Los lazos comerciales de Donald Trump en América Latina
Entre las empresas que pueden presentar un conflicto de intereses al presidente electo están varios proyectos en Brasil, Panamá y Argentina
La torre más alta de Centroamérica, en Panamá, cinco edificios de oficinas y un hotel de lujo en Río de Janeiro y un proyecto aún por empezar en Buenos Aires son tres de las operaciones inmobiliarias que llevan el apellido Trump en América Latina y que podrían representar un conflicto de intereses si no los abandona antes de ocupar su nuevo cargo en la Casa Blanca. El magnate republicano anunció este miércoles que cederá el liderazgo de sus empresas “en su totalidad” para evitar esta situación y, aunque no ha dado detalles de cómo lo hará, en el pasado ha manifestado su intención de ponerlo en manos de sus hijos.
La página web de la Organización Trump, el conglomerado empresarial liderado por el presidente electo de Estados Unidos, anunciaba en 2014 que las Torres Trump Río, en la ciudad brasileña, componen “el desarrollo urbanístico de oficinas más grande de los países BRICs”. Dos años después, el proyecto inmobiliario de cinco edificios de 38 pisos y un hotel solo está construido parcialmente (se espera que finalice en 2018) y un fiscal brasileño ha abierto una investigación por un posible caso de corrupción en la financiación del plan.
Las pesquisas indagan por qué dos fondos estatales invirtieron en la empresa LSH Barra Empreendimentos Imobiliários SA, socio encargado de construir el Hotel Trump en Río de Janeiro. El fiscal Anselmo Lopes asegura que “es necesario verificar si el favoritismo que demostraron estos dos fondos de pensiones hacia LSH y la Organización Trump se debió a pagos ilícitos y sobornos”, según informó Reuters el pasado mes de octubre tras tener acceso a los documentos de la denuncia.
Lopes, fiscal federal en Brasilia, asegura que la inversión de 40 millones de dólares en el desarrollo del hotel “requiere una investigación” por su tamaño y porque el nivel de riesgo asumido “rompe con los principios de liquidez” de dos fondos relativamente pequeños. El proyecto está valorado en 2.500 millones de dólares y a pesar de que dos de las cinco torres debían estar listas para los Juegos Olímpicos de Río el pasado verano, su construcción no ha comenzado, informa Reuters. El hotel planificado sí llegó a abrir, pero no está terminado.
A pesar de que ninguna de las cinco personas que investiga el fiscal Lopes está vinculada con la Organización Trump, el caso es solo un ejemplo más de los conflictos de intereses en los que se puede ver inmerso el mandatario republicano desde el primer día que asuma la presidencia de Estados Unidos. Ceder la compañía a sus hijos podría no resolver todos sus problemas, ya que cualquiera de ellos estaría negociando un acuerdo comercial que lleva el apellido del presidente y, por otro lado, el hecho de que pertenezcan a su equipo de transición y hayan estado presentes –como es el caso de Ivanka– en conversaciones de su padre con líderes extranjeros, ya indica que la separación entre lo político y empresarial no ha existido desde el primer día.
El segundo de sus hijos varones, Eric Trump, es vicepresidente ejecutivo de construcciones y adquisiciones de la Organización Trump y ya ha supervisado directamente algunos de los acuerdos comerciales de la empresa familiar. Este otoño, respondió a las preguntas de los medios norteamericanos por los enfrentamientos entre los dueños de varios pisos en el Trump Ocean Club de Panamá y la empresa del presidente electo, que también posee un hotel en el complejo, y que terminó con la cesión del gestor del equipo Trump.
En la actualidad, el presidente electo está querellado contra el Club panameño, al que reclamó 75 millones de dólares por despido improcedente del administrador que su empresa había destinado para el complejo de lujo. El edificio de 70 pisos, el más alto de Centroamérica, se eleva con forma de vela en la Bahía de Panamá y fue gestionado durante cuatro años por Trump Panama Condominium Management. Los documentos presentados por el entonces candidato republicano ante la Comisión de Ética del Gobierno, como están obligados a hacer los aspirantes a la presidencia, revelan que posee el 99% de esa empresa.
El presidente electo no participó directamente en la construcción del complejo, sino que vendió una licencia comercial para promover el proyecto con su apellido y, una vez construido, la compañía de Trump gestionó el negocio inmobiliario. La empresa del magnate encargado de levantar la torre, Roger Khafif, se declaró en bancarrota cuatro meses después de la inauguración. Aún así, según una investigación de la cadena pública estadounidense PBS, Trump pudo ingresar entre 32 y 55 millones de dólares por la cesión de su nombre.
En Argentina, el apellido Trump solo está asociado con un proyecto, aunque la reacción a la llamada entre el presidente electo y Mauricio Macri ya ha demostrado la atención y el escrutinio que seguirá a cualquier acción comercial de la empresa del mandatario en el extranjero. Ambas partes han negado que conversaran sobre el permiso que aún no ha obtenido la construcción de la Torre Trump en Buenos Aires. Pero tres días después, según adelantó CNN, la empresa constructora YY Development Group –con la que ya colaboró en Uruguay–, publicó un comunicado en el que parece dar por sentado el proyecto argentino. “Panamá, Brasil, Uruguay y muy pronto Argentina”, dice el texto, “El magnate Donald Trump expande sus ‘ultraexclusivas’ torres a América del Sur”.
