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Un grupo de condenados pide perdón por delitos cometidos durante la dictadura chilena

Para los familiares de las víctimas, las disculpas públicas son solo una puesta en escena

Vista de la prisión militar de Punta Peuco, cerca de Santiago de Chile.
Vista de la prisión militar de Punta Peuco, cerca de Santiago de Chile. AFP

En pleno debate en Chile sobre si corresponde que los procesados por delitos de lesa humanidad tengan derecho a libertad condicional y otros beneficios carcelarios, un grupo de condenados por violador los derechos humanos recluidos en el penal de Punta Peuco (44 kilómetros al noreste de Santiago) realizará este viernes un gesto inédito en democracia y pedirá perdón por los delitos cometidos por la dictadura militar de Augusto Pinochet (1973-1990). Para los familiares de las víctimas, sin embargo, estas disculpas públicas son solo una puesta en escena.

Manuel Guerrero, cuyo padre fue degollado en 1985, cuando él tenía apenas 14 años, dice haber logrado perdonar a lo largo de su vida. Al Partido Comunista de Chile, en el que militaba su progenitor; a su familia y hasta a su propio padre, por correr riesgos que alguna vez consideró innecesarios. “Ello me ha permitido ir más libre, liviano. Ha sido una elaboración larga, un ejercicio de apuesta por el amor”, señaló el hoy académico chileno en una carta difundida a través de las redes sociales. “¿Y a los asesinos?”, se preguntaba. “Ah, con ellos justicia. Ni nada más. Ni nada menos”.

La actividad del viernes en el penal de Punta Peuco, especialmente construido en 1995 para albergar a los violadores de los derechos humanos durante la dictadura, consistirá en un acto ecuménico al interior de la cárcel. No se permitirá el ingreso de los medios de comunicación y la ceremonia será presenciada por el obispo excapellán anglicano de La Moneda, Alfred Cooper, y por el sacerdote jesuita Fernando Montes, uno de los principales promotores de que este tipo de presos puedan tener beneficios carcelarios.

Hasta ahora resulta una incógnita la cantidad de presos que pedirá disculpas, pero se trataría de un grupo de unos seis internos de los 140 que residen en el penal ubicado en el extrarradio de la capital chilena. Según ha trascendido, se tratará, sobre todo, de subalternos, aunque entre los que participarían en la actividad estaría Raúl Iturriaga Neumann, exsubdirector de la policía secreta de Pinochet (DINA), que cumple condenas por diversas violaciones a los derechos humanos que lo tendrían en la cárcel hasta 2037. Quien fuera fiscal militar de la dictadura, Fernando Torres Silva, sería otro de los participantes. Cuando los tribunales de Justicia no operaban en Chile, la Fiscalía liderada por Torres se encargaba de condenar a los detractores del régimen con métodos implacables. Desde agosto de 2015 cumple una condena de 10 años y un día por la muerte del químico Eugenio Berríos.

El debate sobre si corresponde que quienes han violado los derechos humanos obtengan beneficios y eventuales indultos, sobre todo a los ancianos y enfermos, se abrió en Chile hace algunos meses. Según el jesuita Montes, una figura valorada en los sectores progresistas, “una sociedad que castiga las penas graves no puede perder civilidad”. El sacerdote defiende la postura de que los derechos humanos deben respetarse para todas las personas, aunque se trate de criminales que hayan actuado sin ninguna piedad. “En lo posible, debe haber dos cosas: arrepentimiento y que den toda la información que se tiene. Me consta que hay gente que lamenta haber hecho lo que hizo, que está dolida y arrepentida. Algunos reos me han pedido que yo mismo transmita a la familia su profundo arrepentimiento”, indicó recientemente Montes, que será uno de los testigos de la ceremonia de este viernes.

La postura del jesuita es similar a la del presidente de la Corte Suprema, Hugo Dolmestch, que se ha mostrado a favor de entregar ciertos beneficios carcelarios a los violadores de los derechos humanos, aunque hayan cometido delitos que no prescriben ni pueden recibir la amnistía, de acuerdo con la justicia internacional. “Sé y comprendo también que esto ha de significar un dolor para las personas que aún sufren por la pérdida de sus seres queridos, pero la sociedad no puede vivir estancada solo en los dolores y es bueno y sano avanzar positivamente buscando la reconciliación”, indicó hace pocos meses.

La viuda de Pinochet declaró por el ‘caso CEMA’

La viuda del dictador Augusto Pinochet, Lucía Hiriart, de 94 años, declaró la semana pasada ante la Justicia durante dos horas en el marco del caso CEMA. Lo hizo en calidad de inculpada por los delitos de malversación de caudales públicos y apropiación indebida.

Era la primera vez que la mujer entregaba su testimonio por la investigación del patrimonio de CEMA, la fundación que lideró desde el golpe de Estado de 1973 hasta agosto pasado y que recibió gratuitamente unas 236 propiedades públicas durante la dictadura militar (1973-1990). Según las revelaciones publicadas por la prensa chilena, que provocaron que se abriera la causa en los tribunales, el organismo ha vendido unos 137 de esos inmuebles.