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Túnez moviliza 14.000 millones para su ‘plan Marshall’

El montante, recabado en una conferencia internacional, queda lejos del objetivo inicial del Gobierno

En la clausura de la conferencia internacional de inversores y donantes celebrada durante los pasados martes y miércoles en Túnez, el Gobierno del país magrebí no dudó en calificar de “éxito” el evento, titulado Tunisia 2020. Sin embargo, el montante final recabado, unos 14.000 millones de euros entre ayudas, préstamos e inversiones, queda lejos de los 35.000 millones que se había marcado como objetivo el Ejecutivo tunecino. Seis años después de su revolución, Túnez se halla todavía inmerso en una profunda crisis económica y fiscal que las autoridades pretenden superar con un ambicioso plan de infraestructuras públicas y privadas para los próximos cuatro años.

El presidente tunecino, Beji Caïd Essebsi, sentado entre el "premier" francés y el emir de Qatar.
El presidente tunecino, Beji Caïd Essebsi, sentado entre el "premier" francés y el emir de Qatar. Hassene Dridi (AP)
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Esta conferencia ha devuelto la confianza a la democracia tunecina y permitirá una recuperación fuerte... Túnez está en el buen camino y ahora el trabajo empieza para hacer esta financiación una realidad”, declaró en una rueda de prensa el primer ministro Yusuf Chahed. En total, el Gobierno tunecino presentó a los cerca de 2.000 asistentes venidos de más de 40 países unos 140 proyectos que abarcaban diversos sectores económicos, como la automoción o las energías renovables, además de nuevas infraestructuras. De acuerdo con sus estimaciones, su coste se eleva a unos 60.000 millones de euros.

A pesar de ser una conferencia económica con el objetivo de volver a poner a Túnez en el mapa de los inversores internacionales, ha tenido también un fuerte componente político. El evento fue apadrinado por Francia y Qatar, que estuvieron representados, respectivamente, por el primer ministro Manuel Valls, y el emir Tamim Bin Hamad al Thani. Estos dos países fueron los que realizaron las mayores aportaciones, cada uno con aproximadamente 1.000 millones de euros. Por su parte, la institución internacional que anunció un mayor desembolso fue el Banco Europeo de Inversiones (BEI), con 2.500 millones de euros. En cambio, sorprendió el bajo perfil de EE UU y Alemania, dos países que sí se significaron en su apoyo a Túnez durante su transición democrática.

Precisamente, la necesidad de asentar la democracia en el único país árabe donde ha cuajado fue el principal argumento que esgrimieron en sus discursos el presidente del país, Beji Caïd Essebsi, y el primer ministro Chahed. Con una economía estancada -su promedio de crecimiento desde 2011 es del 1,5%- y una tasa de paro juvenil por encima del 30%, las autoridades confían en que las inversiones extranjeras estimularán el despegue de la producción. Para ello, el Parlamento aprobó recientemente una nueva ley que facilita el establecimiento de compañías foráneas en el país.

En 2015, la inversión extranjera fue solo de unos 800 millones de euros, poco más de la mitad que en 2010. Las razones de esta fuerte caída residen en la inestabilidad política y social experimentadas durante la transición, así como los diversos ataques terroristas que el año pasado se cobraron la vida de 59 turistas, asestando un duro golpe a uno de los sectores puntales del país magrebí. No obstante, las autoridades presumieron durante de la conferencia de una mejora sustancial en la seguridad del país, pues no se ha cometido ningún atentado en las principales ciudades del país durante el último año.

Otro de los grandes problemas de Túnez es su creciente endeudamiento provocado por un déficit público anual que se resiste a bajar del 5% del PIB. En acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), que le concedió en verano un préstamo de 2.800 millones de euros, el Ejecutivo acaba de diseñar una política de austeridad plasmada en el presupuesto para el 2017.

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La normativa ha suscitado un intenso rechazo en diversos sectores de la sociedad tunecina, lo que anuncia un “invierno caliente”, jalonado por protestas sociales. El colegio de abogados inició el martes una huelga de tres días, y las asociaciones de médicos y profesores amenazan con seguir sus pasos. Además, el poderoso sindicato UGTT ha convocado una huelga de funcionarios para el próximo 8 de diciembre.

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