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Bruselas eleva la presión a Polonia pero sin aplicar medidas drásticas

Los comisarios europeos planean nuevos avisos tras los últimos incidentes en Varsovia

Protesta el domingo en Varsovia organizada por el Comité Polaco para la Defensa de la Democracia.
Protesta el domingo en Varsovia organizada por el Comité Polaco para la Defensa de la Democracia. EFE

Polonia vulnera cada vez más normas democráticas sin que la UE sepa cómo afrontarlo. Dos meses después de que venciera el ultimátum que le dio Bruselas, Varsovia ha ahondado su deriva autoritaria, al restringir el acceso de periodistas al Parlamento y aprobar casi en secreto los presupuestos de 2017 como últimos hitos. La Comisión Europea dará el miércoles otro toque de atención al país, pero no le retirará sus derechos de voto en la UE, como prevé el procedimiento.

Bruselas mide al milímetro cada paso que da con Polonia, la gran potencia del Este. Por una parte, sabe que se juega su credibilidad si no es capaz de penalizar las violaciones del Estado de derecho, uno de los principales pilares de la UE. Por otra, los dirigentes comunitarios admiten que el Gobierno polaco ha utilizado el procedimiento que le lanzó la Comisión el pasado enero para fortalecerse, esgrimiendo su soberanía nacional y aprobando medidas aún más desafiantes para los socios comunitarios.

Tras los disturbios del fin de semana, el presidente de la Comisión, Jean-Claude Juncker, ha pedido que el caso polaco se trate mañana en la reunión semanal del colegio de comisarios. Juncker está “muy preocupado” por lo que observa en Varsovia y su número dos, Frans Timmermans —encargado de negociar con el Gobierno polaco—, muy irritado con la deriva de los acontecimientos, según las fuentes consultadas. Con ese clima, la Comisión hará nuevas llamadas de atención, algo que ha hecho en el pasado sin resultado. Pero se inclina por no activar —al menos de momento— el artículo 7 del tratado europeo, que contempla despojar a un país de sus derechos de voto cuando incumple los principios comunitarios. Ese es el máximo castigo previsto en la UE y nunca se ha aplicado.

Bruselas abrió en enero un procedimiento para reconvenir —y en su caso sancionar— a Polonia por los incumplimientos. El detonante fue la reforma del Tribunal Constitucional, que reducía los mandatos del presidente y el vicepresidente y endurecía la posibilidad de que este órgano rechazara normas del Gobierno. Ayer expiró el mandato del hasta ahora presidente, uno de los símbolos de la resistencia al Ejecutivo polaco, sin que Varsovia haya atendido ninguna de las advertencias europeas (ni de la Comisión ni del Consejo de Europa, organismo que supervisa el cumplimiento de los derechos humanos).

La crisis política se agravó la semana pasada, cuando el Gobierno de Ley y Justicia (PiS) anunció una medida para limitar la entrada de los periodistas al Parlamento. La iniciativa, otro paso del Ejecutivo nacionalista para controlar aún más la información divulgada por los medios, provocó la movilización de la oposición y de miles de personas que se concentraron ante las puertas del Parlamento. El viernes, cuando los partidos opositores ocupaban la tribuna del hemiciclo como medida de protesta, el presidente de la Cámara ordenó la votación de los presupuestos públicos para 2017 en una habitación contigua, con la única presencia del partido del Gobierno.

Un episodio hasta ahora inédito, que revela la deriva autoritaria del Gobierno nacionalista y euroescéptico del PiS, presidido por Beata Szydlo pero dirigido políticamente por Jaroslaw Kaczynski —el líder del partido—, que desde su llegada al poder hace un año ha emprendido una serie de reformas para recortar los derechos civiles, controlar a los medios, purgarlos de periodistas críticos, ampliar la vigilancia de la Red o bloquear el Tribunal Constitucional.

Manifestaciones

Desde el viernes, Polonia vive una de las crisis políticas más graves desde la caída del comunismo, en 1989. Mientras los diputados de la oposición cumplieron ayer su cuarto día ocupando el Parlamento, las manifestaciones se suceden en Varsovia y otras ciudades polacas.

Sin embargo, pese a las protestas —estas no son las primeras— y los continuos toques de atención desde Bruselas, el PiS sigue gozando de gran popularidad entre los ciudadanos. Los últimos sondeos le dan un 36% de apoyo, más del doble que al principal partido de la oposición Plataforma Cívica. Y es que, el Gobierno, con un discurso cada vez más nacionalista y populista, ha impulsado una serie de medidas que le han reportado enormes réditos entre muchos de sus ciudadanos. Entre ellas la reducción de la edad de jubilación o una ayuda por cada hijo, iniciativas que cuidan, además, a su electorado y potenciales votantes: las personas mayores y las familias tradicionales —formadas por un matrimonio entre un hombre y una mujer y con cuantos más hijos, mejor—, según el PiS, el verdadero estandarte de Polonia.