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Chile reconoce la muerte de 865 menores a cargo del Estado

Los niños y adolescentes fallecidos desde 2005 se hallaban bajo el control del Servicio Nacional de Menores

Solange Huerta, directora del SENAME.
Solange Huerta, directora del SENAME. SENAME

El Gobierno de Chile ha dado a conocer que 865 niños y adolescentes que han muerto desde 2005 al 30 de junio pasado mientras se encontraban en alguno de los sistemas de protección residencial o ambulatoria del Servicio Nacional de Menores (SENAME). Las cifras se han revelado seis meses después de la muerte de una niña de 11 años que vivía en una residencia del Estado y que no recibió la atención debida en medio de una crisis física y psicológica. 

La presidenta Michelle Bachelet reconoció que sintió impacto por las cifras: "A mí como chilena, como Presidenta, me genera mucha tristeza y también malestar, porque como sociedad y como Estado le hemos fallado a estos jóvenes y niños más vulnerables". A través de un mensaje en Facebook, la mandataria además anunció acciones para terminar con la crisis del SENAME: "No podemos quedarnos en la pena, tenemos que tomar decisiones, tomar acciones. Es por eso que a partir de mañana voy a anunciar un conjunto de medidas que estamos tomando y seguiremos tomando para asegura una mejor protección a quienes más lo necesitan".

“La muerte de cada uno de estos niños nos duele”, reconoció Solange Huerta, directora del SENAME, que asumió en el cargo hace dos meses en medio de la crisis de este servicio que ha impactado a la opinión pública.

Existen diferentes causas de muerte y, según detalló Huerta, los fallecidos se hallaban en distintos sistemas de protección de acuerdo a sus realidades. En el área de justicia juvenil, que se encarga de los adolescentes mayores de 14 años que han infringido la ley y cometido delitos, en los últimos 11 años fallecieron 249. La mayoría de los casos, 216, se encontraba en programas ambulatorios, mientras que los 33 restantes estaban en centros de administración directa del SENAME y “sus causas de muerte fueron todas de tipo violenta”. En definitiva, se hallaban privados de libertad a cargo del Estado y no estaban enfermos.

En un segundo grupo se encuentran los menores del área de protección de derechos, dedicada ayudar a los niños que han sido maltratados o abandonados. Desde 2005 a la fecha, murieron en este régimen 616. De ellos, 406 se hallaban bajo la custodia de sus padres o parientes, en programas ambulatorios del SENAME. Pero de acuerdo a las cifras oficiales, 210 muertes se produjeron en el sistema residencial, donde viven los menores que han sido separados de sus padres o familias por resolución de la Justicia. En este subgrupo, que probablemente es el que ha causado mayor impacto, el Estado era el principal responsable de garantizar su cuidado.

De los 210 que habitaban en alguna de los 250 hogares del SENAME en todo Chile, 113 presentaba alguna discapacidad (53,8%) y 74 eran menores de seis años (35%). Sobre las causas de muerte, Huerta detalló que en 131 fallecimientos existió alguna enfermedad asociada (62,4%): infartos cerebrales múltiples, infartos agudos al miocardio, cáncer testicular, entre otros. En 47 casos (22,4%), sin embargo, la información no es concluyente: aunque la muerte fue certificada por un médico, no hay certeza de que su deceso haya sido causado por una enfermedad o una patología.

Luego de la muerte de la niña de 11 años, Lisette Villa Poblete, el Ministerio Público abrió una investigación para determinar si existió responsabilidad por parte de las funcionarias del SENAME que estaban a su cargo. De acuerdo a un documento emitido por la policía a petición de los fiscales, no manejaron bien la crisis final que terminó con su deceso. Una de las posibles causas apunta a que su propio vómito le provocó una asfixia mortal, que no fue atendida oportunamente por dos educadoras que actualmente se hallan imputadas por esta causa.

El Congreso chileno también ha creado una comisión investigadora para estudiar las muertes que se han producido en el SENAME desde 2005, que deberá determinar, entre otros asuntos, las razones por las que no se han denunciado a la Justicia todos los decesos. El presidente de la comisión, el diputado oficialista Ramón Farías, calificó de “escalofriantes” las cifras dadas a conocer por el Gobierno y que nuevamente han reabierto la discusión por la forma en que Chile se responsabiliza de los menores más desprotegidos de la sociedad. Para la parlamentaria de oposición Marcela Sabat, las muertes de estos niños y adolescentes “debieran darnos vergüenza como país”.

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