Indígenas argentinos piden en el 12 de octubre justicia por un asesinato impune
El crimen de Javier Chocobar ejemplifica la vulneración de derechos de los pueblos originarios
En Argentina hay al menos 183 conflictos que afectan a pueblos indígenas, según Amnistía Internacional (AI). En uno de ellos, librado en la norteña provincia de Tucumán, fue asesinado el 12 de octubre de 2009 el indígena diaguita Javier Chocobar. Siete años después, el crimen aún no ha sido juzgado y los acusados están en libertad. Familiares, amigos e integrantes de comunidades locales se manifestaron hoy en la capital provincial de Tucumán para exigir que se haga justicia. AI y la Asociación de Abogados del Noreste Argentino en Derechos Humanos (Andhes) han presentado una denuncia en Naciones Unidas para que se exhorte al Estado a "llevar adelante un juicio imparcial e independiente" por este caso emblemático, que refleja la vulneración de derechos que sufren los pueblos originarios en este país suramericano.
Los primero días de octubre de 2009, el empresario argentino Amín intentó ingresar a la cantera de piedra laja que está en los terrenos de la comunidad indígena Los Chuschagasta. Los diaguitas montaron guardia para prohibirle la entrada. El 12 de octubre, Darío Amín regresó acompañado de dos exagentes de policía, de acuerdo al testimonio de integrantes de la comunidad. Les exigieron que se fueran, pero se negaron y abrieron fuego, tal y como quedó registrado en un vídeo. Chocobar fue asesinado y otros tres diaguitas resultaron heridos.
La abogada querellante, Belén Leguizamón, detalla que en 2011 finalizó la etapa de instrucción y en 2012 la jueza consideró que existían pruebas suficientes contra los tres imputados. Sin embargo, cuatro años después, aún no hay fijada una fecha para el inicio del juicio. "El retardo es injustificado, ya se resolvieron todas las presentaciones de la defensa", asegura Leguizamón por teléfono. Considera que la falta de respuestas de la justicia es generalizada "en casos que tienen que ver con comunidades indígenas, que sufren una constante vulneración de derechos".
"Es duro recordar ese momento, nosotros sufrimos y ellos continúan libres. Parece que la justicia no existe para este caso", se lamenta Audolio Chocobar, hijo de Javier, a través del espacio Justicia por Chocobar (JPC), que reúne a comunidades indígenas y organizaciones sociales.
“El retardo injustificado en la investigación y determinación de las responsabilidades por la muerte de Javier Chocobar viola el derecho de acceso a la justicia y reparación de la comunidad de Chuschagasta. La impunidad en estos casos transmite un mensaje de tolerancia del Estado respecto a la vida e integridad de los pueblos originarios” opina la directora ejecutiva de AI, Mariela Belski.
Para JPC, el ataque "no es un hecho aislado, sino otra manifestación de un proceso que debe rastrearse en los intentos por despojar a las comunidades de sus tierras ancestrales, frente a una actitud estatal que desconoce las obligaciones asumidas para su especial protección".
En un mapa online sobre conflictos indígenas en Argentina, AI denuncia la persecución y exclusión sistemática que ha sufrido la población originaria del país austral a lo largo de su historia. En la actualidad, la organización denuncia que existe una gran distancia entre los derechos vigentes en la legislación y su efectiva aplicación. "No obstante los avances en el reconocimiento jurídico de los derechos de los pueblos indígenas, la Argentina debe asumir su historia para poder transformar las prácticas que siguen reafirmando patrones de discriminación y exclusión", reclama.
Entre los casos destacados figuran disputas territoriales -como la que mantienen desde 1985 los integrantes de la comunidad indígena La Primavera en la provincia norteña de Formosa- y ambientales, por ejemplo la resistencia de la comunidad indígena Lof Campo Maripe a la explotación de la formación de hidrocarburos no convencionales en Vaca Muerta, asentada en parte sobre sus tierras, en la provincia suroriental de Neuquén.
