El Estado de derecho termina en Amona
40 familias judías evitan desalojar una colonia en Cisjordania pese a la orden del Supremo
A contraluz, en el horizonte se divisa la cima de un cerro coronado por construcciones como contenedores de barco mercante. Es Amona. Hace casi dos décadas que Mariam Hammad, una campesina palestina de 82 años, no ha pisado sus 24 dunan (2,4 hectáreas) de terreno agrícola en aquella colina —teme que la reciban a tiros— entre un paisaje bíblico de laderas aterrazadas con vides y olivos. “No solo me quitaron la tierra, también me dejaron sin recuerdos”, evoca en el cercano Ayuntamiento de Silwad, en territorio administrado por la Autoridad Palestina. “Ahí sigue mi niñez. Yo tenía siete años”, rememora, “y mi padre levantaba en verano un entoldado”.
Mariam Hammad forma parte del colectivo de propietarios palestinos a los que el Tribunal Supremo de Israel reconoció en 2014 el derecho a recuperar sus fincas, ocupadas desde 1996 por colonos israelíes en un montículo al norte de Ramala. La sentencia ordena que unas 40 familias judías que suman un total de 200 niños tendrán que abandonar el outpost —avanzadilla o asentamiento no autorizado— de Amona antes del día de Navidad.
“Hemos venido aquí para quedarnos”, replicaba horas más tarde Eli Greenberg, de 43 años, que asegura ganarse la vida con ventas online a través de Amazon. “Cuando vengan los soldados yo seguiré en mi casa”, anuncia tocado con la kipá en el destartalado local del centro social de Amona. Todo parece antiguo y provisional al mismo tiempo en esta colonia sin papeles.
El agricultor Nahum Schwartz, de 42 años, se declara “pionero en Amona”, donde se instaló hace 20 años después de haberse criado en el cercano asentamiento consolidado de Ofra. Aquí paga un alquiler mensual de 1.500 shequels (365 euros) por una vivienda prefabricada de 40 metros cuadrados. “Frente al derecho a la propiedad, está el derecho a la protección de las casas de unas familias” argumenta Schwartz, cuyos padres también fueron pioneros en la colonización judía de Cisjordania, ocupada por Israel tras la guerra de 1967. “Aquí no había nadie, esto estaba yermo, cuando yo era un niño. Y nosotros tenemos la misión de volver a Judea y Samaria, la tierra que nos pertenece”, invoca al fin la promesa divina de sus creencias bíblicas.
A cinco semanas de que se agote el plazo dado por el Supremo para el desahucio y demolición del asentamiento, el Gobierno del primer ministro Benjamín Netanyahu prepara contramedidas legales con el fin de prevenir un estallido de ira. Hay más de 200.000 colonos en Jerusalén Este, y otros 400.000 colonos en 120 urbanizaciones judías en Cisjordania que Israel califica de legales. En pequeños outpost no autorizados, como Amona, se estima que viven unas 3.000 personas. El secretario general de la Organización para la Liberación de Palestina (OLP), Saeb Erekat, ha puntualizado que “todos los asentamientos en la Palestina ocupada son ilegales según el derecho internacional”.
En medio de amagos de fractura en la coalición de seis partidos que le apoya, Netanyahu ha acabado dando luz verde inicial en la Knesset a un polémico proyecto de ley para legalizar con carácter retroactivo colonias como Amona. Después de que los jueces del Supremo le cerraran la vía de escape al negarse a posponer siete meses la orden de demolición del outpost, el primer ministro parece haber entrado en rumbo de colisión con el Estado de derecho. Los colonos se niegan a aceptar otras alternativas de alejamiento en terreno próximos o en otros asentamientos. Los propietarios palestinos tampoco admiten una compensación económica a cambio de renunciar a la sus tierras.
Estados Unidos, principal aliado de Israel, se ha apresurado a expresar su preocupación por el proyecto de legislación. España también rechaza una norma que avale “la ocupación forzosa de tierras privadas palestinas”.
El fiscal general de Israel ya ha advertido de que no defenderá la norma ante el Alto Tribunal, que puede anularala, en caso de ser aprobada. Considera que vulnera el derecho internacional. Los documentos del registro de la propiedad de la antigua Administración jordana, presente en Cisjordania hasta hace casi 50 años, prueban la titularidad de las familias palestinas sobre los terrenos de Amona.
“Nuestro medio de vida”
“Ellos [los colonos] no sabían, como yo, cuáles eran los límites de las tierras”, relata Mariam junto a Issa Zayed, de 59 años. “Nuestra finca de 40 dunan era nuestro principal medio vida”, se suma al coro de quejas este vecino de la localidad palestina cristiana de Taibeh, cuya familia también ha pleiteado en los últimos 20 años con apoyo de los abogados de la ONG israelí Yesh Din (Hay Justicia). Gilad Grossman, portavoz del grupo pacifista, teme que los propietarios no puedan recuperar sus terrenos “por razones de seguridad”. Coincide con los augurios del colono Eli Greenberg: “El Ejército no permitirá nunca que los palestinos vengan aquí. Está demasiado cerca de las viviendas de Ofra”.
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