La UE debate estrechar el control sobre las comunicaciones electrónicas
París y Berlín exigen a las empresas más cooperación para luchar contra el terrorismo
La UE se plantea estrechar el control sobre las comunicaciones electrónicas como herramienta de lucha antiterrorista. Las autoridades nacionales y europeas detectan lagunas en la capacidad que tienen para acceder a ciertos contenidos (por ejemplo, mensajes encriptados) y quieren exigir a las compañías mayor cooperación en ese terreno. Alemania y Francia han presentado una propuesta conjunta que los ministros del Interior debatirán el próximo 9 de diciembre en Bruselas.
Los países europeos dicen afrontar “obstáculos insuperables” cuando tienen que llamar a la puerta de un proveedor electrónico (desde compañías telefónicas a firmas de mensajería instantánea) y pedir acceso a los mensajes de posibles sospechosos de terrorismo. Este es el razonamiento que exponen los ministros del Interior alemán, Thomas de Maizière, y francés, Bernard Cazeneuve, en una carta conjunta dirigida a las autoridades comunitarias implicadas en la materia. La adhesión a esta iniciativa de Alemania, hasta ahora muy apegada al derecho a la protección de datos por los excesos cometidos durante el nazismo y el comunismo, demuestra que el terrorismo en Europa ha debilitado la tradicional defensa de la privacidad.
Los ministros se quejan de las dificultades que encuentran para comprometer en esta estrategia a las empresas, especialmente cuando no tienen su sede principal en la Unión Europea. “El establecimiento de un vínculo genuino entre las autoridades y los proveedores de servicios debe convertirse en la norma”, exigen los ministros. Para ello proponen que cada compañía designe una persona de enlace que actúe como interlocutor de las autoridades. También abogan por reforzar las obligaciones legales que tienen estas firmas de responder a los requerimientos de policías y jueces.
En la actualidad, el acceso a datos electrónicos depende básicamente de la voluntad de la firma contactada. El texto francoalemán resalta que “demasiado frecuentemente” las autoridades se topan con negativas por parte de las compañías a ceder datos. A la vez, esa resistencia es clave para ganarse la confianza de los usuarios, que no quieren ver sus datos expuestos a la luz pública.
Datos de europeos
Incluso cuando se da a las autoridades la llave para acceder a esas comunicaciones, la respuesta llega muy tarde. Berlín y París quieren agilizar el proceso para poder frenar posibles tentativas terroristas cuyos detalles se comunican a través de herramientas como WhatsApp. Conscientes de que el camino resulta aun más tortuoso cuando la compañía no es europea, los titulares de Interior piden las empresas que almacenen los datos de sus clientes de la UE en algún lugar que garantice la cooperación directa con las autoridades nacionales. La mayor parte de los gigantes de Internet tienen su sede social en Estados Unidos.
La iniciativa reclama también mejoras en un ámbito donde la cooperación ya ha comenzado. Se trata de la retirada de redes sociales y otros foros de acceso público de mensajes que promuevan el terrorismo (por ejemplo, cuando circulan mensajes que ensalzan actos terroristas o difunden vídeos que incitan a la violencia).
Los ministros aluden directamente a la Comisión Europea y al resto de Estados miembros para que hagan algo en los próximos meses. De momento, el Ejecutivo comunitario ha potenciado la vía voluntaria, con un foro de empresas que reúne a Bruselas y los Estados miembros con los principales nombres del sector (Facebook, Twitter, Google, Microsoft…). El objetivo es concienciarlos sobre la necesidad de cooperar. Ese foro, constituido hace un año, se reúne precisamente el próximo jueves, un día antes de que los ministros discutan en Bruselas la necesidad de ir más lejos en esta estrategia.
El reto de desencriptar
La encriptación de mensajes, que los hace invisibles para cualquier persona distinta del usuario, inquieta a las autoridades. Los ministros de Justicia de la UE tratan de buscar salidas para evitar que esta posibilidad que da la tecnología para proteger la privacidad no se vuelva en su contra. "El uso del encriptado priva a las fuerzas de seguridad de evidencias cruciales", constata un documento comunitario que pretende fomentar el debate.
La inmensa mayoría de Estados miembros dicen toparse con mensajes encriptados en el marco de investigaciones por delitos. La UE cree que las compañías están obligadas legalmente a proporcionar a las fuerzas de seguridad claves para desencriptar, incluso sin orden judicial. En la práctica, no está tan claro.
En última instancia, los Estados necesitan la ayuda de las empresas. Porque les faltan "los recursos financieros y la capacidad del personal (tanto en números como en capacitación)" para solventar el problema, admite el informe.
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