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Venezuela, el peor país de América Latina en materia de Estado de derecho

Uruguay, Costa Rica y Chile reciben las mejores calificaciones en el índice de WJP

Un mural con la imagen de Hugo Chávez y una pintada que reza: Referéndum.
Un mural con la imagen de Hugo Chávez y una pintada que reza: Referéndum. REUTERS

Un estudio que compara la experiencia ciudadana en lo referido al Estado de derecho en 113 países del mundo coloca a Venezuela en el último lugar, incluso por debajo de Afganistán. El índice de 2016 elaborado por la organización estadounidense World Justice Project (WJP) evalúa el desempeño de las diferentes naciones en temáticas como corrupción, el gobierno abierto (open government), derechos fundamentales, orden y seguridad, así como justicia criminal y civil. En la región de América Latina y el Caribe, los países que peores evaluaciones reciben —además de Venezuela— son Bolivia, Honduras, Nicaragua, Guatemala, Ecuador y México (puesto 88 de 113). En el lado opuesto, las mejor calificadas son Uruguay, Costa Rica y Chile. Argentina fue la nación que más avanzó al subir 12 puntos en un año y colocarse en el lugar 51º de la lista mundial, mientras que El Salvador descendió ocho escaños situándose en el puesto 75º.

El índice elaborado por el WJP se basa en más de 100.000 encuestas a hogares y más de 2.700 cuestionarios a expertos que miden la manera en la que el Estado de derecho se aplica a situaciones comunes experimentadas por los ciudadanos de más de un centenar de países de todo el mundo. Al igual que en la edición del año pasado, el primer puesto a escala global lo ocupa Dinamarca, seguido de Noruega y Finlandia. Los últimos tres sitios fueron para Afganistán, Camboya y Venezuela.

Un Estado de derecho efectivo reduce la corrupción, combate la pobreza y protege a las personas de las injusticias, destaca el documento. “Es la base para alcanzar comunidades que gocen de paz y oportunidades, y es el fundamento para el desarrollo del capital humano, un gobierno responsable, y el respeto a los derechos fundamentales”, expone el informe anual del World Justice Project.

Corrupción en América

Los países latinoamericanos que obtuvieron las peores calificaciones tienen serios problemas con la corrupción. En esos casos, los ciudadanos perciben altos índices de descomposición en el poder ejecutivo, en el judicial y en el legislativo, así como en las policías y en las fuerzas armadas. Uno de los parámetros que WJP valora positivamente en su medición de la corrupción es que los funcionarios no utilicen su cargo público en beneficio personal y que no se hayan visto involucrados en casos de malversación de fondos. En el lado negativo, tiene en cuenta la prevalencia del soborno, los pagos informales, el incumplimiento de las normas en su desempeño diario o la adjudicación de obras de forma poco transparente y no competitiva.

En un informe del Foro Económico Mundial dado a conocer a principios de este mes, cinco de las 10 naciones más corruptas eran latinoamericanas. El Índice Global de Corrupción situaba a Venezuela a la cabeza, seguida de Bolivia, Brasil, Paraguay y República Dominicana. La organización internacional señaló que la corrupción es el problema más importante que debe enfrentar América Latina. Una serie de escándalos como el de la petrolera estatal Petrobras en Brasil, las acusaciones en contra de la expresidenta argentina Cristina Fernández y los sobornos de los que se acusa al expresidente guatemalteco Otto Pérez-Molina han mantenido estancada a la región, según la opinión de los líderes políticos y de negocios del Foro.

México, lastrado por la justicia penal

La peor calificación obtenida por México en el índice del WJP fue en el apartado de justicia penal. Esto significa que el sistema de justicia no es eficaz en la investigación de los delitos y tampoco es imparcial. Este apartado del informe busca medir si la Policía, los investigadores y los fiscales tienen recursos suficientes para llevar a cabo su trabajo; si realizan sus tareas de manera competente y si no son corruptos. Se evalúa si los responsables de un delito son efectivamente procesados y castigados y si en las cárceles se respetan los derechos de los presos.

También refleja la percepción ciudadana sobre si los policías, fiscales y jueces están libres del soborno y si tienen o no nexos con el crimen organizado. La puntuación obtenida por México hace suponer que los mexicanos perciben que en el país no se respeta el derecho de presunción de inocencia, se realizan detenciones arbitrarias y tampoco se respetan los derechos humanos de los detenidos.

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