concejal por el PSDB y detenido dos veces por presunto homicidio; el precandidato por el PSL, Sergio Da Conceição De Almeida Junior (Berém do Pilar); Denivaldo Meireles Da Silva; el Policía Militar y candidato por el PCdoB (Partido Comunista de Brasil) Júlio Cesar Fraga Reis; y Oswaldo da Costa Silva (Ratinho), candidato a concejal por el PDT (Partido Democrático Laborista).
En otros tres casos de precandidatos —Marco Aurélio Lopes, Aga Lopes Pinheiro y Anderson Gomes Vieira (Soró)— se baraja la hipótesis de que las víctimas, al ser líderes comunitarios, habrían importunado al narcotráfico prohibiendo la venta de drogas en sus barrios. Manoel Primo Lisboa, que aspiraba a presentarse como candidato, pero que todavía no estaba afiliado a ningún partido, también es una posible víctima de los enfrentamientos con los delincuentes de la zona (en su caso, con los milicianos).
También hay un crimen pasional (Darley Gonçalves Braga) y una discusión de tráfico (Nelson Gomes Souza) entre, en los que se ha descartado definitivamente el componente político.
Por último, Luciano Nascimento Batista (Luciano DJ) y Geraldo Cardoso Gerpe (Geraldão) eran los únicos que ocupaban cargos en la administración y su papel, en el momento de su muerte, era determinante para el futuro político de los alcaldes de sus ciudades, Seropédica y Magé. No obstante, los lazos con la milicia también forman parte de la ecuación para resolver sus asesinatos.
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