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La Fiscalía mexicana ofrece recompensa para capturar al exgobernador de Tamaulipas

Tomás Yarrington es investigado por sus presuntos vínculos con el cártel del Golfo y Los Zetas

Tomás Yarrington en un evento de 2005.
Tomás Yarrington en un evento de 2005. CUARTOSCURO

La Procuraduría General de la República (PGR, Fiscalía) ofrece una recompensa de 15 millones de pesos (unos 728.000 dólares)  a quien brinde información que lleve a la captura de Tomás Yarrington Ruvalcaba, exgobernador de Tamaulipas (1999-2004). Esta es la segunda compensación que ofrece la PGR por un mandatario mexicano. Javier Duarte, ejecutivo con licencia de Veracruz y prófugo de las autoridades desde el pasado 20 de octubre, es buscado por la Interpol en 190 países y la Fiscalía general ofrece también una recompensa a quien proporcione alguna pista sobre su paradero. Los nombres de los dos políticos del PRI -el mismo partido al que pertenece el presidente Enrique Peña Nieto- aparecen entre los delincuentes más buscados de México, como narcotraficantes, secuestradores, homicidas y traficantes de menores. 

En el sexenio de Felipe Calderón (2006-2012) las autoridades comenzaron a investigar a Yarrington por presuntos vínculos con narcotraficantes. En 2012, un juez federal libró dos órdenes de aprehensión contra el político de Tamaulipas. Una era por delincuencia organizada  y operaciones con recursos de procedencia ilícita y otra por delitos contra la salud en la modalidad de colaboración al fomento del narcotráfico. Pese a que ambas órdenes de captura se emitieron hace cuatro años, es hasta ahora que la Fiscalía ha emprendido su búsqueda. Según la investigación de la PGR, el tamaulipeco cobraba sobornos al cártel del Golfo y Los Zetas. Posteriormente el dinero obtenido era blanqueado con prestanombres del sector inmobiliario, según los testimonios de testigos protegidos citados por medos mexicanos en ese entonces.

La Fiscalía mexicana ofrece recompensa para capturar al exgobernador de Tamaulipas

En agosto de 2012, la entonces fiscal Marisela Morales dio a conocer que la PGR solicitó la ayuda de la Interpol para capturar a Tomás Yarrington. La funcionario detalló que la orden de aprehensión en contra del exmandatario se concretó tras el intercambio de información con autoridades de EE UU. Yarrington, a través de su defensa, acusó ese año a la PGR de sostener la acusación en su contra solamente con base en las declaraciones de testigos protegidos. Sin embargo Morales afirmó que había otros elementos probatorios integrados en el expediente.

Las acusaciones en contra de Yarrington comenzaron a ventilarse en Estados unidos. En mayo de 2012, fiscales federales de aquel país acusaron al exmandatario de recibir millonarios sobornos de los cárteles del narcotráfico mexicano. Según las investigaciones utilizó a varios prestanombres para invertir el dinero en el sector de las bienes raíces. Estas acusaciones dieron origen a que se le confiscaran propiedades en EE UU. "Yarrington, exalcalde de Matamoros, gobernador de Tamaulipas y candidato presidencial, recibió millones de dólares en pagos, mientras mantenía cargos de elección popular, de organizaciones de drogas de gran escala que operaban dentro del territorio de Tamaulipas y a través de varios esquemas de extorsión y sobornos.", expuso la fiscalía, según información dada a conocer por el diario Reforma en 2012.

El PRI no ha vivido su mejor año. En lo que va de 2016 tres mandatarios han dejado su cargo en medio de severas críticas y denuncias por diversos actos de corrupción. El mandatario con licencia de Veracruz, Javier Duarte, fue el primer expulsado del partido y desde entonces sus excesos han sido desvelados por la prensa mexicana. El exgobernador de Chihuahua enfrenta un proceso sancionatorio que podría culminar en su expulsicón. El político norteño ha sido señalado de haber creado empresas fantasmas y haber dejado una deuda de 2.700 millones de dólares. El PRI también analiza el caso del ejecutivo saliente de Quintana Rooo, Roberto Borge,que ha sido señalado de contar con una aerolínea propia financiada por el erario público. El taxi aéreo lo usó para viajes personales y familiares de los políticos locales, han documentado medios de comunicación.

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