Un príncipe saudí paga su delito con la flagelación

Un príncipe saudí ha sido flagelado en una cárcel de Yeddah en aplicación de la pena que le había impuesto un tribunal de esa ciudad, según informa este miércoles el diario Okaz. Aunque Arabia Saudí mantiene los castigos físicos en su sistema penal, es inusual que estos alcancen a los miembros de la familia real. Hace apenas dos semanas, las autoridades también informaron de la ejecución de un príncipe, por primera vez en cuatro décadas.

Los datos sobre la flagelación son escasos. El diario saudí que lo publica no ha revela ni el nombre del príncipe azotado, ni el delito por el que se le condenó. En su breve relato, señala que la ejecución de la sentencia, que también incluye una pena de cárcel, se llevó a cabo el lunes en Yeddah, en la costa del mar Rojo. Tras la preceptiva revisión médica, para asegurarse de que el convicto puede aguantar el castigo, éste fue aplicado por un policía el pasado lunes.

Los observadores interpretan esta noticia, así como la de la ejecución del príncipe Turki Bin Saud al Kabir hace dos semanas, como un intento de las autoridades por transmitir que todos los saudíes son iguales ante la ley, en un momento de dificultades financieras que está obligando al Reino del Desierto a reducir las subvenciones y prebendas que hasta ahora facilitaba a sus súbditos. Muchos saudíes consideran que la familia real (entre 5.000 y 40.000 príncipes y princesas, según el grado de pureza de sangre que se considere) goza de impunidad ante la ley.

Arabia Saudí aplica una versión estricta de la ley islámica que, además de la pena capital para asesinos, violadores y traficantes de drogas, también contempla amputaciones para los ladrones reincidentes y latigazos para otros delitos. La flagelación, que puede ser impuesta por sí misma o como condena adicional, se aplica incluso a las transgresiones más nimias, muchas de las cuales ni siquiera tendrían esa consideración fuera de ese país. Jóvenes que hacen una fiesta, homosexuales, una pareja que se cita sin estar casada o quienes consuman bebidas alcohólicas, corren el riesgo de probar la vara sobre sus espaldas.

Desde hace algún tiempo, esa pena se ha empezado a utilizar también para disuadir a los disidentes. El bloguero Raif Badawi fue condenado a 10 años de cárcel y mil latigazos en diciembre de 2014 por “insultar” al islam. Al mes siguiente, las imágenes del verdugo aplicándole la primera tanda de 50 azotes, grabadas en un móvil, dieron la vuelta al mundo. Poco después, el Parlamento Europeo le concedió el premio Sájarov a la libertad de conciencia, pero las presiones internacionales no han logrado su libertad.

En enero de 2005, un tribunal religioso condenó a entre 100 y 250 latigazos, además de a entre dos y seis meses de cárcel, a 15 detenidos en una manifestación antigubernamental. La protesta, celebrada el mes anterior en Yeddah, pedía un Gobierno elegido, un poder judicial independiente y una nueva Constitución islámica.

Las organizaciones internacionales de defensa de los derechos humanos consideran que los castigos físicos contravienen los compromisos internacionales de Arabia Saudí, que ratificó en 1997 la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes. Además, en el caso de la flagelación se suma su arbitrariedad. “El número de latigazos no está claramente establecido en la ley y varía según la discreción de los jueces entre unas docenas hasta varios miles, habitualmente aplicados durante un periodo de semanas o meses”, ha denunciado Human Rights Watch.