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Pulso contra el Gobierno mexicano por el proyecto estrella de las telecomunicaciones

La subsecretaria Mónica Aspe defiende la limpieza de la adjudicación de la nueva red 4G frente a los ataques de la empresa eliminada

Jan Martínez Ahrens
La subsecretaria de Comunicaciones de México, Mónica Aspe.
La subsecretaria de Comunicaciones de México, Mónica Aspe.Saúl Ruiz

La batalla de las telecomunicaciones ya ha comenzado en México. El proyecto estrella del sector, Red Compartida, diseñado para abrir el mercado a la competencia y mejorar los precios, es el escenario del primer gran encontronazo. La eliminación de uno de los contendientes durante el concurso de adjudicación ha derivado en una ola de acusaciones de corrupción contra el Gobierno y el recurso a las instancias judiciales. Un pulso detrás del que laten enormes intereses: la nueva red supone el principio del fin de la aplastante preeminencia de grandes operadores como el magnate Carlos Slim.

El objetivo del concurso es el despliegue de una red nacional mayorista de 4G. En marzo de 2018 debe cubrir al 30% de la población y en cinco años al 85%. El proyecto fue adjudicado en noviembre pasado a Altan, un grupo de empresas mexicanas y extranjeras liderado por el español Eugenio Galdón, fundador de ONO. El otro competidor, el Consorcio Rivada, quedó fuera por no presentar a tiempo la denominada garantía de seriedad (1.000 millones de pesos). Su eliminación abrió la caja de los truenos.

Rivada no sólo ha recurrido a los tribunales sino que ha llegado a acusar a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) de haber adjudicado directamente el proyecto a Altan. El consorcio, aunque admite que no presentó a tiempo el aval financiero, considera que eso no afecta a la “validez y solvencia de la propuesta” y asegura (sin ofrecer datos) que su cobertura es mayor que la presentada por su competidor y con más inversión.

El Gobierno rechaza de plano las imputaciones. “El concurso se efectuó siguiendo las mejores prácticas internacionales. Transparencia Mexicana actuó como testigo social y Bank of America Merryll Linch fue el asesor financiero”, afirma la subsecretaria de Comunicaciones, Mónica Aspe. Su departamento recuerda que la eliminación de Rivada se debió a un error “claro y flagrante” al no presentar el aval requerido en la fecha de la apertura de las ofertas técnicas (20 de octubre). “Si la garantía hubiese tenido algún problema quizá se podría haber solventado, pero nada se puede hacer si no está. Es así de claro”, señala Aspe.

"Rivada se equivocó, presentó tarde el aval y eso es una causa de descalificación. Tampoco ha manejado bien el asunto y se ha equivocado acusando al Gobierno de corrupción. Dicho esto, se merece un juicio justo", afirma la especialista Irene Levy, presidenta de Observatel.

Un punto clave del concurso es que trata de blindar la futura red de la influencia de los prestadores de servicio de telecomunicaciones, de forma que sea netamente mayorista. Con este objetivo, el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) revisó la composición de los dos consorcios rivales. En el caso de Rivada alertó de la fuerte presencia accionarial de EchoStar, una compañía estadounidense que opera satélites de comunicación y que tiene participación en la televisión satelital Dish, que ha trabajado con Slim. El IFT sostuvo que debía rebajarse el peso de EchoStar en el consorcio y limitar su poder de decisión. “Eso se hizo  dos días antes de la presentación de ofertas y pudo afectar a la garantía”, indica Levy.

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El proyecto ganador ofrece una cobertura del 92,2% de la población al séptimo año (la actual es del 50%). La inversión estimada para ese periodo ronda los 4.000 millones de dólares, y puede llegar a 8.000 millones en 20 años. Algunos expertos han alertado de que la cobertura ofrecida es insuficiente y que no se ha resuelto qué va a pasar con el 7,8% de la población sin red. El Gobierno lo veo de otro modo.

“En un lustro, la cobertura poblacional de la Red Compartida alcanzá al doble de mexicanos que el promedio de las redes 4G actuales, es decir, a 40 millones más que ahora”, señala la Secretaría de Comunicaciones. Junto a este dato, los expertos oficiales destacan que el precio por megabyte podría ser hasta un 50% menor al que ofrece ahora la red mayorista, en manos de grandes operadores privados como Carlos Slim. Un cambio profundo de las reglas de juego.

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Sobre la firma

Jan Martínez Ahrens
Director de EL PAÍS-América. Fue director adjunto en Madrid y corresponsal jefe en EE UU y México. En 2017, el Club de Prensa Internacional le dio el premio al mejor corresponsal. Participó en Wikileaks, Los papeles de Guantánamo y Chinaleaks. Ldo. en Filosofía, máster en Periodismo y PDD por el IESE, fue alumno de García Márquez en FNPI.
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