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Argentina rechaza un pedido de la CIDH para que libere a la líder social Milagro Sala

El organismo de la OEA urge a Macri a atender un reclamo de la ONU, que considera “arbitraria” la detención de la kirchnerista

Federico Rivas Molina
Milagro Sala encabeza en Jujuy el acto por los 15 años de la agrupación Tupac Amaru, en noviembre de 2014.
Milagro Sala encabeza en Jujuy el acto por los 15 años de la agrupación Tupac Amaru, en noviembre de 2014.Telam

La detención de la dirigente social kirchnerista Milagro Sala ya es para Mauricio Macri un problema de dimensiones internacionales. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), un organismo autónomo de la Organización de Estados Americanos (OEA), apoyó el pedido de libertad emitido el 21 de octubre por el Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre Detención Arbitraria. Sala lleva un año presa en la provincia de Jujuy (norte) acusada de malversación de fondos en los millonarios programas sociales que adminstraba su agrupación, Tupac Amaru. Macri insiste en que debe seguir en prisión, pero ha debido enfrentar un rechazo cada vez mayor. Antes del fallo de la CIDH, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, también pidió por la libertad de la líder social y diputada del Parlasur. El gobierno ha respondido siempre con la mimsa fórmula: tomó nota de los relcamos y los envió a la justicia jujeña. Al mismo tiempo invitó a la CIDH a viajar a Argentina para que tenga “contacto directo con los distintos actores (…) que se encuentran vinculados al caso de la señora Sala”.

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El poder de Sala creció gracias al dinero que le enviaba directamente el Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, su gran aliada. Jujuy tiene 85.000 empleados públicos, ella tenía 80.000 militantes. Miraba al Estado de igual a igual. Pero la expresidenta perdió el poder en diciembre de 2015, Jujuy también cambió de color político y el nuevo gobernador, Gerardo Morale, un aliado de Macri que venía de una guerra de casi 10 años contra Sala, no tardó en reaccionar. Ella se resistió y le montó una acampada frente a la gobernación durante un mes. Él reforzó la apuesta: promovió su detención el 15 de enero por “tumulto”. Después le añadió otras acusaciones: “malversación y blanqueo”. Sala no está procesada en ninguna de las causas y su detención preventiva es la que ha activado la reacción de la ONU y de la OEA.

El gobierno iniste en que Sala debe estar detenida. Dice que ya no está presa por "tumulto", sino por otros delitos. La Tupac Amaru, según la visión oficial, es en realidad una "asociación ilícita" que cobró cientos de miles de pesos del kirchnerismo para construir viviendas populares que nunca se hicieron. Y que, en cambio, usó el dinero para sumar adeptos gracias al reparto de prebendas. Los jueces jueños, quienes rechazan una y otra vez los pedidos de libertad que presentan los abogados de Salas argumentan que es tal el poder que la mujer ejerce sobre sus denunciantes que, si sale de prisión, podría alterar los testimonios de los testigos que la incriminan. Mientas tanto, el gobierno recibe reclamos desde el exterior, como el realizado por la CIDH.

“Milagro Sala es una conocida líder de la sociedad civil en la provincia de Jujuy quien fue detenida en el contexto de una protesta social. La Comisión y su Relatoría Especial han reiterado que la protesta es un ejercicio legítimo de la libertad de expresión que debe ser facilitado y no sujeto a criminalización u otras formas de represión. Si bien una orden judicial dispuso la libertad de Milagro Sala, ella no salió en libertad pues se le imputaron otros cargos mediante decisiones judiciales bajo la jurisdicción de Jujuy”, dijo la CIDH. Sobre la prisión, opinó que la presunción de inocencia hace que “toda persona sometida a proceso penal debe ser juzgada en libertad”. “La prisión preventiva es excepcional, solo puede extenderse por un período razonable y no puede ser usada como una medida punitiva”, señaló la Corte en un comunicado.

En su defensa, Macri invitó a los miembros de la CIDH a visitar Argentina y, más concretamente,  Jujuy. Está convencido de que los fallos internacionales adolecen de una falta de conocimiento del contexto en que se decidió la prisión de Sala, a quien atribuye la construcción de un verdadero Estado paralelo.

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Sobre la firma

Federico Rivas Molina
Es corresponsal de EL PAÍS en Argentina desde 2016. Fue editor de la edición América. Es licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad de Buenos Aires y máster en Periodismo por la Universidad Autónoma de Barcelona.

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