Altos funcionarios de la estatal Petroecuador lideraron la trama corrupta

La trama de corrupción en la petrolera estatal Petroecuador involucra a 20 personas que supuestamente se beneficiaron del pago de comisiones por los contratos adjudicados para la rehabilitación de la Refinería de Esmeraldas, que se hizo entre 2008 y 2015. Entre los implicados están al menos tres altos mandos de la petrolera ecuatoriana. Las investigaciones siguen ofreciendo datos de la trama corrupta.

Los tres altos mandos implicados son Marco Calvopiña, que gerenció Petroecuador entre 2010 y 2015; su sucesor, Carlos Pareja Yanuzelli, que había liderado las mejoras de la refinería desde 2012 y que incluso fue promovido a ministro de Hidrocarburos en noviembre de 2015; y Alex Bravo, un ingeniero mécanico de 35 años que reemplazó a Pareja Yanuzelli en la refinería y luego en la gerencia de la petrolera.

Pareja Yanuzelli y su pupilo Alex Bravo estaban en funciones cuando el portal Focus Ecuador empezó a publicar las denuncias de corrupción en el interior de Petroecuador y renunciaron casi simultáneamente, en mayo pasado, argumentado problemas de salud y personales. Pero a la hora de las detenciones solo se localizó a Bravo, que fue acusado de enriquecimiento ilícito y cohecho. Pareja Yanuzelli había salido del país al igual que la mayoría de sus colaboradores y familiares.

Ahora Calvopiña, que fue capturado en su domicilio de Quito el pasado viernes, también acompaña a Bravo en el presidio. La Fiscalía lo ha señalado como la cabeza de la red de corrupción. En su casa aparecieron 600.000 dólares que estaban ocultos hasta en el techo falso de la propiedad.

La Fiscalía presume que la corrupción en Petroecuador empezó por el pago de comisiones para obtener contratos en la rehabilitación de la Refinería de Esmeraldas. A Bravo, dentro de la red de corrupción, lo apodaban “el gran cajero” porque repartía los sobornos que recibía por los contratos adjudicados. Para mover el dinero había creado seis empresas off shore en Panamá y hay evidencias de que recibió al menos 12 millones de dólares. La Contraloría, que también se ha activado, ahora examina más de 400 contratos que significaron para el Estado un desembolso de más 2.200 millones de dólares.

Esa cifra dista mucho de los 1.200 millones de dólares que supuestamente costó la rehabilitación de la refinería ecuatoriana y que ya era muy elevada porque el costo presupuestado para la rehabilitación de la Refinería de Esmeraldas en 2008 fue 187 millones de dólares y la obra iba a durar tres años, como señala un informe de Contraloría de 2012. El consorcio japonés Sumitomo Chiyoda iba a ocuparse de la obra, ya que fue el constructor de la refinería en los años 70. Sin embargo, la empresa que finalmente firmó el contrato fue la coreana SK.

Detrás de las adjudicaciones que se hicieron durante los siete años que duró la recuperación de la refinería están los equipos de asesores de los principales implicados, que redactaban los términos de referencia para los contratos, la fiscalizadora de los contratos —la firma Worley Parson, que recibió 38,6 millones de dólares—, y el directorio de Petroecuador, que finalmente aprobaba todo. La más alta autoridad en el directorio era el vicepresidente Jorge Glas, que representaba al Ejecutivo. Este, sin embargo, ha reiterado su desconocimiento de la red de corrupción.

Entramado de empresas

La red operaba con una aparente legalidad. Por ejemplo, para acelerar los procesos de contratación, Calvopiña se amparó en la emergencia que el presidente Rafael Correa decretó en el sector petrolero, y dio plenos poderes a Pareja Yanuzelli para que adjudicara contratos sin licitación, y aunque se puso un techo de 50.000 dólares, en la práctica lo que usualmente se hacía era dividir los contratos.

Con Bravo a la cabeza de la petrolera se inauguró una etapa de intermediación que se encargaba de las importaciones. Era un entramado de 20 empresas locales que empezaron a firmar contratos complementarios a lo que ya hacía la coreana SK. Todas estas ayudaron a dar una aparente transparencia a todos los procesos contractuales porque presentaban proformas para simular que había una licitación, pero en el corto o largo plazo todas firmaban algún contrato.

De momento hay dos contratistas detenidos, que también serán juzgados por cohecho.